Según
un auto de 152 páginas hecho público este martes, el juez acuerda elevar a la Sala cualquier actividad procesal que afecte a la causa y las peticiones que puedan realizar las partes en el futuro y comunica al ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo, la existencia del grupo de expertos y policial que creó con objeto de investigar el paradero de los enterramientos.
Pretende, de esta forma, "evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos" y lograr la "formación de un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal".
La decisión del magistrado supone el cierre de la investigación por parte de la Audiencia Nacional después de que se declarara competente para investigar las desapariciones y muertes sucedidas durante el citado periodo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encajaba, según el magistrado, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad.
El juez incluye en la parte dispositiva de su auto un listado de aquellos Juzgados en cuyas provincias se encuentran las fosas comunes y que deberán ahora asumir la causa. Garzón enviará a estos Juzgados testimonio de esta resolución y de la causa en formato DVD o en papel.
Estas dependencias judiciales pertenecen a las provincias de La Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. Además, remite la causa a los Juzgados de Instrucción Decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.
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Diez nuevos responsables
Entre los 45 altos mandos que menciona en su auto el juez incluye al propio general Francisco Franco Bahamonde y otros 34 jefes militares que participaron en la sublevación militar, entre los que se encuentran los miembros de la Junta de Defensa Nacional que asumió el poder en los primeros meses de la Guerra Civil, los integrantes de la Junta Técnica del Estado Español que actuó entre el 3 de octubre de 1936 y el 30 de enero de 1938 y los miembros de los cinco primeros gobiernos de Franco, que se extendieron hasta el 18 de julio de 1951.
Además, ha incorporado a otros 10 miembros de la Falange, militares y altos cargos del régimen que también se encuentran fallecidos. Se trata de Manuel Hedilla Larrea, Tomás Domínguez Arévalo, Darío Gazapo Váldez, Tomás Dolz del Espejo, Joaquín Miranda, Luis Arellano Dihinx, Ernesto Jiménez Caballero, Pedro González Bueno, Fernando González Vélez y Ladislao López Bassa.
Según fuentes jurídicas, la decisión se Garzón supone la paralización del incidente de competencia planteado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al Pleno de la Sala de lo Penal. Después de permanecer unas semanas de baja, el magistrado debía ahora argumentar por escrito su decisión de aceptar la competencia sobre estos crímenes. No obstante, una vez que la Sala reciba comunicación de esta disposición, estas fuentes apuntaron que el incidente abierto se declarará extinto.
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