Los sindicatos CCOO y CGT han convocado una nueva jornada de huelga de 24 horas en Renfe para el próximo día 25 de junio con la que exigir la retirada del "Acuerdo de Desarrollo Profesional", suscrito entre la empresa y las organizaciones Semaf y UGT y que entrará en vigor el 1 de julio.
Este paro se suma al que tuvo lugar el pasado 28 de mayo y que afectó a 500.000 pasajeros de los 1,8 millones que a diario usa el ferrocarril para trasladarse.
En opinión de CCOO, la aplicación del acuerdo de desarrollo profesional supondrá "el incumplimiento del contrato programa y de los presupuestos, en los que se establecía la creación de 600 empleos directos".
El acuerdo contiene igualmente "cambios laborales y desregulaciones de calado, como la distribución irregular de la jornada, más funcionalidad, más polivalencias y menos promoción profesional, medidas todas ellas contrarias a la aplicación de leyes como la de conciliación de la vida laboral y familiar", explicó el sindicato en un comunicado de prensa.
Además, segregado en otros seis acuerdos o marcos laborales diferentes, según los colectivos de la empresa, "carece de la mínima equidad interna y genera agravios, desigualdades e injusticias normativas y retributivas".
Así, algunos trabajadores "podrán ganar hasta un 10% más, mientras que otros perderán dinero en sus nóminas", precisó el sindicato, que denuncia que dicho acuerdo no ha sido refrendado ni avalado por los trabajadores de la empresa y se quiere imponer con el único requisito de la firma de Semaf (Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios) y UGT.
De los 14.000 trabajadores con que cuenta Renfe, sólo 5.000 pertenecen al área de Conducción.
La actividad de Semaf sólo se circunscribe a este colectivo y sólo representa a parte del mismo (menos de 4.000 empleados).
Por su parte, UGT sólo representa al 23% de la plantilla, por lo que, aunque entre ambas organizaciones sumen siete de los trece miembros del comité de empresa, el acuerdo se quiere imponer a casi 10.000 trabajadores que no han mostrado su aval ni consentimiento, concluye CCOO.
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