Con la que está cayendo en términos generales -política, economía, asuntos sociales…- el Gobierno sigue apresado por el caso de la activista saharaui Aminnatou Haidar, cuyo estado físico empeora por momentos. Según las explicaciones dadas por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno no descarta una alimentación forzosa de Haidar si se llega al punto límite. "Trabajamos para que la señora Haidar preserve su salud y que abandone la decisión que ha adoptado" y "esperemos no tener que llegar a una situación límite". Ahora bien, si el proceso de deterioro puede llegar a alcanzar un punto irreversible "vamos a trabajar para preservar su salud y su vida ante todo".
Respecto a este conflictivo caso con Marruecos, De la Vega "no hemos renunciado ni vamos a renunciar a ese objetivo", el que Haidar vuelva a su casa Haidar. "Ése es el primer objetivo", reiteró, y para conseguirlo "trabajamos con los instrumentos en los que este Gobierno cree: el diálogo, el diálogo y el diálogo, incluso cuando se discrepa".
La culpa la tiene... la policía
Pero, además, la vicepresidenta primera ha tirado 'balones fuera' sobre las responsabilidades gubernamentales en la autorización del paso de frontera a Haidar, una vez que fue expulsada de Marruecos. Es la principal acusación que le dirigen al Gobierno desde Izquierda Unida hasta el PP. Ahora, el Ejecutivo se descuelga asegurando que fue "la policía de fronteras" la que autorizó el pasado 14 de noviembre la entrada de la activista saharaui y se hizo porque ésta "tiene un permiso de residencia legal" en España.
Pocas horas antes, en una rueda de prensa en Bruselas, Zapatero, en lo que parece una acción concertada del Gobierno para eludir responsabilidades, llegó a afirmar que "no hay ninguna autoridad política" que en el momento de la llegada de Haidar tuviera que decidir si se le permitía entrar en España porque para eso ya hay unas "autoridades administrativas que tienen encomendada esa misión". El presidente del Ejecutivo insistía una y otra vez en que la entrada de Haidar se produjo dentro de la legalidad, algo que la abogada de la activista saharaui ha rechazado tajantemente basándose en la ley de Extranjería que expone dos requisitos que no cumplía este caso: la voluntad de entrar en el país y la posesión del pasaporte.
Ahora bien, reconoció la vicepresidenta que en relación a la situación del pueblo saharaui "hay un conflicto estancado desde hace muchos años" y que la posición del Gobierno de Rodríguez Zapatero es apostar "por el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui dentro del marco de las Naciones Unidas". De hecho, recordó la vicepresidenta que el 80 % de la ayuda anual e internacional que llega a los campamentos de Tinduf, en Argelia, "proviene de España".
Sin embargo, el Gobierno es contrario a que el Rey Juan Carlos I entre en este contencioso con Marruecos. Ya lo había señalado poco antes el propio Zapatero, que había dicho desde Bruselas que las gestiones sobre Haidar son del Gobierno y no del Rey. De la Vega añadió al respecto que "el rey está permanentemente informado y sigue los acontecimientos", y reveló que esta misma mañana Zapatero le ha trasladado las últimas novedades sobre la situación. En este sentido, De la Vega pidió actuar "con prudencia y responsabilidad, mucho más cuando se trata de la figura del jefe del Estado".
Igualmente, De la Vega ha descartado 'errores' al permitir su acceso a España cuando fue expulsada por Marruecos: Haidar tiene permiso de residencia legal en España por razones humanitarias y, por tanto, "entró como residente legal". Pero lo que la vicepresidenta obvió es que la entrada la realizó sin su correspondiente pasaporte, que le había sido retirado por las autoridades marroquíes.
Respuesta a los obispos por el aborto
En referencia a la posición adoptada por la Conferencia Episcopal Española respecto al acuerdo alcanzado el jueves sobre el aborto, la vicepresidenta alegó que "la palabra la tienen los representantes de la soberanía, la tiene el Parlamento", con lo que descalificó la petición eclesiástica de que sea considerado delito.
"Me alegro que haya habido un acuerdo entre los parlamentarios, porque han sabido consensuar un buen texto legislativo, preservando y mejorando los principios que el Gobierno se marcó con esta ley", dijo, por fin.
Sobre las consultas independentistas convocadas para este domingo, 13 de diciembre, en más de 160 municipios catalanes, De la Vega las descalificó señalando que "no tienen ninguna validez" y separándolas de la actual polémica con el Estatut.
Finalmente, De la Vega informó que "no hemos tomado ninguna decisión" sobre el número de efectivos que el Gobierno está dispuesto a enviar a Afganistán, cumpliendo las órdenes recibidas por el presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama.
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