La reforma estatutaria, que fue aprobada a mediados de marzo en el Congreso de los Diputados con el único apoyo del PP, fija una reducción de diputados del Parlamento castellanomanchego hasta un intervalo de entre 25 y 35 parlamentarios, frente a la horquilla vigente de entre 47 y 59 diputados.
Este lunes se reúne en el Senado la ponencia creada en el seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas, que abordará los tres vetos presentados a la reforma por parte de PSOE, Izquierda Unida (IU) y Entesa pel Progrés de Catalunya y diez enmiendas parciales por parte de estos tres grupos y de Coalición Canaria (CC).
Tres días después, el jueves, se reunirá ya el pleno de la Comisión General para dictaminar el proyecto legislativo y elevarlo al Pleno de la Cámara, donde previsiblemente recibirá el visto bueno definitivo el miércoles día 14.
Al igual que ya ocurrió en el Congreso, se espera que el PP no acepte ninguna de las enmiendas de los grupos parlamentarios de la oposición y que estos mantengan su rechazo a la iniciativa, que tachan de "pucherazo electoral" y de ser uno de los "mayores ataques a la democracia".
Afecta a la representatividad y al pluralismo, según el PSOE
Según denuncia el PSOE en su veto, que se encargarán de defender en la ponencia el senador socialista y alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, y el secretario general del Grupo y senador por Toledo, José Miguel Camacho, la propuesta de reforma es "unilateral" y, por tanto, carece del "consenso básico exigible", además de que "afecta gravemente a la representatividad y a la capacidad de las Cortes de Castilla-La Mancha para ejercer sus funciones".
Los socialistas, que rechazan el argumento de la austeridad --porque la mayoría de los diputados no tienen dedicación exclusiva ni perciben salario--, creen que el objetivo del PP es "dificultar, extraordinaria e injustificadamente, hasta hacerlo casi imposible, el acceso de otras fuerzas políticas" al Parlamento regional al elevar "exponencialmente" el porcentaje de votos que habrán de obtenerse en las circunscripciones de la comunidad autónoma, lo cual "impide el pluralismo político".
El veto de IU señala que la reforma, planteada "sin consenso", supone "el mayor ataque al Estado democrático, a la democracia representativa, desde la Transición". Al igual que el PSOE, lamenta que el PP la presente como una medida más de ajuste cuando, a su juicio, "el objetivo que realmente busca es reducir las posibilidades de control por parte de la oposición y situarse en una posición de ventaja electoral para perpetuarse en el Gobierno de Castilla-La Mancha".
Entesa, por su parte, destaca que, con las modificaciones presentadas por el PP, que constituyen "un ataque frontal a la democracia representativa", Castilla-La Mancha pasaría a ser la comunidad con el menor número de escaños. En su opinión, el partido de Cospedal quiere "blindar el bipartidismo, impedir el pluralismo político y excluir a la mayor parte de los ciudadanos" de la posibilidad de acceder a un cargo público, y lo que "no resolverá" son la crisis económica y el problema territorial de España.
Recurso previo de inconstitucionalidad
En cuanto a las enmiendas, el PSOE ha presentado tres de supresión --a los tres puntos de los que consta la propuesta de reforma-- y una de adición. Con esta última pretende que la modificación del Estatuto no entre en vigor hasta que se apruebe la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad en relación con los Estatutos de Autonomía, permitiendo que se aplique ese recurso a la reforma del de Castilla-La Mancha.
Izquierda Unida y Entesa han introducido cada uno una enmienda de modificación para que en las Cortes haya un mínimo de 47 diputados y un máximo de 59 y para que la circunscripción electoral sea única, de ámbito autonómico, con reparto proporcional de escaños según los votos obtenidos por cada una de las candidaturas. En su opinión, así se garantiza un sistema de elección "verdaderamente proporcional" y se "respeta plenamente el pluralismo político".
Por último, CC ha presentado cuatro enmiendas, tres de modificación y una de adición. Esta última indica que la Ley Electoral de Castilla-La Mancha será aprobada en votación por las dos terceras partes del Parlamento.
Al igual que PSOE e IU, propone que la circunscripción electoral sea la comunidad autónoma y que haya entre 47 y 59 diputados, pero también que la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha especifique que en el reparto de escaños no se establecerá un porcentaje mínimo de voto para proceder el reparto de los mismos, asegurando así una distribución proporcional.
Una vez que la norma supere todos los trámites parlamentarios, la cifra concreta de diputados deberá fijarse con un cambio de la Ley Electoral autonómica, cuya modificación comenzará a llevarse a cabo previsiblemente a partir de mediados de este año.
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