El pasado martes, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió devolver a la Brigada de Blanqueo de Capitales el 'Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del PPCV', al considerar que no guarda relación con la causa valenciana del 'caso Gürtel', ya sobreseída; que fue presentado 'motu propio' por la Policía, ya que nadie lo pidió; y que no puede considerarse una denuncia, según consta en un auto facilitado por el TSJCV a los medios de comunicación.
De esta manera, la sala estimó los recursos de súplica interpuestos por el presidente de la Generalitat valenciana,
Francisco Camps, por el ex vicepresidente y ex conseller,
Víctor Campos, y por el portavoz del PP en Les Corts y secretario general del PPCV,
Ricardo Costa, contra el auto del 10 de septiembre, en el que el tribunal resolvía devolver el informe original a la Brigada de Capitales, pero decidía guardarse una copia de las actuaciones. El tribunal valenciano no encontró "
relación alguna con los hechos delimitados por esta misma sala, al asumir la competencia para investigar la trama valenciana del ´caso Gürtel´", sin embargo, el informe se ha hecho público y revela datos escalofriantes.
Un informe desestimado
El informe filtrado a Prisa destapa que la red corrupta de
Francisco Correa y
Álvaro Pérez 'el Bigotes' financió al PP de Valencia durante años con una doble contabilidad -una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra 'en negro'- y una trama de facturas falsas hechas que eran canalizadas por el propio número dos de
Francisco Camps, su vicepresidente,
Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad,
Ricardo Costa; el vicesecretario,
David Serra, y la tesorera del partido,
Yolanda García Santos.
Según el informe policial destapado por Prisa, de los actos que el Partido Popular valenciano encargaba a la trama de Correa el PP sólo pagaba una pequeña parte y el resto era abonado por una red de empresas afines al gobierno de Francisco Camps que recibían, en contraprestación, contratos públicos de esa administración.
Según la policía, en el PP valenciano se confeccionaron facturas con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez, 'el bigotes'. El vicesecretario general del PPCV, "
David Serra, participaba eliminando determinados conceptos, preparando talones y fijando con 'el bigotes' las cifras totales de abono".
La tesorera del partido popular de Valencia, Yolanda García, era quien libraba los fondos por indicación de Ricardo Costa "con conocimiento de estar emitiendo facturas por conceptos ficticios".
El PP valenciano estaría financiándose durante años con dinero negro de la trama Gürtel aunque el dinero aportado por los empresarios no llegó a entrar nunca en ninguna cuenta corriente del partido liderado por
Rajoy. Sin embargo, los libros de contabilidad incautados reflejan los movimientos de dos cajas (nombradas Alicante y Barcelona) en las que se apuntaban las cantidades cobradas por trabajos realizados para el PP de Valencia. Un doble sistema de facturación con el que la propia dirección del partido valenciano dirigía el dinero negro.
Importantes empresarios citados
El informe policial revela también que los pagos en B a las empresas de Correa se sufragaban con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana" e incluso cita a
Enrique Gimeno, presidente de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa),
Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos);
Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF;
Vicente Cotino, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa y sobrino de uno de los vicepresidentes del Consell,
Juan Cotino; o
Luis Batalla, del grupo LUBASA.
De este modo, la policía explica que una factura de un acto realizado para el Partido Popular se transforma en otra emitida para empresas privadas como "
Ortiz e Hijos (...) o Facsa y cambios en la descripción del concepto de servicio prestado", enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado.