Me resulta incomprensible ese cambio de opinión y sólo puedo entenderlo desde la perspectiva de alguien que es incapaz de respetar el principio de separación de poderes básico en un estado de derecho. El señor Gallardón no ha sabido aceptar las críticas, siempre constructivas, que se le han hecho desde el CGPJ y ha considerado que, en vez de abordar los problemas que tiene la Justicia en España, y tratar de resolverlos, la "mejor solución" era callar a aquellos que ponían de manifiesto dichos problemas.

No me corresponde a mi hacer calificativos al respecto. Lo único que puedo decir es que en el ámbito de la Administración de Justicia se ha generado una enorme decepción con el ministro porque no ha querido -o no ha sabido- abordar los problemas. Todas las propuestas que está haciendo van en la línea de recortar los derechos de los ciudadanos, ahí está la Ley de Tasas que ha creado una justicia de dos velocidades, según la condición económica de quiénes acuden a los tribunales de Justicia. Ahí están también propuestas como la del Código Penal, con figuras tales, como la custodia de seguridad y la prisión permanente revisable, que nos retrotrae a tiempos predemocráticos. Qué decir de la propuesta de "interferir" en las comunicaciones de los ciudadanos y de limitar la libertad de los medios de comunicación, que, parece, se pretende en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, por último, el desapoderamiento de competencias al CGPJ para pasarlas al Ministerio de Justicia, lo que, sin ninguna duda, consitituye un retroceso más que preocupante en la protección de la independencia de jueces y magistrados. Gallardón pasará a la historia como un ministro que no ha querido ni ha sabido resolver los problemas de la Justicia.

Aún cuando personalmente me merece respeto el señor Gallardón, lo cierto es que todas las propuestas que, hasta la fecha ha realizado así como las leyes que se han aprobado -a su instancia-, van en una línea de retroceder en los derechos de los ciudadanos, llevándonos a términos predemocráticos. Nada hay más grave que acciones tales como la implantación de las tasas judiciales, creando una justicia para ricos y otra para pobres. O la clara finalidad de limitar la libertad de expresión de los ciudadanos y de los medios de comunicación, tal y como parece recogerse en la propuesta del futuro código procesal penal. En un momento de crisis económica, el papel de una justicia independiente y con medios es fundamental. Y en ese sentido, espero que el presidente y la vicepresidenta del Gobierno, que me consta conocen y respetan el mundo judicial, impidan que se continúe en la situación en la que se está. El Ministerio de Justicia ha conseguido enfrentarse a todos los operadores jurídicos. Tengo confianza en que Mariano Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría reconduzcan esta situación. .

Tres vocales del CGPJ hemos presentado al presidente Molilner una propuesta precisamente para que el Consejo se pronunciara ante lo que, sin ninguna duda, va a ser un atropello a la independencia del poder judicial, si no se modifica en trámite parlamentario el proyecto de Ley de reforma de dicho Consejo. Desgraciadamente Moliner no ha querido que se ese tema se debata en el Pleno del próximo miércoles, día 12, lo que, en mi opinión, supone una dejación muy importante de las competencias que, como Consejo, nos corresponden. Así que, como ve usted, algunos nos preocupamos por esto, por tratar de mostrar "músculo". Únicamente lamento la pasividad del presidente Moliner.

Si se aprueba la reforma del CGPJ en los términos propuestos por el ministro Gallardón, se producirá un desapoderamiento de las competencias de ese órgano en favor del Ministerio de Justicia, que comportará uno de los mayores ataques a la independencia de jueces y magistrados. Y politizará al máximo el órgano de gobierno de los jueces. Resulta curioso que el mismo Gallardón que, cuando era senador, abogaba prácticamente por la desaparición del Ministerio de Justicia, trate ahora de llevar a ese Ministerio unas competencias que, hasta la fecha, pertenecen al CGPJ. Los 5.100 jueces españoles, con una carencia evidente de medios, están trabajando seriamente contra la corrupción, y en temas tales como los desahucios y las participaciones preferentes. En vez de tratar de dotarles de más medios desde el Ministerio se pretende asumir competencias que, en definitiva, no van a facilitar ese trabajo que realizan los jueces. Sinceramente, tengo la sensación de que el Ministerio no está interesado en dar respuestas a los problemas de la justicia en España. Está más interesado en su control político. Y repito, que espero que las más altas instancias del Gobierno reconduzcan esos planteamientos.

