Los 'casos Garzón' -son tres las causas que tiene abiertas y por muy distintos motivos- amenazan con volar al órgano de gobierno de los jueces, según ha sabido
Diariocrítico de fuentes de absoluta solvencia. En esa 'voladura incontrolada' estarían empeñados, según algunas fuentes, la actual portavoz del Consejo General del Poder Judicial, la fiscal
Gabriela Bravo, la también fiscal
Almudena Lastra y el abogado
José Manuel Gómez Benítez. Se les conoce internamente como el 'tridente', y la voz cantante la lleva Gómez Benítez, el hombre que negoció con ETA por encargo de
Rubalcaba, el íntimo amigo y antiguo abogado de Garzón que está en todas las salsas en defensa del juez de la Audiencia Nacional.
La labor de zapa en el Consejo de este trío resulta tan evidente, que ha colocado a la totalidad del CGPJ al borde un volcán que puede entrar en erupción en cualquier momento. La última prueba de fuego fue la respuesta tenue -"forzada", dicen- de Bravo a los exabruptos del ex fiscal Anticorrupción,
Carlos Jiménez Villarejo, acusando de cómplices de los torturadores franquistas a numerosos magistrados del Tribunal Supremo.
"Si hubiera sido por Gabriela Bravo, el Consejo hubiera guardado silencio ante las declaraciones de Villarejo. Pero no se puede permitir que se insulte de esa manera a los magistrados", dicen a
Diariocrítico fuentes del Consejo. La decisión de responder con contundencia y apoyando a los magistrados del Supremo no vino de Bravo, naturalmente, sino de la Comisión Permanente a la que Bravo no pertenece, aunque sí Almudena Lastra, la tercera parte del 'tridente'. Pero mucho tuvo que ver en esa respuesta la posición del presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, un hombre que huye de la polémica pero que no puede permitir acusaciones tan graves como las realizadas por Villarejo.
Eso demuestra que Bravo quiere dominar ahora -empujada, al parecer, por
Gómez Benítez- la política informativa del Consejo, sobre todo en este momento en el que el 'caso Garzón' ha enfilado la recta final para el procesamiento, primero, y su inhabilitación como juez después. Sin embargo, ni Gómez Benítez ni mucho menos Bravo cuentan con los apoyos suficientes; es más, están en franca minoría en el Pleno, pero también la Comisión de Comunicación, que sigue con lupa los movimientos de la portavoz.
La labor de Bravo no gusta en la casi totalidad de los vocales del CGPJ: a los del 'tridente' porque creen que no es capaz de generar la fortaleza necesaria para llevar una comunicación acorde a sus fines; al resto, porque no la ven como una buena portavoz de los intereses generales, sino demasiado volcada en intereses grupales. Un tercer grupo -pequeño- la apoya en lo personal, pero analiza que, efectivamente, Bravo no consigue aplicar una política comunicativa acorde con los intereses generales del poder judicial.
En esta situación puede pasar cualquier cosa en el Consejo: desde una voladura total hasta -algo más creíble, o realista- un cambio en la portavocía. Algo puede influir la última metedura de pata en relación con el Tribunal Supremo: la convocatoria a corresponsales extranjeros -excluyendo, en principio, a los medios españoles- para que conocieran de primera mano los trámites de la Justicia con respecto a
Garzón. El enfado en la prensa nacional fue fenomenal, pero Gabriela Bravo estaba perfectamente informada de esa convocatoria... y la había aprobado.
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