La importancia que el Gobierno concedía a esta comparecencia parlamentaria para explicar las razones por las que se ha concedido el segundo grado al etarra no arrepentido Iñaki de Juana Chaos ya venía determinada por el simple hecho de que la misma iba a ser retransmitida en directo pro la televisión del PSOE, a través de su página web. De hecho, numerosos diputados no adscritos a la Comisión de Interior del Congreso, e incluso algunos senadores, como Juan Barranco, se personaron este martes en la Sala Internacional –donde habitualmente se reúne la Diputación Permanente- para apoyar con su presencia al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Una semana llevaba el ministro recabando papeles sobre la política penitenciaria llevada a cabo por los Gobiernos de Aznar, lo que anticipaba el ‘mazazo’ que, durante exactamente 68 minutos, el ministro del Interior ha descargado sobre el Grupo Popular. Rubalcaba ha hecho lo que podría definirse como un relato pormenorizado de cómo Aznar y su Gobierno –en el que se incluía el portavoz popular, Eduardo Zaplana- cedió al ‘chantaje’ de ETA, sobre todo con el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Y no ahorró ni un solo dato, ni un solo comentario ni un solo adjetivo calificativo para expresar sin matices el ‘horror’ de la política penitenciaria de José María Aznar y de sus respectivos ministros del Interior, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes respectivamente.
En realidad, toda la intervención del ministro giró estructurada sobre un eje que llevaba a un inequívoco final, que, obviamente, es con el que Rubalcaba finalizó su larguísima intervención: “Ustedes mintieron para no irse del poder [marzo de 2004 con el 11-M] y siguen mintiendo para recuperarlo”. Ello adobado con todos los adjetivos calificativos de los que el ministro ha dado sobradas muestras de dominar en su plenitud: desde mentirosos hasta manipuladores, desde sectarios hasta irresponsables, desde demagogos hasta actuar por fines electorales, y la acusación final: que practicaron una política penitenciaria caótica que ellos, los socialistas, tuvieron que arreglar cuando llegaron al poder en 2004.
Leña al PP hasta que rectifique
Las tres cuartas partes de la intervención inicial del ministro –sin tiempo predeterminado, como sí ocurre con los portavoces parlamentarios- se dedicaron no a analizar, sino a triturar –textualmente- la política penitenciaria de Aznar. No es que Rubalcaba ofreciera datos no conocidos, pero puestos uno detrás de otro con la contundencia verbal de la que es capaz el ministro, el efecto es demoledor. En el periodo 1996-2004, los Gobiernos del PP acercaron a 195 presos de ETA, 85 ‘progresaron al tercer grado’, 292 fueron excarcelados y 21 quedaron en libertad por enfermedades, algunas tan ‘graves’ como –fina ironía la de Rubalcaba- hernia inguinal o desviación del tabique nasal.
Y algunos casos concretos y ‘sangrantes’ de esa política beneficiaria a asesinos etarras durante el periodo de aznar: Juan Ramón Artola, condenado a más de 300m años y que salió en 2002 con menos de 20 años en la cárcel y con ‘redenciones extraordinarias’ concedidas por actividades tan curiosas como “hacer ganchillo”. O la ya conocida excarcelación del criminal sanguinario Iñaki Bilbao –a quien hace poco le veíamos en la Audiencia Nacional dando patadas como una bestia contra el recinto blindado donde se hallaba para ser juzgado-, que fue trasladado por su “modélico comportamiento”, que luego fue excarcelado y que después asesinó a otra personal. “Este acercamiento sí que no lo puedo aprobar”, diría el ministro.
