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La insaciabilidad del capital |
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Primero nos vendieron el denominado “capitalismo popular (la zanahoria), que tenía como fines principales: la liberalización de los mercados -eliminando para ello ciertos monopolios o cuasi monopolios estatales-, la mejora de lo servicios y unos precios más competitivos por la pugna entre empresas. De paso se obtendría dinero fácil, sin tener que aumentar los impuestos para ello, y enjugar el déficit público. A día de hoy, la competencia en algunos sectores en donde hubo empresas privatizadas deja aún mucho que desear tanto en lo referente a servicios como a precios. Lo único que sus beneficios son ya para los accionistas, hasta septiembre las empresas del Ibex han aumentado su beneficio un 33´6%, rozando la friolera de casi 30.000 millones de euros. Esta política privatizadora que produjo el traspaso a manos privadas de todas las empresas públicas rentables –las de todos los ciudadanos-, preparó el terreno para que se originara en cierta medida un cierto interés, hasta el momento muy escaso, por los temas relacionados con el MERCADO-BOLSA a un determinado grupo de ciudadanos. Gran parte de ellos vivieron en primera persona la primera “burbuja especulativa” con sus correspondientes “stocks options” de esta última década. Tras el Crack bursáttil (el palo) protagonizado por las “.com” de principios de milenio, (no olvidemos en nuestro país el caso de TERRA, con su correspondiente traspaso de ingentes cantidades de dinero a financieros sin escrúpulos y procedentes en gran medida del ahorro doméstico) una gran parte de los inversores-ahorradores pusieron sus miras hacia el sector de la construcción residencial por considerarlo seguro y con fuertes perspectivas dados los precios de los alquileres, el descenso del precio del dinero y del incremento de la demanda originada en cierta medida por la evolución de la población inmigrante. Se empezaba a forjar una nueva “burbuja” pero esta vez inmobiliaria y que en la actualidad sigue sin freno. No llega a un año cuando en esta misma tribuna argumentaba que el principal reto de esta legislatura tanto para la izquierda social, como para la política que colaboró definitivamente para favorecer un nuevo gobierno y con él una nueva forma de reparto más justo de la riqueza (la zanahoria) que generamos entre todos y todas en un país que no ha dejado de crecer en los últimos doce años, debería ser la creación cuantitativa de empleo (abordando la necesaria incorporación de mujeres, jóvenes discapacitados e inmigrantes) , que éste fuera de calidad, así como el atajar los elevadísimos niveles de temporalidad y de siniestralidad laboral, que nos hacen estar en estas dos materias en un sitio muy preponderante respecto de los países de nuestro entorno. Pues bien tras la reforma laboral llevada a cabo hace pocos meses, se podría decir que poco, o nada, hemos avanzado, ya que si bien el número de ocupados ha crecido de forma sustancial, derivándose de ello una tasa de paro en mínimos históricos, no menos cierto es que los colectivos más desfavorecidos siguen encontrando trabas para su plena integración en el mercado laboral en unas condiciones mínimamente adecuadas y las tasas de temporalidad y de siniestralidad apenas han variado cuando no crecido, todavía en nuestro país pierden la vida en su puesto de trabajo casi 4 trabajadores cada día como promedio. Únicamente los trabajadores han perdido derechos (el palo), mientras que por el contrario las empresas han sido las mayores beneficiarias de esta reforma, ya que gracias a ésta van a pagar menos cotizaciones, pueden seguir contratando de forma menos comprometida, despedir con menos trabas administrativas y judiciales, y pagar menos indemnizaciones por destruir empleo. Todo ello al tiempo que sus cuentas de resultados están obteniendo los mayores beneficios de la historia. Hecho que se complementa con el dato objetivo relacionado con la pérdida de peso de los salarios a favor del excedente empresarial en el reparto de la participación en la Renta Nacional. Y esto no se debe precisamente a que haya menos renta por repartir. El pasado 14 de noviembre el INE publico el indicador adelantado del Producto Interior Bruto (PIB) referente al III trimestre del presente año, en el que se recogía una suave tendencia alcista hasta el 3,8% de incremento en este periodo, siguiendo de esta forma con la senda de crecimiento económico iniciada hace ya más de una década. Además al socaire de este periodo de crecimiento y de “burbuja inmobiliaria” han ido descubriéndose determinadas tramas corruptas que en unos casos obviamente han influido en los desmedidos precios de la vivienda y en otros han dejado y pueden dejar en la bancarrota (el palo) a un número significativo de ciudadanos, en la mayoría de los casos por haber depositado su confianza en determinados “chiringuitos financieros” que ofrecían unas rentabilidades “atractivas” (la zanahoria) tras los recurrentes descensos en los tipos de interés que sufrió nuestra economía tras la adopción del euro como moneda. Sin que se arreglen los problemas actuales en la principal entidad destinada a su persecución, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), dotándola de los medios técnicos, legales y humanos necesarios y con el justo reconocimiento de la labor que desempeñan sus distintos trabajadores, poco se podrá hacer para desmontar las tramas de corrupción y fraude existente. Los ciudadanos, los trabajadores que pagan religiosamente sus impuestos, no pueden entender que en nuestro país, y según el Banco de España, existan 106 millones de billetes de 500 € (más de 53.222 millones de €) que vienen a suponer más de la cuarta parte de los billetes de este nominal que circulan en la zona euro, obviamente la gran mayoría de estos billetes son para la realización de pagos no sujetos a la fiscalidad del Estado, así como para la ocultación de cierto tipo de actividades ilegales desarrolladas por las distintas mafias afincadas en nuestro país. O que la economía sumergida signifique le 23% del PIB en España, 10 puntos por encima del promedio comunitario, sorprendiéndonos que, después de casi 30 años, no se tenga ninguna estimación oficial del fraude en nuestro país, siendo los estudios de la UE y de otros expertos los que coinciden en situar la economía sumergida en el porcentaje referido. Todo ello, nos hace pensar que tanto la AEAT y el Ministerio de Economía y Hacienda tienen una actitud poco ambiciosa en la prevención del fraude fiscal. Por el lado del impuesto sobre sociedades la rebaja del 35% al 30% del tipo de gravamen general, que hará que el tipo efectivo –actualmente situado en la media europea- pase del 25% al 20%, lo que no ha sido compensado por la desaparición de las deducciones existentes en el impuesto, tal y como era la idea originalmente presentada, al tiempo que “gracias” a la presión y apoyo de CiU se ha acelerado la aplicación en el tiempo de esta rebaja impositiva. Poco tenemos que decir sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria, o al menos no es una prioridad discutirlo, pero por el contrario el límite de gasto no financiero impuesto es una restricción innecesaria provocada por la estructura de los ingresos públicos y la política de disminución de impuestos directos del Gobierno –una política fiscal prudente asegurada por la programación de un superávit presupuestario considerando el ciclo expansivo de la economía en palabras del Ministro Solbes-. Desde nuestro punto de vista esto mismo se puede conseguir con un crecimiento del gasto público superior al crecimiento del PIB, si los ingresos crecen el la proporción precisa. El hecho de que el gasto crezca lo mismo que el PIB nada tiene que ver con la prudencia, más bien la verdadera restricción al crecimiento del gasto y a las políticas públicas viene por el lado de los ingresos, por el recorte de los tributos directos. Es decir, la sostenibilidad de las finanzas públicas es compatible con un volumen superior de gasto público si conseguimos asegurar ingresos públicos suficientes. |
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