El CGPj es un órgano constitucional cuya función es garantizar la independencia de los jueces y magistrados españoles, por lo tanto, nuestra función es asegurar que los jueces puedan dictar las sentencias que estimen conveniente con arreglo a derecho. En consecuencia, nadie del CGPJ ni de fuera de él puede influir sobre ningún juez para poner sentencia.

El presidente Dívar manifestó que renunciaba para evitar un mayor perjuicio a la carrera judicial. Por lo tanto, si yo me hubiera visto en la misma tesitura y hubiera podido constatar que la carrera judicial estaba sufriendo un grave deterioro en su imagen, habría actuado de la misma manera.

Desconozco si el presidente Rajoy le ha prometido algo al magistrado Enrique López. Por lo tanto no puedo opinar.

En un reciente pleno se sometió esta cuestión a votación y no obtuvo los votos suficientes.

Más del 90 por ciento de los acuerdos adoptados por el Pleno del CGPJ, desde septiembre de 2008, lo han sido por unanimidad. Esto no es opinable, es un hecho que no admite discusión alguna. MIentras que la división por ideologías o calificativos es una elaboración mediática que no responde totalmente a la realidad. Reducir todo a una visión partidista es obviar el elemento central, que es el factor humano.

La política de seguridad la marca el Ministerio del Interior. Ellos son los que marcan las prioridades en esta materia y son los que tienen la información necesaria para poder valorar las necesidades de ese servicio.

Los viajes internacionales los aprueba el Consejo, bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por ello, es estratégica la presencia española en Iberoamérica con el fin de reforzar los lazos de cooperación y desarrollo. España ostenta la Secretaría Permanente de Cumbre Judicial Iberoamericana, una organización que reúne a los 22 poderes judiciales de toda la América de habla hispana y portuguesa más Portugal, Andorra y España. No existe ninguna otra organización parecida en el mundo. De ahí la importancia de nuestras relaciones con los poderes judiciales de esos países.

Considero que el Consejo General del Poder Judicial no está politizado, no obstante, estoy de acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que quiere llevar a cabo el Ministerio de Justicia, por la que los jueces, de forma directa, podrán elegir a los 12 vocales de procedencia judicial. En la línea que marcó la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió esta cuestión en su momento.

En la Comisión Permanente de ayer, tratamos este asunto. Y acordamos iniciar unas diligencias informativas para estudiar el escrito del juez de Nules. Por lo tanto, habrá que esperar al resultado de las mismas.

El secretario general del CGPJ presentó en el último pleno un documento en el que certificaba que ningún vocal había realizado actos similares a los que se atribuyeron en su momento al presidente Dívar. El CGPJ está sometido a una auditoría externa, por el Tribunal de Cuentas desde finales del año pasado, que en la actualidad está realizando un informe.

Aún no sabemos cuál va a ser la propuesta concreta del Ministerio de Justicia en cuanto al funcionamiento del CGPJ. No obstante, en mi opinión, reducir a cinco miembros la actividad diaria no va a contribuir a un mejor funcionamiento y a una mejor actividad del órgano de gobierno de los jueces.

No.

El Código Penal español ya establece los mecanismos para sancionar las actuaciones irregulares de los malos gestores. La simple mala gestión debe ser castigada por los ciudadanos a través de las urnas.

Soy presidente en funciones, como usted sabe. Por lo tanto, mientras esté en esta condición voy a intentar que la sociedad conozca el gran trabajo que realizan los jueces españoles para fomentar la confianza en la justicia. Una de mis funciones en el CGPJ, es presidir la Comisión de Escuela Judicial. Le puedo garantizar que los jueces españoles reciben una formación que está a la cabeza de la mejor escuela judicial de cualquier parte del mundo. Debemos estar orgulloso de ello.

Respeto su opinión, pero no la comparto. Siempre he trabajado por la Administración de Justicia desde que aprobé la oposición, en el año 1984. Me siento muy orgulloso de haber podido contribuir, aunque sea mínimamente, a la modernización de este servicio público vital a través de los diferentes puestos que he desempeñado.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el vicepresidente sustituirá a la presidente en caso de ausencia, enfermedad o situación análoga, aparte, presido las Comisiones de Modernización y Escuela Judicial del CGPJ y soy vocal territorial de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Estas son, entre otras muchas, mis competencias en el Consejo.

En España hay 12 Comunidades Autónomas, con competencias transferidas en materia de Justicia. Y, además, existen 17 Tribunales Superiores de Justicia en cada una de las Comunidades Autónomas. El CGPJ, en el Pleno de 17 de septiembre de 2008, acordó que los vocales deberíamos tener presencia constante en cada uno de los territorios para poder constatar directamente cuál es la situación de este servicio público con el fin de poder exigir los medios materiales y personales necesarios para que los ciudadanos puedan recibir una justicia de calidad. Como usted sabe, tanto los medios materiales -edificios, recursos técnicos, informática, etc- y los medios humanos -los funcionarios- están transferidos a esas Comunidades Autónomas o dependen directamente del Ministerio. Sin embargo, nosotros, desde el CGPJ, al tener presencia en todo el territorio, tenemos una visión y una información global que nos permite valorar donde se necesitan medios y en qué medida.

Muchísimas gracias a todos por el interés mostrado en este chat por la Justicia. Os envío un cordial saludo. Fernando de Rosa