En sendos escritos, los servicios jurídicos del Estado han solicitado a la Sala del Artículo 61 del Tribunal Supremo que se completen las medidas de ejecución para culminar el proceso de disolución de PCTV y ANV.
Anteriormente, el pasado día 10 de diciembre, la Abogacía del Estado había formulado ante el Tribunal Constitucional la correspondiente oposición a la suspensión de las sentencias de ilegalización del Tribunal Supremo que solicitó ANV ante el mencionado tribunal.
La cancelación de la inscripción de ambos partidos en el Registro de partidos políticos del Ministerio del Interior ya se realizó el pasado 23 de septiembre.
Además, todos los bienes y derechos de estos partidos, incluidos los derechos de crédito por subvenciones, ya estaban embargados por la Sala del Tribunal Supremo y por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Ahora se pide que los mismos se liquiden, y que para tal fin se nombren liquidadores funcionarios públicos de la Agencia Tributaria, y que se pongan a disposición del Tribunal Supremo para poder destinar su importe neto a la finalidad prevista en la Ley de Partidos Políticos.
Disolución del grupo parlamentario del PCTV
La Abogacía del Estado ha solicitado también que se disuelva el Grupo Parlamentario del PCTV en el Parlamento Vasco (sin perjuicio de tener en cuenta que dicha Cámara se va a disolver próximamente al convocarse elecciones autonómicas), todos los Grupos Municipales de ANV en los distintos Municipios del País Vasco y Navarra y los Grupos de ANV en las Diputaciones Forales.
Según esta parte, el Supremo debe ordenar a la Cámara vasca "que se adopten las medidas necesarias para hacer efectiva tal disolución y que cesen de forma inmediata los pagos que, en su caso, se vengan realizando a dicho grupo".
Así consta en el escrito de 14 páginas presentado hoy en el Supremo por los servicios jurídicos del Estado instando la ejecución de la sentencia, en el que también se solicita la apertura del proceso de liquidación patrimonial del PCTV-EHAK. Para cumplir esta petición, el Supremo deberá nombrar tres liquidadores "para que la lleven a cabo hasta dar al patrimonio resultante de la liquidación" el destino social o humanitario establecido en la Ley de Partidos Políticos.
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