Tras el Crack bursáttil (el palo) protagonizado por las “.com” de principios de milenio, (no olvidemos en nuestro país el caso de TERRA, con su correspondiente traspaso de ingentes cantidades de dinero a financieros sin escrúpulos y procedentes en gran medida del ahorro doméstico) una gran parte de los inversores-ahorradores pusieron sus miras hacia el sector de la construcción residencial por considerarlo seguro y con fuertes perspectivas dados los precios de los alquileres, el descenso del precio del dinero y del incremento de la demanda originada en cierta medida por la evolución de la población inmigrante. Se empezaba a forjar una nueva “burbuja” pero esta vez inmobiliaria y que en la actualidad sigue sin freno.
No llega a un año cuando en esta misma tribuna argumentaba que el principal reto de esta legislatura tanto para la izquierda social, como para la política que colaboró definitivamente para favorecer un nuevo gobierno y con él una nueva forma de reparto más justo de la riqueza (la zanahoria) que generamos entre todos y todas en un país que no ha dejado de crecer en los últimos doce años, debería ser la creación cuantitativa de empleo (abordando la necesaria incorporación de mujeres, jóvenes discapacitados e inmigrantes) , que éste fuera de calidad, así como el atajar los elevadísimos niveles de temporalidad y de siniestralidad laboral, que nos hacen estar en estas dos materias en un sitio muy preponderante respecto de los países de nuestro entorno.
Pues bien tras la reforma laboral llevada a cabo hace pocos meses, se podría decir que poco, o nada, hemos avanzado, ya que si bien el número de ocupados ha crecido de forma sustancial, derivándose de ello una tasa de paro en mínimos históricos, no menos cierto es que los colectivos más desfavorecidos siguen encontrando trabas para su plena integración en el mercado laboral en unas condiciones mínimamente adecuadas y las tasas de temporalidad y de siniestralidad apenas han variado cuando no crecido, todavía en nuestro país pierden la vida en su puesto de trabajo casi 4 trabajadores cada día como promedio.
Únicamente los trabajadores han perdido derechos (el palo), mientras que por el contrario las empresas han sido las mayores beneficiarias de esta reforma, ya que gracias a ésta van a pagar menos cotizaciones, pueden seguir contratando de forma menos comprometida, despedir con menos trabas administrativas y judiciales, y pagar menos indemnizaciones por destruir empleo. Todo ello al tiempo que sus cuentas de resultados están obteniendo los mayores beneficios de la historia. Hecho que se complementa con el dato objetivo relacionado con la pérdida de peso de los salarios a favor del excedente empresarial en el reparto de la participación en la Renta Nacional.
Y esto no se debe precisamente a que haya menos renta por repartir. El pasado 14 de noviembre el INE publico el indicador adelantado del Producto Interior Bruto (PIB) referente al III trimestre del presente año, en el que se recogía una suave tendencia alcista hasta el 3,8% de incremento en este periodo, siguiendo de esta forma con la senda de crecimiento económico iniciada hace ya más de una década.
Crecimiento que se ha sostenido en gran medida por los grandes flujos de dinero procedentes de la UE, el consumo interno y el sector de la construcción con su especulación y “burbuja inmobiliaria” (la zanahoria) que obviamente ha encarecido artificialmente y de forma desmedida el precio de la vivienda, viéndose afectadas con ello las familias trabajadoras que ante el elevado precio del alquiler y las “a priori” facilidades concedidas por las entidades financiera para conseguir dinero barato, se han endeudado hasta niveles que dan escalofrios mediante la compra de viviendas en un periodo de plena efervescencia especuladora. Ciudadanos que ya compraron sus viviendas por encima del precio real, y que ahora ven como sus encarecidas hipotecas aumentan aún más sus costes dada la subida de los tipos de interés (el palo). Situación que de prolongarse y de no adoptar medidas al respecto puede dar origen a un aterrizaje brusco del sector, que junto a una caída del consumo de las familias y por tanto del agregado frenaría de forma negativa el crecimiento económico y con ello el empleo.