Lo que sí puedo decirle es que los jueces españoles están absolutamente comprometidos en la lucha contra la corrupción. Muchas veces, con falta de medios personales y materiales. Otras veces, con obstáculos procesales, sobre todo a nivel internacional, en que determinados estados (paraisos fiscales) no aportan los datos e informaciones necesarias. Sin embargo, tenga confianza en que pese a todos los obstáculos y dificultades, los jueces hacen su trabajo con absoluta seriedad y rigor.

El Código Penal de 1995 ha sido objeto de muchos cambios, con posterioridad. Lo cual, por otra parte, es razonable, teniendo en cuenta que la delincuencia, sobre todo la "gran delincuencia económica", ha dado lugar a la creación de nuevas figuras delictivas. En ese sentido, es evidente que todas las leyes tienen que evolucionar. Lo que me preocupa es que al amparo, en muchas ocasiones del dolor de las víctimas con el que todos nos solidarizamos, quieren hacerse reformas que claramente van en una línea de retroceso de los derechos que tanto le han costado consolidar a la democracia en nuestro país.

Enrique López me merece el mayor respeto personal y deseo que, como todos los demás nombrados, sepa estar a la altura de la gran labor que tendrá que desarrollar como magistrado del Tribunal Constitucional.

Le agradezco su consideración, y lo que me gustaría es equivocarme, pero me ratifico. Si el señor Ruiz Gallardón padre levantara la cabeza no entendería lo que está haciendo su hijo que, por lo demás, tampoco se corresponde en absoluto con lo que el Partido Popular llevaba en su programa a las elecciones. Creo que lo que se tiene que pedir a todos los partidos políticos es que cumplan sus programas electorales y, aún cuando yo no estaba de acuerdo con el programa electoral del PP en muchas cuestiones relativas a la justicia, me sorprende ahora que, sin explicación alguna, haya estos cambios y vaivenes en las posiciones del Ministerio de Justicia.

El Consejo General del Poder Judicial no está bien definido en la Constitución española, y quizá por eso sería necesario un replanteamiento del órgano. Pero en ningún caso ese replanteamiento puede pasar por lo que se pretende desde el Ministerio de Justicia que, en definitiva va a llevar a una mayor politización del órgano, una mayor facilidad de su control, por el poder ejecutivo y, finalmente, en un claro retroceso de la independencia del poder judicial en un momento tan complcado como el que estamos viviendo en España.

Porque hay que reconocer que la Justicia nunca ha sido una prioridad para ningún gobierno.

Espero, de verdad, que ETA esté finalmente terminada. Siempre tuve mucha confianza en la ciudadanía vasca y en su afán por conseguir la paz. Ahora es el momento de reconocer el dolor de las víctimas y de iniciar una etapa nueva mirando hacia el futuro.

Lo ignoro por completo. Yo, en su momento, fui partidaria de las vías de diálogo. Espero que en este momento ETA sea ya definitivamente un pasado que no hay que olvidar, pero que hay que superar. Los ciudadanos españoles y vascos han manifestado clarísimamente su total rechazo a ETA.

El Tribunal Constitucional está reconocido en la Constitución y, además, existe en todos los modelos de derecho comparado de los países democráticos una figura muy similar que vela por la adecuación de las leyes a la Constitución. En cuanto a la Audiencia Nacional, en reiteradas ocasiones he dicho que, si bien en su momento, pudiera haberse justificado su creación, en el momento actual en el que el terrorismo ha desaparecido, creo que ya no es necesaria su existencia. Es cierto que hay una criminalidad económica organizada y que el terrorismo internacional es una amenaza presente. Pero en mi opinión, la Audiencia Nacional no deja de ser un tribunal "excepcional" y, por tanto, la lucha contra las formas de delincuencia a las que me he referido pueden realizarla perfectamente los órganos jurisdiccionales ordinarios.

