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Las balanzas fiscales muestran un saldo positivo en Castilla-La Mancha

miércoles 23 de julio de 2014, 12:31h

Castilla-La Mancha tiene un saldo positivo de 2.043 millones de euros, según las cuentas públicas territorializadas presentadas este miércoles por el experto Ángel de la Fuente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La Comunidad de Madrid es la que tiene un mayor déficit fiscal con un total de 16.723 millones menos de los que aporta al Estado, prácticamente el doble que la segunda comunidad, Cataluña, que arroja un déficit fiscal de 8.455 millones de euros.

Las denominadas balanzas fiscales revelan que Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares son las cuatro autonomías que ostentan un balance negativo, mientras que el resto de comunidades presentan un saldo positivo según el método de carga-beneficio elegido por el grupo de expertos a los que el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro encargó el estudio.

En concreto, la Comunidad Valenciana presenta un déficit fiscal de 2.018 millones y Baleares de 1.483 millones. En el otro lado de la balanza, Andalucía (7.421 millones), Canarias (4.054), Castilla y León (3.929) y Galicia (3.240) son las que salen más beneficiadas de este cálculo.

El resto de autonomías también tienen un saldo positivo: Extremadura (2.991 millones), Castilla-La Mancha (2.043), Asturias (1.666), País Vasco (1.576), Ceuta y Melilla (702), Aragón (633), Cantabria (205), Murcia (173), Navarra (35) y La Rioja (12).

Los datos per cápita

Al analizar los datos per cápita, Madrid sigue siendo la que registra mayor déficit fiscal (2.575 euros por habitante), pero en segundo lugar se encuentra Baleares (1.329 euros) y Cataluña baja al tercer puesto, con un saldo negativo de 1.119 euros por habitante. Comunidad Valenciana ocupa el cuarto puesto con un saldo negativo de 394 euros.

El resto de regiones registran un saldo positivo encabezadas por las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, con 4.312 euros por habitante, Extremadura (2.697 euros), Canarias (1.910 euros) y Asturias (1.544 euros).

A continuación se sitúan Castilla y León (1.539 euros), Galicia (1.162 euros), Castilla-La Mancha (964 euros), Andalucía (880 euros), País Vasco (720), Aragón (469 euros), Cantabria (345 euros), Murcia (117 euros), Navarra (54 euros) y La Rioja (39 euros).

Según De la Fuente, la primera conclusión que se puede sacar del estudio es que los ricos pagan más y que los pobres tienen saldos positivos, aunque hay algunas excepciones como las comunidades forales, que tienen saldos positivos pese a formar parte de las regiones ricas, o algunas comunidades de rentas bajas con saldos neutros o negativos, como la Comunidad Valenciana o Murcia.

Las balanzas fiscales se han calculado a partir de los gastos y los ingresos. Según De la Fuente, dos tercios de los saldos fiscales se explican "única y exclusivamente" por los ingresos debido a los elevados impuestos de las provincias más ricas, datos que no son "raros ni preocupantes".

Un 17% de los saldos podría implicar desigualdades entre regiones

Así, sólo un tercio de esos saldos fiscales habría que mirar con más detalle porque podría indicar diferencias de trato entre regiones. Dentro de ese tercio que habría que revisar, De la Fuente ha explicado que hay partidas que tampoco preocupan porque no generan problemas de equidad territorial, como las prestaciones sociales, por lo que sólo preocupa el 17% del gasto que sí es territorializable.

Este 17%, según ha explicado, sí refleja diferencias en el trato a los ciudadanos en la financiación territorial y el porcentaje, aunque es "menor que lo dicen algunos", es "preocupante". En este sentido, De la Fuente ha asegurado que para que los ciudadanos tengan los mismos derechos y el mismo acceso a los servicios públicos la financiación regional tendría que ser "más uniforme".

De hecho, ha reconocido que el grado de igualdad en acceso a los servicios públicos no es el deseado y que si se incluye a las comunidades forales las diferencias son aún más grandes, por lo que no se cumple el principio constitucional de que el sistema autonómico no debe generar privilegios.

 

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