El cierre de Garoña y el pacto energético se 'cuelan' en el debate de las pensiones

Si las semanas pasadas se filtraron posibles concesiones a los sindicatos en materia de negociación colectiva o de desaparición de los despidos por pérdidas empresariales, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, mostró en la mañana del miércoles por sorpresa la disposición del Gobierno a estudiar la propuesta de los sindicatos de ampliar la vida útil de las centrales nucleares a cambio de concesiones en el pacto social y de las pensiones. Pero por la tarde, saltó la noticia de que el Gobierno está dispuesto a retrasar el cierre de la central nuclear de Garoña, como han solicitado los sindicatos para mantener puestos de trabajo, a cambio de un pacto global en pensiones y reforma laboral, según han avanzado fuentes del Ejecutivo, que ven cerca un principio de acuerdo.

Y eso que el  ministro aseguraba que "esto no afectaría a la central de Garoña (Burgos)", cuyo cierre -en 2013- es "una decisión firme" . "Entiendo que la extensión de la vida útil de las centrales que pedirían los sindicatos se referiría al resto de las nucleares", apuntaba Sebastián en una entrevista en la Cadena SER.

Esta es una petición que plantearon el martes los sindicatos en la mesa de negociación con el Ejecutivo, con el fin de mantener los empleos que genera la central --unos 600 directos y otros 400 indirectos--. De hecho, las fuentes han subrayado que si el cierre se retrasa será para preservar los puestos de trabajo, no porque esté reconsiderando su rechazo a la energía nuclear.

Cierre del almacén

Con respecto al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta radiactividad, cuya ubicación aún está por decidir, el ministro ha manifestado que "merece la pena esperar un poco para ver si se consigue el acuerdo y, llegado el momento, el Gobierno tendrá que imponerlo si no se logra". Sebastián ha defendido que "la alternativa de construir almacenes individuales en cada central es mucho más cara y más insegura que el almacén centralizado".

Tras afirmar que el ATC no conlleva ningún riesgo, Sebastián concluyó con su deseo de decidir "lo antes posible" la ubicación del silo y, de este modo, no tener que seguir pagando a Francia alrededor de 60.000 euros diarios por el almacenaje de residuos nucleares de Vandellós I (Tarragona). España debería haberse hecho cargo de estos desechos a partir del pasado 31 de diciembre, tal y como establecía el contrato firmado con el Gobierno galo, pero como no ha sido así tiene esta penalización económica.

Siguen los debates con la novedad de Caldera al frente

En paralelo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha confiado en que los encierros en las sedes provinciales y comarcales del Instituto Nacional de la Seguridad Social que se están celebrando este miércoles no afecten a la negociación que mantiene el Gobierno con los agentes sociales sobre la reforma de las pensiones.

  "No creemos que perjudique a los procesos de negociación en marcha", ha indicado Granado en una rueda de prensa para presentar los datos provisionales de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, tras confiar también en que las movilizaciones no afecten al normal funcionamiento de las administraciones públicas.

Sobre los encuentros a tres bandas que mantiene el Gobierno con los agentes sociales para acordar la reforma del sistema de pensiones, el secretario de Estado se ha limitado a decir que las reuniones continúan y se desarrollan en un ambiente de cordialidad. El Ejecutivo ha recuperado al ex ministro de Trabajo Jesús Caldera, para agilizar los debates.

No obstante, entre los puntos más conflictivos sigue estando la edad de jubilación, y en concreto las posibilidades de jubilarse a los 65 años con la pensión completa --incluida la necesidad de haber cotizado 41 años-- en lugar de tener que esperar a la nueva edad legal de 67. El Gobierno ha propuesto 41 años cotizados y los sindicatos piden rebajar esa cifra.

   Junto a la negociación en la mesa de diálogo social, el Gobierno ha iniciado contactos informales con los grupos parlamentarios, pero la negociación formal no empezará hasta después del 28 de enero, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobará su propuesta de reforma de las pensiones haya o no acuerdo con los agentes sociales.