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Cronología de la trama corrupta de Madrid (V)

La Justicia toma cartas en el asunto: el affaire se judicializa

La Justicia toma cartas en el asunto: el affaire se judicializa

martes 03 de febrero de 2009, 17:57h
El hecho de que su ‘número dos’, el todopoderoso vicepresidente madrileño Ignacio González, hubiera sido espiado por la ‘parapolicía’ de Francisco Granados, debió anonadar a la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre. ¿Habría sido espiada ella misma? ¿Cuántos dossieres podrían estar ya en manos de los medios de comunicación? Aguirre no lo dudó: un día después de que El País destapara el escándalo, la ‘lideresa’ pidió a los servicios jurídicos del Gobierno regional que presentaran una denuncia al juzgado de guardia para investigar los supuestos seguimientos a políticos. El caso entraba en la vía judicial.
Ya el 20 de enero, el diario El Mundo entraba en la ‘guerra de Madrid’, pero como un contrapoder informativo respecto al diario El País. A un observador imparcial podría parecerle que mientras el diario de Prisa apuntaba en sus informaciones a la cabeza de Esperanza Aguirre, beneficiando al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el diario de Pedro J. Ramírez hacía el juego justamente contrario. Pero es que, por lo que podía observarse a simple vista, la trama de corrupción en Madrid daba para mucho y tocaba a todos.

    Aguirre actuó, pues, de forma rápida en un intento de que el ciclón pasara cuanto antes y con el menor daño posible. No consiguió frenarlo, pero apremió a los servicios jurídicos del Gobierno regional para que presentaran una denuncia al juzgado de guardia para investigar los supuestos seguimientos. La denuncia "no va dirigida contra nadie", según Aguirre, para quien lo fundamental era esclarecer "si es cierto que alguien está haciendo seguimientos, grabaciones o espionajes nada menos que al vicepresidente de la Comunidad".

Al mismo tiempo, Aguirre –que como hemos visto en capítulos anteriores sabía de los dossieres que existían contra Ignacio González, ya que se lo había comunicado el propio Mariano Rajoy seis meses antes-, salió inmediatamente al paso para negar cualquier implicación de ella misma o de su Gobierno en el affaire: dijo que el Ejecutivo autonómico "es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje" e indicó que si se están elaborando dosieres "se está delinquiendo". Sin embargo, también se negó de forma sospechosa a iniciar una investigación interna: "Sobre esto no vamos a ponernos a investigar porque no somos investigadores. Tiene que hacerlo la Policía por orden de los jueces y la Fiscalía".

    En esa misma línea, El Mundo resaltaba el 20 de enero las primeras declaraciones del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, hacia quien apuntaban todas las miradas por este caso y quien negaba cualquier relación con el mismo. En sintonía con la ‘lideresa’, Granados, en el ojo del huracán calificó el hecho de "absolutamente delictivo" y pidió la actuación de "la Fiscalía, la Policía o el Juzgado de Guardia".

Excusatio non petita…


Desde el mismo momento que estalla el caso, Granados se esforzó por pregonar su inocencia: “Ayer se pone de manifiesto la posibilidad de que exista una red de espionaje montada por la Comunidad de Madrid, al parecer por un servidor, algo que no tiene ningún sentido y que además es fácil de demostrar”, declaró el consejero en Telemadrid, añadiendo que “¡vaya espías serían los que además aparecen haciendo declaraciones en un medio de comunicación [se refería a Marcos Peña] o aparecen en pruebas gráficas prestando contravigilancia de escolta!”.

Pero el escándalo era de tal magnitud que alcanzaba también, lógicamente, a la dirección nacional del PP. Así, Mariano Rajoy se despachó en un principio con un “nos han dicho [Aguirre y Granados], en público y privado, que ellos no se dedican a ninguna suerte de actividades de ese tipo” y, por tanto, es oportuno investigar “lo que se publica en cualquier parte”, dijo Rajoy el 19 de enero en un encuentro digital con varios medios, entre los que se encontraba Diariocrítico. “Si ellos lo desmienten, nosotros nos tenemos que fiar de nuestra gente y de lo que nos dicen”.

