De momento, y tal y como reveló
Diariocrítico la semana pasada, la APM ha conseguido restaurar la 'unidad de acción' con todas las asociaciones judiciales, aunque aún no ha conseguido que dieran su visto bueno a la huelga de jueces cuya convocatoria mantiene la APM para el próximo 8 de octubre. Ahora, con el fin de 'calentar' el ambiente para que esta huelga triunfe, el Comité Ejecutivo Nacional de la asociación conservadora ha pedido a sus asociados que calienten la línea crítica del CGPJ, de modo que se convoquen Juntas de jueces y magistrados en todo el territorio de la comunidad de Madrid para el próximo 1 de octubre, con la finalidad de que en dichas Juntas de jueces se adopten los acuerdos de apoyo a la huelga.
Con la finalidad de potenciar las medidas que se están adoptando, la APM ha acordado este miércoles solicitar a todos los Decanos que pertenezcan a esta asociación a que convoquen dichas Juntas de jueces con esa finalidad, y en aquellos partidos judiciales en que el Decano no pertenezca la APM, que "
los compañeros de la APM soliciten las convocatoria de Juntas, y una vez que hayan sido convocadas se comunique o se haga saber en el foro de discusión del CGPJ, dicha petición se extiende a todos los compañeros de los órganos colegiados a fin de que se celebren juntas de magistrados con este mismo objetivo".
En su argumentación, afirma la APM que el plan estratégico que se ha aprobado por el Gobierno "
no colma las expectativas que las negociaciones que se venían realizando habían creado en la Carrera Judicial en general y en los miembros de la APM en particular". Ante esta situación,
"la APM se ha visto en la necesidad de mantener la convocatoria de huelga para el día 8 de octubre de 2009, tal como se acordó en la Comisión Permanente celebrada el día 12 de junio de 2009".
Un Plan de Modernización "inadmisible
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En un documento de 12 folios al que ha tenido acceso Diariocrítico, la APM califica de
"inadmisible" el Plan de Modernización anunciado por el ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, y aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del viernes 18 de septiembre, razón por la que dice mantener la huelga del 8 de octubre. Este documento será la guía por la que se desarrollen las Juntas de jueces que ya se están convocando.
En su informe, la asociación conservadora de jueces afirma que el Plan "
puede parecer en principio positivo, pero no es sino un fogonazo adecuado para eliminar instantáneamente las sombras que amenazan la coyuntura política, pero absolutamente incapaz de alumbrar la desesperación ciudadana y judicial que llevó al actual proceso reivindicativo".
La APM desmenuza en ese informe el Plan de Caamano, que tiene una vigencia de tres años y prevé la inversión de 600 millones de euros, la creación de 600 nuevas unidades judiciales y la instauración de los llamados "
jueces de adscripción territorial", magistrados profesionales que asumirán las necesidades de sustitución y suplencia. Pero según la APM, ese plan no puede calificarse como "
de choque", porque lo que propone "
supone un incremento anual de dos o tres jueces para cada provincia y su capital, siendo todos conscientes de que ese aumento no modificará en nada la situación de absoluto descalabro en la Administración de Justicia".
En su análisis del plan gubernamental, la APM afirma que de las 250 plazas que se convocarán cada año "
cincuenta irán orientadas a cubrir la previsión de fallecimientos, jubilaciones y excedencias", por lo que en realidad el refuerzo anual de la planta judicial será de doscientos magistrados. Y añade que la propuesta de creación de doscientas nuevas "
unidades judiciales" (es decir, Juzgados) "esconde que cincuenta de ellas son para los llamados jueces de adscripción territorial", que mejorarán la calidad de la Justicia respecto de los 50 jueces no profesionales que no serán llamados a cubrir sustituciones, "
pero en modo alguno aumentan el volumen de salida de asuntos".
Como resultado, dice el informe, "las 150 unidades judiciales anuales en que se incrementará verdaderamente la planta judicial son incluso inferiores a las creadas en el año 2009 -160- e iguales a las que ya se crearon en el año 2008". Pero, además, a la APM tampoco le satisfacen los doscientos millones de euros anuales comprometidos por el Gobierno, dado que esa cantidad "desprecia la situación de emergencia nacional en la que la Administración de Justicia se encuentra".
Con ese análisis, la APM concluye que "los jueces y magistrados continuarán -en lo esencial- igualmente desbordados al término de los tres años que contempla el Plan", por lo que eleva un llamamiento al resto de asociaciones judiciales "a que manifiesten si la propuesta ministerial ha satisfecho sus aspiraciones o se sumen en su defecto a la exteriorización pública de la denuncia": que se unan a la convocatoria de una huelga de jueces el próximo 8 de octubre.
Pueden ver el documento íntegro pinchando
aquí.
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