En definitiva, eran las muestras en las que Rubalcaba quería incidir para, una vez puesta en marcha la política del ventilador, que la porquería llegara también al PP en materia penitenciaria. Y, efectivamente, de las explicaciones del ministro se deduce que, como mínimo, hubo “caos” en ese aspecto durante la Administración de Aznar y que, de igual manera, pudo haber cesión al chantaje terrorista cuando entre febrero de 1996 y julio de 1997, tiempo en el que estuvo cautivo por la banda el funcionario de prisiones Juan Antonio Ortega Lara, el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ‘acercó’ a cárceles vascas o próximas a 43 presos. “¿Mala memoria de Mayor Oreja? No lo sé”, diría, cínicamente, el actual ministro.
La tesis quedó clara, según las explicaciones por orden cronológico que Rubalcaba fue ofreciendo a lo largo de su intervención: el problema estaba en los beneficios penitenciarios extraordinarios que, de acuerdo con políticas coyunturales, los gobiernos pueden aplicar a los presos en general, y en particular a los etarras. Habida cuenta de que hasta 1989 los estarras más ‘duros’ no pedían la aplicación de estos beneficios, el Gobierno socialista de Felipe González comenzó a concederlos a partir de 1993 en aquellos casos en que fuera posible la rehabilitación.
La política parecía correcta, a juicio del actual ministro, pero en 19995 se detectó que el núcleo duro’ etarra cambió de estrategia y comenzó a exigir ese ‘derecho’, observándose que etarras muy sanguinarios se acogían a tales beneficios incluso por “cursos de marquetería, en los que tallaban el hacha y la serpiente” –el anagrama de ETA-.
Pero en 1996 llegó el PP al poder, y, dado que se habían observado esas ‘distorsiones’, en vez de cambiar de política con un simple ‘arregló’ en la Instrucción Penitenciaria de 1993, la misma siguió vigente, dando lugar en el periodo 1996-2004 a un “caos consentido” en política penitenciaria que habrían tenido que arreglar los socialistas de Rodríguez Zapatero cuando llegaron al poder. “Entre 1996 y 2004 no se hizo nada. Nosotros lo cambiamos para evitar el caos, pero no dijimos nada del caos con el que nos encontramos”, diría bonachonamente el actual ministro del Interior.
En toda esta fase de la exposición ministerial, no faltaron frases de gran crudeza arrojadas a la cara del PP: “¿Llevarán flores a todos los sitios donde se cometieron los asesinatos?” por parte de los excarcelados por Aznar. “¿No se avergüenzan por lo que están haciendo ahora después de hacer lo que hicieron antes?”.
El caso De Juana, propiamente dicho
Rubalcaba apenas dedicó una cuarta parte de su intervención para hablar de lo que de verdad le había llevado al Parlamento: explicar por qué se ha beneficiado de esta forma al etarra no arrepentido Iñaki de Juana Chaos. Tampoco en este punto reveló nada nuevo el ministro, insistiendo en que “es cierto que De Juana está planteando un desafío: "libre o muerto”, pero añadiendo que con la medida adoptada “hemos neutralizado el chantaje en los términos en los que estaba planteado: nosotros no lo hemos dejado ni libre ni muerto”.
Eso sí, Rubalcaba negó tajantemente que el caso De Juana se hubiera pactado con ETA o con la izquierda abertzale: “Quien busque cualquier relación con el proceso de paz se equivoca”, porque han adoptado esa decisión “después de que ETA rompiera la tregua”. Aunque es verdad que el ministro reconoció que hubieran tomado igual esa decisión incluso antes de la ruptura.
Y nuevas acusaciones, acaso recordando por el éxito de la manifestación del pasado sábado en Madrid: “Ustedes están siendo injustos con el Gobierno y desleales con el Estado”.
En ese punto, Rubalcaba dijo que la decisión se había tomado en base a tres ‘exigencias básicas’: cumplir la ley y mantener el Estado de Derecho (respeto ‘escrupuloso’ al artículo 100.2 de Régimen Penitenciario); no interrupción del cumplimiento de la sentencia fijada por el Tribunal Supremo, y cumplimiento de la obligación de salvar vidas, “lo que incluye también evitar la muerte de los que matan".
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