    Ese mismo día, de una forma un tanto apresurada, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, señaló por su parte que la Fiscalía investigará un supuesto espionaje si recibe una denuncia al respecto, aunque hasta ese momento no veía indicios de delito: “De los datos que se expresan en el periódico de hoy [por El País del 19 de enero] no hay indicios suficientes como para entender que hay una actividad delictiva”. Aunque añadió Moix, en respuesta al órdago justiciero de Aguirre: “Si la presidenta de la Comunidad nos presenta una denuncia nosotros vamos a abrir unas diligencias de investigación, obviamente, como hacemos con todas las denuncias, porque es nuestro deber dar un trámite a todas las denuncias e investigarlas”.

Rajoy, obligado a investigar… y la justicia también

El 23 de enero, después de cuatro días de machaque continuo en la prensa, Rajoy se ve obligado a rectificar: el ventilador mediático podía alcanzar a la dirección nacional. Así, Rajoy ordenó a María Dolores de Cospedal que abriera una investigación interna. De Cospedal habló primero con Ignacio González y con Aguirre, que negaron cualquier conocimiento de la trama, y el 26 de enero con el presunto implicado Francisco Granados, que hizo lo propio.

    Paralelamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, acordó abrir diligencias para esclarecer la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid al considerar que “los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. La diligencias previas fueron incoadas en relación con la denuncia que, por orden de Aguirre, el 20 de enero había interpuesto el secretario general del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria Bolívar, por los seguimientos a los que -según el diario 'El País'- fue sometido el vicepresidente regional, Ignacio González, entre otros, en un viaje a Colombia, donde fue grabado con cámara oculta.

    El auto del juez señalaba que de las informaciones publicadas en El País se derivaba la posibilidad de que esos seguimientos -supuestamente realizados por agentes a sueldo de la consejería dirigida por Francisco Granados- se hubieran podido repetir en otros altos cargos. Por esa razón, según el auto de Sierra, concurría un interés general en la averiguación y el esclarecimiento de los hechos, así como de sus responsables.

    A esas alturas, también el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, cambió su posición inicial y acordó investigar los hechos. Además, en la causa acumuló la denuncia presentada por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, presuntamente otra víctima de la controvertida trama de espionaje. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, llegaría a afirmar ese 26 de enero: “La Fiscalía hace lo que tiene que hacer”.

Tres aparatos paralelos de vigilancia



Ante ese cúmulo de acontecimientos –y también, evidentemente, ante el aumento de ventas- el diario El País había priorizado en su redacción la investigación sobre la trama supuestamente corrupta en Madrid, y cada día se destapaba con una nueva píldora. Así, el 28 de enero diseccionó la Consejería de Interior, la de Francisco Granados, revelando que poseía tres aparatos paralelos de vigilancia que recelaban entre sí y añadiendo que la estructura obedecía a la desconfianza entre el consejero Granados y el vicepresidente González.

    El País reveló que el departamento de Seguridad de la Consejería de Interior tenía tres cabezas: un director general, Enrique Barón (ex jefe superior de Policía de Madrid); un director del área de Seguridad, Sergio Gamón (ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre y ex director general de Seguridad), y un asesor de Seguridad, Marcos Peña (ex jefe de Seguridad de Iberdrola y fabricante de dossiers, uno de ellos para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con información falsa, según una sentencia judicial de enero de 2008).

    Pese a este organigrama, decía el periódico, “no hay ninguna dependencia jerárquica entre Barón, Gamón y Peña. Los dos últimos no responden ante el que debería ser su jefe natural, Enrique Barón. Esta insólita estructura en un departamento cuestionado por prácticas de espionaje a políticos (existen partes de seguimiento entre marzo y mayo de 2008 al vicealcalde, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, en los cuales los agentes señalan su dependencia de la Dirección General de Seguridad) obedece a la desconfianza instalada entre los distintos consejeros del Gobierno regional”.



El más antiguo de los tres jefes de la seguridad autonómica es Sergio Gamón, fichado el 12 de mayo de 2006 como director general. Gamón era un viejo conocido de Esperanza Aguirre, con quien había trabajado en su etapa de ministra y presidenta del Senado. Cuando llegó a la Consejería de Interior, su titular, Alfredo Prada, tenía su propio hombre de confianza, Juan Carlos Fernández, que descendió un escalón en la consejería y se puso a las órdenes de Gamón.
   
