Algún colectivo de abogados destacados y conocidos por sus ideas demócratas desde siempre ha comentado a este periódico que estudia interponer acciones contra la policía y contra algún juzgado por imponer lo que llaman ‘penas infamantes’ a los detenidos. Se entiende como tal el hecho de permitir que estos detenidos, como acaba de ocurrir con los presuntos responsables de la ‘operación Espada’, en Palma (sobreprecio en el velódromo Palma Arena), aparezcan ante los medios de comunicación al ir a testificar. Las imágenes de
Miguel Romero y
Rafael Durán, por ejemplo, lo mismo que la del ex campeón olímpico
José Luis Ballester, fueron tomadas ayer con los citados implicados esposados, andando difícilmente y expuestos a las cámaras de los fotógrafos. Una cosa es ejemplarizar el castigo y otra, agravarlo más allá de lo que dicta el Código Penal. Ningún Código Penal contempla esta ’pena infamante’, lesiva para el detenido --¿y si resulta que después es inocente?—y para su familia. Y lo peor es que esta mala costumbre se repite demasiado, aunque en el caso balear resulta que el delegado del Gobierno había ordenado lo contrario de lo que hizo la policía. La cosa puede, como decimos, tener su polémica jurídica y quién sabe si otras consecuencias.
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