La querella contra
Garzón - una de las tres causas que tiene el conocido magistrado en el Supremo - fue interpuesta por el sindicato derechista Manos Limpias, a la que se adhirieron la organización Libertad e Identidad y Falange Española, que acusan al juez de investigar unos crímenes a sabiendas de que no era competente para instruir el caso y conocer la prescripción de los delitos y el fallecimiento de víctimas y autores.
El fiscal argumenta ante el magistrado instructor del Supremo
Luciano Varela que la presencia únicamente de la acusación popular no es suficiente para abrir un juicio, al no existir una acusación particular y oponerse la fiscalía.
"Siendo constatable la ausencia de 'acusador particular' en las actuaciones y manteniendo el Ministerio Fiscal una postura contraria a la consideración de los hechos de las querellas como constitutivos del delito de 'prevaricación', el magistrado instructor debió acordar el sobreseimiento (...) que, reiteradamente, se le ha pedido o, en todo caso, y a partir de este momento, abstenerse de proceder a la apertura del juicio oral en el supuesto de que la misma le fuese solicitada por las acusaciones populares", dice el escrito.
¿Doctrina Botín o Atutxa?
Por ello pide que se aplique la llamada "doctrina Botín", por un caso contra el presidente del Santander en el que el Supremo determinó que no se podía abrir juicio oral si sólo lo pedía la acusación popular; y aunque reconoce que posteriormente el tribunal cambió de criterio en un caso contra el ex presidente del Parlamento vasco
Juan María Atutxa, afirma que esta decisión está pendiente de recurso de amparo.
Luciano Varela rechazó el miércoles el escrito de acusación de Falange Española de las Jons y de Manos Limpias por defecto de forma y les pidió que lo subsanara para poder formular la acusación en el proceso, que está cerca de sentar al magistrado en el banquillo.
Garzón acusó al general
Francisco Franco y a otros miembros de su Gobierno de la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posguerra, en un proceso en el que autorizó la exhumación de fosas comunes, aunque luego se inhibió ante los tribunales provinciales para que estos decidieran.
La condena por prevaricación de los funcionarios públicos es de entre siete y diez años de cárcel, y de ser declarado culpable, Garzón podría ser expulsado de la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente decidir si suspende o no al conocido magistrado.
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