El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible reducirá, a partir de 2013 los plazos de pago de las administraciones públicas a pymes y autónomos de 60 a 30 días como máximo desde la expedición de los certificados de obra, y obligará a todas las sociedades cotizadas a realizar un informe sobre las remuneraciones de los consejos de administración y los equipos directivos, que deberá someterse a votación como un punto separado en las juntas de accionistas.
El plazo de los pagos a proveedores en el sector privado también se limitará a un máximo de 60 días, al tiempo que se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.
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Sueldos de los directivos
El anteproyecto contempla una modificación de la Ley del Mercado de Valores que obligará a las sociedades cotizadas a poner a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones y a votarlo en la Junta General, así como el detalle de las retribuciones individuales de cada uno de los consejeros, al tiempo que el Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración "coherentes" con una gestión del riesgo prudente y eficaz.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, que presentó al término del Consejo de Ministros el citado texto, indicó que las políticas de retribución de las entidades financieras deberá ser "parte de una gestión prudente" para evitar que medidas centradas en el corto plazo "pongan en riesgo" la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.
En materia de regulación de la comercialización de los planes y fondos de pensiones, las entidades comercializadoras deberán proporcionar al Ministerio de Economía y Hacienda la información que se les solicite y se refuerzan los sistemas de inspección y sanción de los supervisores financieros.
Organismos reguladores
Además de estos cambios, el anteproyecto incorpora mejoras en los organismos reguladores, con la finalidad de dotarlos de mayor independencia y transparencia. Así, se reduce el número de miembros de los consejos al presidente y cuatro consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de renovación y que deberán coordinarse con la Comisión Nacional de Competencia.
Para garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, se creará un grupo especial de evaluación del gasto que analizará, tanto los programas de gasto como la estructura y procedimiento de los diversos ministerios y organismos públicos, y realizará recomendaciones para incrementar su eficiencia. Asimismo, se presentará un plan de austeridad y calidad del gasto y un plan de racionalización del sector público empresarial y de la estructura de la Administración Pública.
En materia de contratación pública y colaboración público-privada, los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor. Además, los modificados no podrán superar el 20% del precio inicial y se aumenta el porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los contratistas, que pasa del 30% al 50%, con el fin de fomentar la participación de las pymes en la contratación pública.
Creación de empresas
La Ley de Economía Sostenible también contempla medidas en aras de la simplificación administrativa. Así, se reducen los plazos para la creación de empresas: se reforma la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada estableciendo un plazo máximo de cinco días cuando el capital social se sitúe entre 3.100 y 30.000 euros, con un coste máximo de 250 euros, y de un día de plazo cuando el capital se sitúe entre los 3.000 y 3.100 euros, con un coste máximo de 100 euros. Para la constitución de todas estas empresas se suprime el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
El anteproyecto incorpora, asimismo, medidas fiscales de impulso a la I+D+i, a la rehabilitación de viviendas, al alquiler y a la mejora medioambiental. En concreto, se eleva un 50% el porcentaje de deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de innovación, pasando del 8% al 12%. Además, se incrementa el límite máximo de la deducción, que pasa a ser el 60% de la cuota íntegra minorada (frente al 50% actual) en los casos en los que la inversión en I+D+i sea significativa (de importe superior al 10% de la cuota íntegra del ejercicio).
En el Impuesto sobre Sociedades, también se mantiene la deducción medioambiental, que estaba previsto que desapareciera en 2011, y se incrementa, pasando del 4% al 8%, al tiempo que se incluirán las inversiones que eviten la contaminación acústica.
También se modifica la deducción por adquisición de vivienda habitual (se limita a las rentas inferiores a 24.107 euros anuales) a partir del 1 de enero de 2011, y se equipara fiscalmente el alquiler con la compra de vivienda, al establecer este mismo límite para aplicarse la deducción por alquiler.
En cuanto a los incentivos a la rehabilitación, se ampliarán los casos en los que se puede aplicar un IVA reducido para las obras de rehabilitación de viviendas y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para las obras relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida que se realicen en las viviendas antes del 31 de diciembre de 2012.
La nueva ley introduce también mayor progresividad en la tributación de las retribuciones plurianuales, al establecer un límite absoluto de 600.000 euros para aplicarse la reducción del 40% de la que se benefician los rendimientos con periodo de generación superior a dos años, y en el IRPF, se establece la exención del cheque-transporte, hasta un máximo anual de 1.500 euros.
Telecomunicaciones
En materia de telecomunicaciones, se permitirá el uso de las bandas de frecuencia de 900 megahertzios para la prestación de servicios de tercera generación, se reducirá la tasa general de operadores de telecomunicaciones, estableciéndose para 2010 el 1 por 1.000 de la cifra de ingresos brutos de explotación. Además, a partir de 2011 se incluirá la banda ancha a una velocidad mínima de 1 mega por segundo como parte integrante del servicio universal.
La Ley incorpora, igualmente, medidas para garantizar la sostenibilidad medioambiental. En este contexto, se fija el objetivo de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20% de energías renovables sobre el total de consumo de energía bruta para el año 2020.
Para lograrlo, se creará un 'sello' que certifique la reducción de emisiones, que conferirá un valor adicional a las tecnologías de baja intensidad del carbono, al tiempo que se creará un fondo público para la compra de créditos de carbono. Además, las reducciones certificadas de emisiones y las unidades de reducción de emisiones adquiridas por el fondo se constituirán en activos del Estado y podrán enajenarse.
La ley crea también la Mesa de Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de cooperación de todos los agentes vinculados a la movilidad. Sus principales funciones serán coordinar las actuaciones de las distintas administraciones públicas, evaluar las acciones puestas en marcha e informar sobre los proyectos normativos que afecten a la movilidad.
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