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Multas diarias a las administraciones públicas

Europa coge la sartén por el mango: tolerancia cero con la morosidad

Europa coge la sartén por el mango: tolerancia cero con la morosidad

lunes 29 de abril de 2013, 08:26h
La morosidad es a las Administraciones lo que el crédito a los bancos. Dos de las principales causas que han provocado la desaparición de miles de pymes y empleos. Algo que ni el Gobierno de Zapatero ni el de Rajoy han sabido solucionar, a pesar de que el plan de pago a proveedores, que tendrá una segunda entrega en 2013, ha sido el primer ensayo positivo. Pero Bruselas se dispone a dar el paso definitivo. Sanciones ejemplares e incluso multas diarias a las entidades públicas que no cumplan con la ley, pagar lo que deben en 30 días.
Hace poco más de un mes España transpuso la directiva europea 2011/7 de plazos de pago, que obliga a las Administraciones públicas a pagar sus facturas comerciales a un máximo de 30 días y a las empresas, a 60 días. Ninguno de los dos plazos se cumplen en la actualidad, un problema que preocupa y mucho a autónomos, empresarios y gobernantes.
 
Ante esta situación, la Comisión Europea va a aplicar una política de tolerancia cero con la morosidad. Aquellas empresas y Administraciones que retrasen el pago de sus facturas se verán obligadas a pagar el interés de demora, situado en el 9%, y si el conflicto llega al Tribunal de Luxemburgo, se exponen a multas diarias. Multas que el Ejecutivo español ha fijado en 40 euros.
 
Hasta ahora ninguno de los esfuerzos acometidos por el Gobierno han surtido los efectos deseados. En 2010 se puso en marcha una ley que marcaba plazos que han sido reiteradamente incumplidos. Y el año pasado se puso en marcha el plan de pago a proveedores, dotado con más de 27.000 millones de euros. Una medida que, según la Plataforma multisectorial contra la morosidad, "generó expectativas y aplausos entre los analistas; su ejecución, que provocó un sentimiento de satisfacción generalizado entre los afectados, fue todo un éxito en cuanto a rapidez, organización y oportunidad, cobrándose deudas en algunos casos muy antiguas". No obstante, el problema es que "los pagos se produjeron de manera puntual, singular y sin continuidad, por lo que las Administraciones públicas han comenzado a acumular nuevamente facturas impagadas correspondientes a 2012".
 
Según los últimos datos disponibles, las Administraciones pagan a una media de 160 días, cinco veces más del límite legal, y las empresas a 92 días, un 50% más. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos ATA, el 90% de las Administraciones y el 64% de las empresas incumplen la normativa. Desde el estallido de la crisis en España han echado el cierre 450.000 empresas y se han destruido más de 3,8 millones de puestos de trabajo. ATA considera que el repunte de la morosidad ha sido el principal causante de la pérdida de puestos de empleo en España. Así, las tres comunidades que mejor se ciñen a los plazos de pago (País Vasco, Navarra y La Rioja) son las que menor desempleo registran. Sin embargo, aquellas que peor pagan, como Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, son las que más tasa de desempleo acumulan.
 

Con pies de plomo
 
Asociaciones de autónomos y pymes opinan que las nuevas disposiciones son positivas aunque consideran complicado que, dada la media actual de plazos de pago, sean pocas las administraciones que se libren de liquidar, además del principal de la deuda y sus intereses correspondientes, los 40 euros de sanción por mora.
 
Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, considera que "el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, estableciendo este régimen sancionador" y de este modo "empezar a corregir y mentalizar a las Administraciones públicas, las primeras que deben dar ejemplo, de la necesidad de quitarse la morosidad como problema y dejar de financiarse a través de los proveedores, tal y como vienen haciendo hasta ahora".
 
Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), opina que "las Administraciones públicas recortarán los plazos de pago muy progresivamente y se irán acomodando y ordenando, según los niveles de contratación y deuda futuros".
 