    Con el paso del tiempo, decía El País, “la desconfianza se instaló entre ambos, hasta el punto de que un día después de que Aguirre destituyera de su puesto de consejero a Alfredo Prada (26 de junio de 2008), Gamón acudió con sus hombres al despacho de Fernández y, según ha denunciado éste a la Fiscalía, le requisaron documentos y se llevaron su ordenador personal”.

    Así, durante todo el mandato de Gamón (mayo de 2006 a julio de 2008), según indican los colaboradores de Prada (consejero de Interior hasta junio del año 2007) y de Granados (consejero de Interior desde entonces hasta hoy), el director general no despachaba ni daba cuenta de sus actividades ante ellos, sino ante el vicepresidente regional, Ignacio González o ante el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, hombre de González.

    El País añadía que cuando Granados llegó a la consejería intentó montar su propio equipo, aunque no pudo echar a Gamón. Primero fichó a tres guardias civiles de Valdemoro como asesores de seguridad (septiembre de 2007) y nueve meses después contrató al ex policía Marcos Peña como jefe de estos tres. Por fin, Granados destituyó el 17 de julio de 2008 a Gamón cuando se hizo público el episodio del robo de documentos y de un ordenador en un despacho de la Consejería de Justicia: “Había perdido la confianza en el principal jefe de Seguridad, pero no pudo deshacerse de él. Ese mismo día, cambió la estructura de su consejería para crear una dirección de Área de Seguridad. Una semana después nombró a Enrique Barón como sustituto de Gamón y, el mismo día de ese nombramiento creó otro cargo para poner a Gamón al frente de la dirección del área de Seguridad recién creada. Barón asegura que ni Gamón ni Peña dependen de él”.

    Y remataba el periódico de Prisa: de los tres jefes, sólo uno de ellos, Sergio Gamón, estaba en la Consejería de Interior durante los meses en que, según ha quedado acreditado por distintos documentos, se hicieron seguimientos a políticos y, al menos, a un directivo de la Comunidad de Madrid al que se le acabaron requisando documentos y un ordenador personal cuando estaba ausente de su despacho.

Dossieres sobre patrimonios personales


Ese mismo día, la Cadena SER daba un nuevo dato: el espionaje alcanzó también al 'número dos' de Ignacio González en el Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, sobre el que existía un dossier que profundizaba en su patrimonio. Según la emisora de Prisa, los autores del informe se identificaban como miembros de un centro de investigación y el documento constaba de 32 páginas que se centraban tanto en la supuesta fortuna del hombre de confianza de González como en detalles de su vida privada: entre ellos los domicilios que los presuntos espías creían que había ocupado (dos pisos y un chalé de grandes dimensiones) e, incluso, las propiedades que estaban a nombre de su esposa.

    Los espías también habrían averiguado que una empresa de De Miguel contrataba directamente con la Comunidad de Madrid, Administración en la que trabajaba como gerente del Canal de Isabel II. La empresa de De Miguel, Secuencia Pixels, lograría presuntamente un contrato de casi dos millones de euros con la Consejería de Justicia en 2007. Al frente de esta empresa aparece un hermano de su mujer.

Pinche en las imágenes para ver los vídeos de Rajoy y Sergio Gamón sobre los espías:

Rajoy dice no haber visto "ningún dossier"                         El 'espía' Gamón: "Trabajé tanto con
                                                                                                 Aguirre como con De la Vega"


 
 









MAÑANA: Cronología de la trama corrupta de Madrid (y V)

Las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid que investigaron los espías


VEA Cronología de la trama corrupta de Madrid (I)
VEA Cronología de la trama corrupta de Madrid (II)
VEA Cronología de la trama corrupta de Madrid (III)
VEA Cronología de la trama corrupta de Madrid (IV)
VEA Cronología de la trama corrupta de Madrid (V)
  • La Justicia toma cartas en el asunto: el affaire se judicializa

QUIÉN ES QUIÉN EN LA TRAMA DE MADRID

>> Especial: Cronología íntegra de la trama de Madrid

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