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OPINION/Víctor Gijón

Los desaparecidos del franquismo

Los desaparecidos del franquismo

De las casi 115.000 personas desaparecidas, presumiblemente asesinadas y enterradas clandestinamente, entre el levantamiento militar faccioso del 18 de julio de 1936 y diciembre de 1951, doce años después del final de la guerra incivil, 850 encontraron la muerte en Cantabria.
Con casi entera seguridad fueran más, pero estos son los casos por ahora documentados y que el juez Baltasar Garzón recoge en su auto para ser investigados, al objeto de determinar el lugar donde se encuentran los restos y, si procede, la determinación de posibles responsabilidades.

Me sumo a la esperanza de esas 850 familias que hoy están más cerca de lograr algo que durante los 40 años de Dictadura y los 30 de Constitución Democrática se les ha negado: saber qué fue de sus seres queridos. El por qué hace tiempo que quedó claro.

Si algo une a los desaparecidos por el franquismo, más allá de posiciones políticas, adscripciones sindicales o compromisos personales, fue su adhesión a la legalidad democrática, representada por la República. En la incivil guerra declarada por un puñado de generales felones con el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica, que todavía sigue sin pedir perdón por haber dado coartada y cobertura a la barbarie, y de las grandes fortunas del país, hubo muertos de ambos lados.

Están los que cayeron en los frentes, pero también los que murieron en la retaguardia, tanto en la zona nacional como en la llamada roja. Hay, sin embargo, algunas diferencias notables que son las que el juez Garzón pretende poner de relieve. De un lado, que entre los asesinados en la zona nacional no hay desaparecidos. El régimen franquista se encargó de que tuvieran pleno reconocimiento. Pero, además, los asesinatos de los partidarios del levantamiento militar, que los hubo, cesaron, como es lógico, en 1939, al concluir la contienda armada. Y es, precisamente, en esa fecha, llegada la 'paz', cuando se inicia en la zona ‘liberada’ el asesinato sistemático de republicanos, la mayoría al margen de toda legalidad.

Garzón incluye en el auto datos de más de cien mil, pero fuentes solventes triplican ese número. Los desaparecidos del franquismo son una mancha negra en el proceso democrático. Sólo por el empeño de unos pocos familiares se ha podido llegar a incluir en la agenda político-judicial un asunto que ha hecho correr ríos de tinta cuando se trataba de Argentina o Chile, pero que aquí era un secreto a voces, vergonzantemente acallado por los que opinan que no hay que remover el pasado.

La ley de la Memoria histórica, impulsada por presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado nuevo bríos a los que creen que el pasado, incluso en sus pasajes más obscuros, ilumina el presente. Sin afán vindicativo, pero sin olvidar a quienes tuvieron el valor y la dignidad de defender la democracia y por ello fueron asesinados.
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