Toxo pide un gran pacto político-social descartando el abaratamiento del despido

Para el secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, esta Conferencia se celebra “en una coyuntura económica que puede llamar a engaño: de una parte, empiezan a aparecer síntomas de recuperación en algunos de los países centrales de Europa (también en otras áreas del mundo); de otra, todas las previsiones apuntan a que se va a seguir destruyendo empleo”. Una situación, por tanto, catastrófica para España.

En esa situación, el líder de Comisiones ha considerado que las principales preocupaciones se deben centrar en atender a las personas que más crudamente están sufriendo los efectos de la crisis “para estimular la actividad económica y para cambiar nuestro patrón de crecimiento”. En este sentido, ha pedido la articulación de políticas eficaces que formen parte de una estrategia global con la adopción de medidas que tengan efecto en el corto, en el medio y en el largo plazo.

Entre las medidas que ha reclamado Fernández Toxo destacan, en primer lugar, las relativas a acabar con el riesgo de exclusión social: mejoras en la Renta Activa de Inserción, coordinar con las Comunidades Autónomas medidas para mejorar los subsidios que dispensan, conseguir una mayor integración de las políticas activas de empleo, reorientar y fortalecer, dotándoles de medios, la actuación de los Servicios Públicos de Empleo o la reforma de la Legislación Concursal.

Para estimular la actividad económica, Fernández Toxo ha propuesto nuevos programas de inversión pública en la dotación de infraestructuras físicas y tecnológicas; apostar por una política pública de vivienda con medidas encaminadas al uso del alquiler; Plan de rehabilitación urbana y de vivienda residencial; desarrollar la aplicación de Ley de dependencia, y, en general, garantizar un diseño global con un mayor nivel de concreción y de imbricación entre unas iniciativas y otras, para que, en su conjunto, deparen los efectos perseguidos.

Respecto al sistema financiero, Fernández Toxo consideró “indispensable” revisar su funcionamiento más allá de lo contemplado en el FROB. Ha dicho que la diferencia en los vencimientos entre la deuda de las instituciones financieras españolas con inversores extranjeros (más de 200.000 millones de euros en el plazo de dos años) y la que mantienen con ellos los agentes económicos españoles (plazo medio superior a los veinte años), el sobreendeudamiento de familias y empresas españolas y los fallidos provocados por la crisis (en una proporción y cuantía elevada corresponde a promotoras inmobiliarias), “complican bastante la generación de nuevo crédito”.

En ese sentido, ha insistido en que la garantía de crédito de las pequeñas y medianas empresas “es un elemento muy importante para mejorar el funcionamiento de la economía española” y que el ICO es un organismo demasiado pequeño “para poner en práctica un número tan elevado de expedientes con un criterio adecuado de eficiencia”.

En esas condiciones ha pedido que gobiernos y Banco de España fijen objetivos concretos de recapitalización de entidades; condicionen las ayudas públicas al sector a que las entidades hagan el máximo esfuerzo en reforzar sus reservas; promuevan la creación de sistemas de cooperación o integración estables entre las cajas de ahorros y cooperativas de crédito; defiendan la naturaleza jurídica de las cajas y se aborde una nueva Ley de Cajas, apuesten por reforzar el papel del ICO y sus relaciones con el sistema crediticio mediante el incremento de líneas de crédito y favoreciendo que éstas tengan efectividad real.

En lo que respeta a las políticas impositivas, ha señalado que es de la opinión de que España necesita una profunda reforma fiscal pero que ello requiere tiempo y consenso, por lo que opta por abordar ahora medidas fiscales más puntuales para una mayor suficiencia financiera.

Por lo que respecta al terreno laboral, Fernández Toxo se ha negado a una reforma asociada al abaratamiento del coste del despido, aunque sí admite cambios para reducir la dualidad y segmentación entre trabajadores con contrato temporal e indefinido, entre jóvenes y adultos, entre hombres y mujeres, entre trabajadores inmigrantes y autóctonos.

Entre las medidas propuestas se encuentran la modificación de la regulación y contenido de los expedientes de reducción temporal de jornada, que podría articularse a través de un Acuerdo Interconfederal, entre las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas.