El Gobierno aprueba la modificación de la ley de financiación autonómica

El nuevo sistema parte del reconocimiento de los cambios demográficos de la última década en España y plantea un mecanismo de actualización anual que permite un sistema más flexible y eficaz que el anterior, con el fin de adecuarse a las necesidades reales de gasto de las CC.AA. Para ello, el modelo tiene en cuenta los aumentos de población registrados desde 1999, año que se tomó como base del actual sistema, y se regirá por criterios de población ajustada, que reflejan mejor las diferencias en el coste de la prestación de los servicios en las distintas comunidades autónomas. Con este fin se han revisado los criterios de ajuste de la población, otorgando, por primera vez, un mejor reconocimiento a factores como la edad en la atención sanitaria (se definen siete grupos de edad), el envejecimiento o la población en edad escolar (de 0 a 16 años), y dando una mayor ponderación a factores no poblacionales como la dispersión, la insularidad y la superficie.

    Por otro lado, el nuevo sistema dota de mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal a las CC.AA., ya que contarán con una mayor  capacidad normativa y un mayor porcentaje de impuestos cedidos: el 50% del IRPF y el IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. Así, en el sistema actual el 70% de todos los recursos de las CC.AA. provienen de los impuestos cedidos parcial o totalmente por el Estado; con el nuevo modelo, este porcentaje pasaría a ser de aproximadamente el 90%.

Además, el Estado aportará en torno a 11.000 millones de euros adicionales. 

Un modelo más equitativo y solidario

El nuevo modelo de financiación tiene dos objetivos fundamentales: que todas  las comunidades autónomas puedan contar con más recursos y que todos los ciudadanos tengan garantizada la igualdad en los servicios públicos fundamentales –sanidad, educación y servicios sociales- sea cual sea la comunidad autónoma en la que residan. Así, este sistema resulta más justo y equitativo que el anterior y beneficia a todas las comunidades autónomas, porque todas van a ver mejorada su financiación, y a todos los ciudadanos, porque tendrán mejores servicios públicos.

    Para atender a estos objetivos, el sistema tendrá un Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que asegurará igual financiación por habitante en todas las CC.AA. para la prestación de los servicios  sanitarios, educativos y sociales. Este fondo supone el 80% de los recursos del sistema y se financia con el 75% de los tributos cedidos a las CC.AA. y un 5% de recursos provenientes del Estado.
   
    Se ha establecido, además, un Fondo de Suficiencia Global, que financiará el resto de competencias transferidas, bien sean servicios no fundamentales o competencias no homogéneas. Este fondo asegurará el mantenimiento del statu quo y se nutrirá con el 25% de los recursos tributarios del sistema que genere cada CC.AA. más recursos adicionales que aporta el Estado.

Por otro lado, para favorecer la convergencia entre CC.AA. así como el desarrollo en las CC.AA. con menor renta per cápita, el nuevo modelo contará con dos Fondos de Convergencia autonómica:

• Un Fondo de Cooperación, para fomentar la convergencia en los niveles de vida de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia. Los recursos de este fondo se distribuirán entre las CC.AA. de menor renta per cápita y aquellas que registren una dinámica poblacional especialmente negativa, de manera que cuenten con los instrumentos para alcanzar mayores
niveles de desarrollo.

• Un Fondo de Competitividad, para reducir las diferencias de financiación per cápita. La dotación anual del fondo se calcularía en función de sus objetivos de convergencia en financiación per cápita y tendría como límite máximo la suma de las dotaciones del Fondo de Cooperación y del Fondo de Compensación
Interterritorial.

Así, el nuevo modelo asegura la financiación adecuada de todos los servicios públicos y las competencias transferidas, reduce las diferencias en financiación  y renta per cápita y refuerza el Estado del Bienestar en todas las comunidades, gracias a la mayor aportación de recursos por parte del Estado.