Gabriela Cuevas, jefa delegacional en Miguel Hidalgo con licencia, señaló que Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino, está enojado porque no permitió ninguno de sus abusos e ilegalidades.
"El Gobierno de Marcelo Ebrard está desesperado por entregar la delegación Miguel Hidalgo a los intereses inmobiliarios que representa. No le importa la calidad de vida de los vecinos", sostiene en un comunicado donde responde a los señalamientos que hicieron esta mañana autoridades capitalinas que aseguraron que por la controversia constitucional que interpuso contra el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) se obstaculizó inversiones por 15 mil millones de pesos.
Indicó que ante la cerrazón de la administración de Marcelo Ebrard acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para imponer la controversia constitucional, y así proteger a la demarcación.
En respuesta, la candidata del PAN a una diputación federal argumentó que durante el 2006, cuando el jefe delegacional era Fernando Aboitiz -ahora funcionario capitalino-, se construyeron 0.9 millones de metros cuadrados de construcción "en un contexto de quejas vecinales".
Mientras que, agregó, en el 2008 "en un contexto de pleno respeto al estado de derecho", se construyeron 4.9 millones de metros cuadrados y disminuyeron las inconformidades.
"En un año económicamente adverso, se construyó cinco veces más en 2008 que 2006 gracias a una administración honesta en Miguel Hidalgo", defendió Gabriela Cuevas.
En el documento acusó al jefe de Gobierno capitalino de falsear el PDDU, que aprobó la Asamblea Legislativa del DF, para poder construir la Torre Bicentenario.
Este hecho, afirmó, se mantiene impune y ningún funcionario del GDF ha sido sancionado.
Sólo con el recurso legal promovido, la administración local publicó una fe de erratas. Pero se mantiene una segunda controversia constitucional.
No obstante, la propia Gabriela Cuevas reconoció que los efectos jurídicos de dicha suspensión provisional afectaron lo mismo que a inmobiliarios como a personas que requerían trámites como un certificado de zonificación de uso de suelo.
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