Ahora resulta que el mal de todos los males que aqueja las finanzas públicas del Reino de España – expresión que sólo se utiliza en la diplomacia y en las emisiones de deuda- viene del supuesto “despilfarro autonómico”. De la existencia de 17 gobiernos y 17 parlamentos supuestamente insaciables en colmarse de caprichos.
¿Saben los lectores lo que representa ese despilfarro autonómico del conjunto de 17 comunidades, presunción que es mucho suponer? 21.164 millones de euros de déficit en 2010. ¿Y el de la Administración central? 99.785 millones. ¿Y el de los ayuntamientos? 5.171 millones. ¿De quién es, pues, el problema en mayor proporción? De la maquinaria estatal, que no ha adaptado su estructura a la nueva realidad territorial. Hay ministerios que no se han adelgazado apesar de tener transferidas la casi totalidad de sus competencias a las autonomías.
Cataluña arrastra unos 7.000 millones de euros de déficit.Vayamos ahora a la deuda de Cataluña, que es a quien parece que PSOE y PP quieren hacer pagar el pato del “atracón” o “festín” autonómico. El gobierno Mas se acaba de estrenar, ha hecho propósito de enmienda –el acto de contricción le correspondería en todo caso al Tripartito, aliado del “gobierno amigo” de ZP-, dice que durante dos años vamos a apretarnos el cinturón y que incluso el presupuesto de la Generalitat será inferior al del año anterior, cosa nunca vista en este país. Vamos, que piensa hacer los deberes, lo que da poco rédito electoralista, por cierto.
Curiosamente, a un gobierno que piensa hacer los deberes y corregir los desmanes del gobierno tripartito heredado ahora le llegan cantos de sirena de intervención del gobierno central, con mensajes que vienen desde el presidente Zapatero al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. ¿Es acaso una amenaza por si Artur Mas no predispone sus diez diputados en el Congreso para echarle una mano al presidente del Gobierno?
Habría que razonar las causas de este desfase contable, del déficit y de la deuda contraídas por la Generalitat. Algunos tuertos sólo se fijan en anécdotas como las “embajadas” en el exterior, las ayudas de Carod al fomento del quechua en Ecuador o a la televisión autonómica. Televisión, por cierto, que tenía un sentido como potenciadora de una lengua propia y que se ha convertido al final en el juguetito para que otros políticos “periféricos”, incluyendo Madrid, salgan en sus telediarios con unos “share” ridículos, lo que no es el caso de Cataluña, donde TV3 es líder de audiencia, y con unos gastos incontrolables.
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Cataluña afronta desde 1980 servicios públicos como la sanidad y la enseñanza, o más recientemente una ley de dependencia como reclamo electoral del gobierno ZP y de la que no supieron calibrar su verdadero alcance.
De acuerdo, quizás se acometen obras públicas suntuarias no estrictamente necesarias, pero el nivel de vida, el estatus de la población y un millón y medio de inmigrantes que han aterrizado en menos de diez años exigen prestar unos servicios mínimos para los que no hay suficientes recursos. Imaginémonos que Cataluña necesita 100 y sólo recibe 85 de los 110 que ingresa. ¿Qué pasa con ese excedente que vuela hacia otros lares? Que mientras Cataluña se endeuda para satisfacer las necesidades de enseñanza y salud y otros servicios, otras comunidades que sólo necesitaban 80 se encuentran con 90 en el bolsillo. ¿Qué hacen con ese excedente? Comprar ordenadores para que lo disfruten cada dos alumnos de la enseñanza pública o financiar las operaciones de cambio de sexo. Esta es la pura y dura realidad.
Queda dicho que el rediseño del Estado con una mayor corresponsabilidad de las autonomías no se ha reflejado en una disminución de la maquinaria del Estado. El ejemplo óptimo ha sido el seguido con el despliegue de los Mossosd’Esquadra. La paulatina implantación de la policía autonómica catalana ha ido acompañada de una disminución de los efectivos de la guardia civil y de la policía nacional en Cataluña. Ha sido un despliegue con substitución, no una suplantación ni una superposición. ¿Por qué no se hace lo mismo con muchos ministerios sin apenas competencias por la asunción de competencias por la Unión Europea, por un lado, y por las comunidades autónomas, por otro?
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