Caso escuchas del Gürtel: Garzón dice que su intención no era no era escuchar a los abogados sino evitar el trasvase de fondos

Así se recoge en las manifestaciones que realizó este lunes Garzón en el Supremo, donde declaró durante casi cuatro horas como imputado en un delito de prevaricación y otro contra las garantías de la intimidad, por intervenir las citadas conversaciones.

   Garzón evitó responder a las acusaciones particulares, representadas por el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez (abogado del empresario imputado en "Gürtel" José Luis Ulibarri), y los letrados José Antonio Choclán, en nombre del "cerebro" de la trama Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en representación del también investigado Pablo Crespo.

   A lo largo de su declaración, Garzón explicó que en ningún momento fue su intención investigar o escuchar a los abogados ni limitar el derecho de defensa, sino simplemente descubrir cualquiera de los datos que los imputados pudieran aportar en la relación personal que pudiera tener dentro del centro penitenciario.

   Para demostrarlo, explicó que hizo constar en el auto por el que ordenaba la intervención que dejaba a salvo la prevención del derecho de defensa, ya que no tenía ninguna pretensión de conocer las estrategias de los letrados, sino la averiguación del delito, evitar la confirmación del mismo y la pérdida de los fondos. 

   El magistrado insistió en que su único propósito era investigar una trama delictiva de gran complejidad y aseguró que, para ello, ponderó con arreglo a los principios de proporcionalidad y necesidad el alcance de la investigación que estaba llevando a cabo.

Abogados sospechosos

   Según los datos e la investigación, los abogados Manuel Delgado Solis, José Ramón Blanco Balín, Luis Miguel Pérez y José Antonio López Rubal, "Pepechu", estaban coordinando la salida de Correa junto a otra persona en Panamá, junto con los despachos de Massana en Suiza y Carusso en Nueva York, y trabajaban además en el trasvase de las titularidades de las empresas y el dinero para que figurara como titular el primo de Correa, el también imputado Antoine Sánchez, residente en Senegal.

   En opinión del juez de la Audiencia Nacional, era muy factible que los  imputados transmitieran a través de letrados informaciones que podrían dar lugar a nuevos hechos delictivos o a ocultar los delitos que indiciariamente se habían constatado, en concreto, hacer desaparecer pruebas relacionadas con los delitos que se investigaban.

   Garzón creyó además "lógico" que necesitaran un enlace para seguir realizando operaciones desde el Centro Penitenciario. Había movimiento de dinero y "se corría el riesgo de perderlo", por lo que la única vía para evitarlo era la intercepción de las comunicaciones.

   Respecto de Peláez, que fue el que interpuso la querella contra él tras conocer que una de sus visitas a los cabecillas de la trama habían sido grabadas, Garzón aseguró que no tenía ningún indicio concreto que lo vinculara con los imputados, y precisó que el auto de intervención iba referido a tres de los internos (Correa, Crespo y Sánchez) y a las personas que pudieran contactar con ellos en la cárcel.

   Después, acordó prorrogar las intervenciones ante la posibilidad de que los imputados prosiguieran aportando alguna información relacionada con la trama delictiva que se investigaba, atendiendo para ello a la petición específica de los policías que llevaban la investigación en marzo.

   Posteriormente Garzón excluyó algunas intervenciones relacionadas con el ejercicio del derecho de defensa. Hoy explicó en el Supremo que la exclusión no se basó exclusivamente en el informe del Ministerio Fiscal que así lo solicitaba, sino en la ejecución de los autos dictados en los que ya se hacía referencia a la preservación del derecho de la defensa.

   En un momento dado, Garzón reconoció ante el magistrado Jorge Barreiro que en alguna ocasión no pudo realizar de inmediato algunas de las diligencias solicitadas. De hecho, explicó que quedaron sin tramitar varias diligencias de comisiones rogatorias y otros oficios que era imposible materializar debido a la complejidad y al trabajo que le exigía el procedimiento

Puntos de la querella

  Peláez señalaba en su querella determinadas actuaciones de Garzón, a su juicio irregulares durante la investigación del 'caso Gürtel', del que el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibió el pasado 5 marzo en favor del Supremo (en el caso de dos aforados nacionales) y los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia.

   El abogado comenzaba denunciando que se incumplieron las normas de reparto de la Audiencia Nacional, pues las diligencias fiscales que originaron el 'caso Gürtel' fueron remitidas directamente a Garzón alegando su conexión con otra investigación preexistente (el denominado 'caso BBVA') a pesar de lo cual el juez no abrió pieza separada sino unas diligencias independientes.

  Además, Garzón habría tardado cinco días -entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2008- en notificar a dos de los imputados cuyas conversaciones fueron intervenidas -Francisco Correa y Antonio Crespo-, que debían nombrar a otro letrado, al haber sido también imputado José Antonio López Rubal, que era el abogado que hasta entonces tenían nombrado. Igualmente, según la querella, Garzón habría prorrogado la intervención de las comunicaciones en prisión, a pesar de que quince días antes ya se había declarado incompetente en esta causa e inhibido en favor de los tribunales superiores.

- Lea también:

• Semana de pasión judicial para Camps y Garzón
• e-Xclusivo: El Supremo podría cambiar la postura hacia Camps
• Garzón podría ser suspendido esta semana