Cospedal intenta suavizar sus roces con Arenas y matiza su postura sobre Yebra

La dirección del PP ha decido que la mejor estrategia para alejar el debate de sus propias filas es colocar la pelota en el tejado del Gobierno. Así, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, en la rueda de prensa que ofreció tras la reunión del Comité de Dirección que presidió Mariano Rajoy insistió que entre ella y Javier Arenas no hay ningún roce  ni contradicciones sobre la polémica del cementerio nuclear y su posible ubicación en Yebra. Ambos han discrepado públicamente sobre la decisión del alcalde de esta localidad castellano- manchega, el territorio del que es presidenta Cospedal- , de acoger en este municipio el cementerio de residuos nucleares.

Y aunque estas discrepancias han sido públicas y notorias, la número dos del PP las negaba este lunes mientras se negaba también a concretar cuál es su postura definitiva sobre este espinoso tema. “Yo nunca he amenazado a nadie de nada”, afirmó muy seria en relación a duras declaraciones contra el edil de Yebra, Pedro Sánchez. “Hay un expediente informativo en marcha abierto por la dirección provincial y nada más”, aclaró, explicando que se decidió abrirlo porque el alcalde no acató las órdenes del partido que eran informar previamente de su decisión de solicitar la candidatura y no lo hizo. Además, tampoco abrió una consulta con los alcaldes de la zona a los que les afectará la hipotética ubicación del cementerio ni ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos, divididos sobre un asunto “muy sensible”. Por si fuera poco hay una vinculación de Sánchez con la empresa de residuos (ENRESA) que podría invalidar su candidatura al tener “intereses” en el caso.

Por todo ello, Cospedal cree que hay motivos suficientes para estudiar simplemente si el alcalde ha incurrido en alguna falta ‘grave o menos grave’, -extremo en el que tampoco se mojó- , y, si así fuera, trasladar el caso al Comité de Disciplina nacional.

 

Sus conversaciones con Arenas

Sea como sea, el asunto ha abierto grietas entre ella y Javier Arenas, quien  ha mantenido varias conversaciones con la secretaria general en su afán de no tensar públicamente más la cuerda. Cospedal, sin embargo, no quiso precisar el contenido de esas conversaciones alegando que pertenecen al ámbito de “lo privado”.

La número dos del PP también se defendió de las críticas que algunos dirigentes le hacen sobre la duplicidad de cargos, nada menos que el de secretaria general del partido y el de presidenta y candidata autonómica de Castilla-La Mancha. En este sentido dijo que se sentía “muy cómoda y honrada” de ostentar ambos cargos mientras aseguraba que eso no afecta “a mi neutralidad” para tomar decisiones.

La dirigente popular, que fue literalmente ‘aseteada’ a preguntas sobre esta polémica, acusó al Gobierno de haber roto el Pacto sobre la energía al no haber informado al PP de la intención de abrir el concurso para la sede del almacén nuclear. Luego puso el balón en el tejado del ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien en su opinión es el único responsable de decidir dónde y en qué condiciones se debe instalar el cementerio nuclear.

Reformar la ley de extranjería

Pero Cospedal no solo responsabilizó al Gobierno de este debate sino también de la polémica sobre el empadronamiento de extranjeros residentes de forma ilegal en España. La secretaria general de los populares exigió al Gobierno que acabe con las ambigüedades y las contradicciones que hay en la actual ley de Extranjería y haga las modificaciones pertinentes para que no se cargue a los alcaldes con la decisión de los empadronamientos. Precisamente Javier Arenas se reunió con un grupo de alcaldes en algunos de cuyos municipios se ha suscitado la controversia para aunar posturas y dejar claros los criterios del PP, tras la que hicieron público un comunicado que pueden ver pinchando aquí.

“Este es un asunto de política nacional y la ley debe dejar claro  los derechos y deberes de los inmigrantes”, apostilló, reconociendo, eso sí, que su partido se sumó al consenso cuando dicha normativa fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y entonces no vieron eses ‘contradicciones’ con la directriz aprobada durante el Gobierno de Aznar que obliga a empadronar a los ‘sin papeles’.

 

El Gobierno puede haber traicionado a la policía

Finalmente Cospedal se refirió al caso Faisán, el supuesto chivatazo a ETA por parte de personas 'cercanas' al Gobierno, un asunto sobre el que los populares van a seguir pidiendo explicaciones al Ejecutivo hasta que se aclare definitivamente si hubo responsabilidades. En este sentido  adelantó que van a exigir la comparecencia del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para que aclara los puntos oscuros de esta 'trama' que tuvo lugar durante el llamado proceso de paz abierto con ETA. Aquí la número dos del PP hizo un grave acusación: "El gobierno pudo haber traicionado a la policía para ayudar a ETA".