El estado de crispación que está generando la demora del Tribunal para decidir por dónde va a proseguir su camino está desatando una auténtica guerra subterránea, en la que tanto los partidarios de Camps como sus detractores políticos se cruzan acusaciones de presionar sobre los jueces, filtrar informaciones “absurdas” y tratar, en definitiva, de influir sobre el proceso. Desde determinados medios –básicamente afines a Prisa—se afirma que los jueces que verán el caso son “conservadores”, sugiriendo así un posible trato benévolo a favor de Camps, pudiéndose llegar –y así lo consideran probable algunas fuentes—a archivar el caso. En las últimas horas, se han producido algunas nuevas filtraciones que podrían generar la sensación de que la corrupción está generalizada en la Administración valenciana; pero lo cierto es que tales filtraciones apenas hablan de regalos de relativamente escasa cuantía a altos funcionarios en época de Navidad, y nada sugiere que haya habido contraprestaciones a cambio ni que esos funcionarios tuvieran relación con los actos que Orange Market organizaba en instancias valencianas.
Así, algunas filtraciones, que el Partido Popular describe como ‘interesadas’ y ‘malintencionadas’, se han ido diluyendo, incluída la que hablaba de regalo de bolsos a la alcaldesa ‘popular’ valenciana, Rita Barberá (lea nuestro im-presentable sobre el caso). Lo mismo ocurre con las informaciones que hablan de que el sesgo de los magistrados que entienden del asunto es conservador y, en algún caso, existe una relación de amistad con el propio Camps.
Una intervención de Trillo
En el otro lado, se habla también de presiones de sectores del PP sobre los magistrados y, en concreto, se señala el nombre del ex ministro y ex presidente del Congreso, Federico Trillo, quien, de acuerdo con lo que van diseminando algunas fuentes, llamaría ‘cada día’ a estos magistrados, algo que desde círculos cercanos a Trillo –ha resultado imposible contactar con él, que permanece últimamente y contra su costumbre alejado de los periodistas—se desmiente.
Llegamos así a lo que pueda ocurrir este lunes –si es que finalmente ocurre algo—en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que se enfrenta a varios casos, los Camps, Ricardo Costa, y otros dos altos funcionarios, de lo que el Código Penal califica como cohecho impropio, también conocido como imperfecto. Se trata de una figura penal extraña, en la que no se presupone que el funcionario haya cedido contraprestaciones a quien le regala algo y que tampoco fija la cuantía mínima para que este regalo empiece a tener relevancia penal. Y, así, se puede dar el caso de que funcionarios de la Generalitat que recibieron obsequios navideños por valor de cien o doscientos euros procedentes de Orange Market –de otras empresas no se habla, porque no están en el sumario—tengan que comparecer ante el juez como presuntamente incursos en este peculiar delito. Como ya han tenido que someterse a la ‘pena infamante’ de ver sus nombres en los periódicos, relacionándolos con el pringoso ‘caso Gürtel’, gracias a más o menos oportunas filtraciones a medios periodísticos.
Hipótesis de dimisión
Camps, que alguna vez se sintió tentado de tirar la toalla, ha aguando en el cargo y afrontará la decisión de hoy con dos posibilidades en la mano: si el caso se archiva, lógicamente todo seguirá igual. Si sigue su curso, podría presentar la dimisión, en la casi seguridad de que sería finalmente absuelto y podría volver a presentarse a las elecciones de 2011, ganándolas, a la vista de la endeblez de la oposición valenciana. En este sendo supuesto, se barajan varios nombres como sustitutos interinos de Camps, como el del conseller Juan Cotino o el también miembro del Gobierno autonómico Gerardo Camps, mientras pierde fuerza el del vicepresidente Vocente Rambla, a quien algunos culpan de la mala estrategia de comunicación llevada en este caso, hasta el punto de que la televisión oficial valenciana ha informado poco, tarde y mal sobre el asunto.
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