Es la noticia triste del día por las consecuencias de prácticas aberrantes como compartir en móviles vídeos sexuales privados y acosar en el trabajo a la protagonista de las imágenes. Es lo que le ha ocurrido a Verónica, una empleada de la empresa Iveco, quien llevaba días aguantando la presión hasta que se ha quitado la vida.
La trabajadora vio cómo su vídeo, grabado como fruto de una anterior relación, circulaba entre trabajadores de su empresa, que no tenían reparos en ir a visitarla a su puesto para conocerla en persona. El detonante del suicidio fue que su actual pareja y marido recibió finalmente el material privado y ella no pudo aguantar la situación.
Al parecer, Verónica comunicó al comité de empresa lo sucedido y le habría ofrecido alguna solución, pero según otras fuentes ninguna fue satisfactoria y ella se habría sentido indefensa ante el acoso, que era imparable. Los sindicatos ahora amenazan con denunciar a Iveco a la inspección de trabajo por si han sido legalmente responsables de este trágico desenlace.
La mujer, de 32 años, aparecía en este vídeo en actividades sexuales y el vídeo acabó circulando tiempo después en grupos de WhatsApp donde participaban trabajadores de Iveco, en concreto en su fábrica de camiones de San Fernando de Henares, donde trabajan 2.500 empleados. El impacto fue viral y cientos de personas, tanto hombres como mujeres, querían verla en persona, agravando la situación.
La útima versión apunta a que las relaciones sexuales que aparecen en el vídeo las habría mantenido con un hombre que fue trabajador también de Iveco, y que tienen mucho tiempo, 5 años. Se desconoce si ahora circulaba como una especie de venganza o simple cotilleo, aunque tampoco se descarta que se compartiese por error desde el teléfono donde estaba grabado.
El comité de empresa difundió una nota donde lamenta lo sucedido y declara estar en "shock" y sentir "pena" e "indignación" por los hechos, apuntando al "uso irresponsable de las redes sociales", pero sin apuntar a responsables. Iveco asegura que conoció lo sucedido el pasado jueves 23 de mayo y que ofreció a la trabajadora activar un protocolo, pero no denunció acoso ni puso en marcha medidas internas, según los trabajadores y sindicatos. Iveco sí dice que ofreció soluciones como un traslado o una baja temporal, pero que ella no aceptó.
La Policía Nacional está investigando los hechos y se recuerda que el Código Penal castiga con una pena de prisión de 3 meses a un año de prisión o una multa de 6 a 12 meses "el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla, que hubiera obtenido con su anuencia,... cuando la divulgación menoscabe gravemente su intimidad personal".
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