Otra cuestión que se pone en tela de juicio es la relativa al cumplimiento de plazos e intereses de demora por parte de las empresas privadas. UPTA considera que se debería establecer una fórmula que facilitase el ejercicio de la acción directa contra el contratista principal cuando el intermediario no pague, algo que, por otro lado, ya recoge el Estatuto del Trabajador Autónomo, en su artículo 10.

En palabras de Reyna, todas estas nuevas medidas "vienen bien porque aprietan a las empresas que tienen que pagar a autónomos o pymes subcontratadas, pero la propia posición de debilidad del autónomo queda siempre condicionada por lo que el cliente le pide".
 
Antonio Cañete, secretario general de PIMEC (Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña) afirma que "se han puesto los puntos sobre las íes" y destaca aspectos muy positivos de la transposición. No obstante Cañete matiza que "establecer un régimen sancionador de 40 euros no es suficiente" y considera que España se ha acogido a la base mínima de lo que dicta la normativa europea, ya que ésta permite a los Estados ser más severos en la fijación de las cuantías económicas sancionadoras.
 

Nuevo plan antes del verano
 
El segundo plan de pago a proveedores forma parte de la negociación que el Gobierno mantiene con Bruselas para la flexibilización del objetivo de déficit, por lo que el Ejecutivo ultima el diseño de este nuevo paquete de estímulo a la economía real para saldar las cuentas pendientes y obligar a empresas y Administraciones a que cumplan lo marcado por la ley. Hacienda no ha desvelado sus características, pero sí ha filtrado el importe aproximado del mismo: unos 15.000 millones de euros, cifra que sin embargo debería subir a los 17.000 o los 18.000 millones para poner el contador a cero. Y la intención del Ejecutivo es que se ponga en marcha antes del verano.
 
Una vez que se hayan saldado todas las deudas, el Ejecutivo establecerá un nuevo mecanismo para que los plazos de pago de las Administraciones con sus proveedores no superen en ningún caso los 30 días. Para ello, cualquier pyme o autónomo que no cobre una factura en ese plazo podrá ir a la ventanilla de Hacienda y pedir que se le abone la deuda. Posteriormente, Hacienda se encargará de recuperar el dinero detrayendo su importe de las transferencias que anualmente realiza a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
 
En esos dos meses que previsiblemente quedan para la presentación oficial del nuevo plan de pago a proveedores, el Ejecutivo tendrá que limar algunos aspectos sin detallar y que han sido denunciados insistentemente. Por ejemplo, cómo va a recuperar el dinero de entidades, como hospitales o universidades, a las que no realiza transferencias presupuestarias, cómo va a obligar a las empresas a cumplir los plazos fijados en la ley o qué mecanismo va a establecer para que las grandes contratas estén obligadas a pagar sus deudas a las subcontratas, algo que no sucede ahora.
 
Además de cumplir el plazo de pago de 30 días, el ministro Montoro tiene otro objetivo que no puede saltarse: el tope de déficit público que le marca Bruselas para el año 2013. Este objetivo hoy está fijado en el 4,5%, pero el Gobierno español está negociando con las autoridades europeas una ampliación hasta el 6,3% que figura en el nuevo cuadro macro presentado el pasado viernes. Ese punto y medio de más que Bruselas estaría dispuesta a dar a España está muy ligado a que, de una vez por todas, las Administraciones españolas dejen de guardar facturas en el cajón y se pongan al día de verdad en sus pagos.
 
Pero no todo el margen adicional de déficit iría a pagar a proveedores, ya que la UE también quiere poner fin a las prácticas de factoring y confirming que muchas entidades locales y autonómicas están utilizando para financiarse sin incrementar su déficit, pero que va en detrimento de sus proveedores. El déficit oculto estimado que podría estar detrás de estas prácticas va de 2.000 a 3.000 millones de euros.
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