Lo único que espero es que el Tribunal Constitucional no tarde tanto en resolver los asuntos de su competencia, como hizo en el supuesto del Estatuto de Cataluña. Esos retrasos afectan clarísimamente a su credibilidad y no ayudan a la imagen de la Justicia. Espero también, y estoy convencida, de que los magistrados del Constitucional resolverán los asuntos no en función de una supuesta adscripción ideológica sino desde la aplicación rigurosa de la Carta Magna y de la independencia y del prestigio profesional que quiero reconocerles a todos ellos. De que sepan hacerlo con esa independencia de criterio (como estoy segura que lo harán) depende que el Tribunal Constitucional goce del reconocimiento y el respeto de todos.

Lo que han formulado los presidentes de las Audiencias Provinciales no es un recurso, en el sentido estrictamente jurídico, sino que es una llamada de atención ante las reformas tan preocupantes para la independencia del poder judicial que pretende llevar a cabo el Ministerio de Justicia.

Otros dos vocales y yo pedimos comparecer ante el Congreso y el Senado para dar cuenta de todos nuestros actos y nuestros gastos. Estamos esperando que nos llamen para comparecer y, desde aquí, reitero mi oferta y mi total compromiso para comparecer ante los representantes de la ciudadanía y dar cuenta detallada de toda mi actuación durante estos cinco años de mandato. Ciertamente sentiría mucho irme del Consejo sin poder dar esas explicaciones públicas ante el Congreso de los Diputados que fue quien me designó como vocal.

Todo lo contrario, con la reforma que pretende Gallardón se llevará a cabo el mayor intento de control político por parte del poder ejecutivo del gobierno de los jueces. Desde la perspectiva del Estado de derecho y de la separación de poderes, las reformas que se pretenden son muy preocupantes. Por eso confío que, desde la Presidencia del Gobierno se tomen las medidas que son necesarias.

Fundamentalmente, la falta de transparencia. Creo que él debió dar explicaciones detalladas y eliminar cualquier sombra de duda. Dicho esto, creo que los ataques personales que sufrió Dívar fueron inaceptables.

Lo único que siento es que, como siempre, sean los ciudadanos más desfavorecidos los que tengan que pagar las consecuencias de la crisis económica. Me parecen gravísimos los recortes en materia de educación, sanidad, pensiones y, lógicamente también, en justicia. Tratar de salir de la crisis, intentando que sean siempre las clases medias y los trabajadores los que sufran mayores recortes, me parece muy injusto.

Lo terrible es que la crisis económica recaiga siempre sobre los más débiles. Por eso, creo que el Gobierno se ha quedado corto en la reforma del tema de los desahucios y espero que se de una respuesta lo más rápida y justa posible a todas aquellas personas que, engañadas en su buena fe, adquirieron participaciones preferentes. Una salida a la crisis económica que recaiga sobre las espaldas de los más desfavorecidos será profundamente injusta.

Por suerte, la Sala IV del Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que supone una descalificación de las propuestas de Gallardón y de la Ley de Tasas al eximir del pago de las mismas, en la jurisdicción social, a los trabajadores y a los pensionistas. Igual que el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya críticamente sobre la Ley de Tasas en la referida sentencia, confío que el Tribunal Constitucional anule la misma, admitiendo los recursos de constitucionalidad que se han interpuesto.

Cuando se hacen afirmaciones de esa naturaleza hay que precisarlas mucho. Y, o bien se dan nombres y apellidos concretos, o no cabe generar sombras de duda y sospechas. En todo caso, el señor Guerra merece mi mayor respeto.

Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Vivimos momentos difíciles, pero con el esfuerzo y la colaboración de todos hay que intentar salir adelante. Un saludo.