La consulta ciudadana sobre la privatización del agua en Alcázar de San Juan, ¿en el aire?

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, se ha referido a la iniciativa planteada por la Plataforma Aguas de Alcázar de poner en marcha una consulta ciudadana sobre la privatización del servicio de aguas en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ante lo que ha dicho que una asociación "no puede hacer una consulta".

Labrador ha indicado que, en todo caso, una entidad como esta Plataforma "sí que puede hacer lo que le parezca dentro de su ámbito interno".

La Plataforma Aguas de Alcázar, tras la decisión del Ayuntamiento de asignar la gestión del agua en el municipio, ha anunciado que llevará a cabo una consulta ciudadana los días 20, 21, 22 y 23 de marzo, en la que podrán participar de manera presencial y por correo todos los ciudadanos del municipio mayores de 18 años.

Este domingo, numerosos vecinos se  manifestaron en la localidad con manos y camisetas azules y pancartas en la mano rechazaron de nuevo la privatización del servicio y reclamaron al equipo de Gobierno una rectificación. Durante el acto se  leyeron una carta abierta a los concejales y un romance dedicado al alcalde, Diego Ortega .Se dio lectura también a varios mensajes solidarios remitidos desde distintas partes del Estado español. 

Abierto expediente sancionador al exalcalde de Alcázar

Además, Jesús Labrador ha confirmado que desde la Delegación del Gobierno se ha abierto un procedimiento sancionador al exalcalde socialista de la localidad, José Fernando Sánchez Bódalo, por presuntamente organizar las concentraciones no comunicadas de los pasados días 18 y 19 de febrero en protesta por este cambio de gestión del agua.

"No se le ha sancionado, solo se ha abierto un procedimiento sancionador que seguirá su curso, la ley sobre derecho de reunión se aplica a todas las personas, incluso para este señor", ha dicho.

Preguntado posteriormente en rueda de prensa sobre este caso, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que "mientras al frente de la Delegación haya una persona --en relación a Jesús Labrador-- que responde más a intereses particulares que a los generales de la Comunidad Autónoma van a ocurrir muchos más".

En este sentido, ha recordado que "no es el primer" caso y "son muchos los ciudadanos que ya han sido sancionados por manifestar su opinión en contra al Gobierno de Castilla-La Mancha". "Se está sancionando a personas por decir en voz alta lo que piensan, eso no había ocurrido hacía muchos años en Castilla-La Mancha".

Por parte del Partido Popular, la diputada regional Cesárea Arnedo ha indicado que "si hay muchas personas que han sido sancionadas por manifestarse será porque no se han producido los procedimientos legales", lamentando que el PSOE "vuelva a despreciar las instituciones que no dirige hoy".

"Supongo que el expediente a Bódalo será porque hay una denuncia previa, no sé si de la Policía o la Guardia Civil, y Bódalo, como cualquier ciudadano de Castilla-La Mancha, está sujeto al amparo de la ley. Deslegitimar eso es despreciar las instituciones", ha comentado la parlamentaria 'popular'.

Sánchez Bódalo denuncia el uso "vomitivo" de la información

Y mientras en Toledo se hacían estas declaraciones, el exalcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, aseguraba que esta acción "tiene toda la pinta de ser una utilización deleznable y vomitiva de la información de la Policía por parte de la Delegación del Gobierno".

Sánchez Bódalo decía no conocer dicho expediente ya que todavía no se lo han comunicado, aunque ha tachado de "lamentable" que las informaciones al respecto "no sean ni desmentidas ni confirmadas" por la Subdelegación en Ciudad Real.

"La Policía es de todos los españoles, de todos los ciudadanos, y no de quien gobierna", ha lamentado el exprimer edil, subrayando que en caso de ser cierta la apertura de este expediente sancionador, se lo deberían de haber notificado "por respeto al procedimiento y a las leyes".

Para Sánchez Bódalo, si este expediente existe "tiene un cierto grado de confidencialidad" y no se ha de confirmar "hasta que las partes se hayan citado", por lo que "hacer una noticia de algo en lo que está trabajando la policía es una utilización partidista, burda y grosera de la Delegación de los medios de comunicación".