Además al socaire de este periodo de crecimiento y de “burbuja inmobiliaria” han ido descubriéndose determinadas tramas corruptas que en unos casos obviamente han influido en los desmedidos precios de la vivienda y en otros han dejado y pueden dejar en la bancarrota (el palo) a un número significativo de ciudadanos, en la mayoría de los casos por haber depositado su confianza en determinados “chiringuitos financieros” que ofrecían unas rentabilidades “atractivas” (la zanahoria) tras los recurrentes descensos en los tipos de interés que sufrió nuestra economía tras la adopción del euro como moneda.
Tramas que por otro lado deben de tener ya una cierta antigüedad en determinados casos, aunque otras puedan ser relativamente recientes. En todo caso seguramente su descubrimiento no este dejando indiferente a la ciudadanía provocando su indignación al ponerse de manifiesto, tanto la falta de eficiencia y de medidas adecuadas , como el escaso control que muestran al respecto las autoridades competentes en la materia en lo referente a la persecución y erradicación de las prácticas corruptas o fraudulentas.
Para colmo el Gobierno presentó sendos proyectos de ley de prevención del fraude fiscal y de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades bajo la máxima de reducción impositiva –se conoce que esta medidas deben de vender mucho de cara a posibles futuros votantes- , aprobados ambos recientemente por el Congreso de los Diputados y que dejó en la cuneta a las fuerzas progresistas de este país que se esforzaron por presentar una serie de propuestas alternativas que contrarrestrarán los propósitos del Gobierno al apoyarse éste para su aprobación en los partidos de la derecha.
En cuanto a las medidas para prevenir, que no eliminar, el fraude fiscal, podríamos decir que han quedado lejos de convertirse en las necesarias para reducir el fraude, el blanqueo de capitales y la economía sumergida, al ser insuficientes y encontrarse, en cierta forma, anquilosadas en las estructuras inspectoras existentes. Veremos sus efectos a medio plazo.
Sin que se arreglen los problemas actuales en la principal entidad destinada a su persecución, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), dotándola de los medios técnicos, legales y humanos necesarios y con el justo reconocimiento de la labor que desempeñan sus distintos trabajadores, poco se podrá hacer para desmontar las tramas de corrupción y fraude existente.
Los ciudadanos, los trabajadores que pagan religiosamente sus impuestos, no pueden entender que en nuestro país, y según el Banco de España, existan 106 millones de billetes de 500 € (más de 53.222 millones de €) que vienen a suponer más de la cuarta parte de los billetes de este nominal que circulan en la zona euro, obviamente la gran mayoría de estos billetes son para la realización de pagos no sujetos a la fiscalidad del Estado, así como para la ocultación de cierto tipo de actividades ilegales desarrolladas por las distintas mafias afincadas en nuestro país. O que la economía sumergida signifique le 23% del PIB en España, 10 puntos por encima del promedio comunitario, sorprendiéndonos que, después de casi 30 años, no se tenga ninguna estimación oficial del fraude en nuestro país, siendo los estudios de la UE y de otros expertos los que coinciden en situar la economía sumergida en el porcentaje referido.
En la misma dirección, no es fácil entender que se blanquee en nuestro país, sólo por el narcotráfico, alrededor de 7.500 millones de € al año, ni que el 90% de las promotoras inmobiliarias acepten dinero negro y un 60% de ellas incluso lo exijan como requisito a la hora de la compra de una vivienda. No se entiende que unas 57.000 empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de € no puedan ser investigadas por falta de medios o por deficiente organización de los que existen.
Todo ello, nos hace pensar que tanto la AEAT y el Ministerio de Economía y Hacienda tienen una actitud poco ambiciosa en la prevención del fraude fiscal.
En cuanto al contenido de la reforma fiscal, en vez de consolidar, en el caso del IRPF, un impuesto sintético en donde todas las rentas pasaran a formar parte de la misma base imponible con la aplicación de una tarifa más progresiva que la existente, se consolida por el contrario un impuesto de carácter dual y con un único tipo para las rentas del capital. Progresividad para los rendimientos del trabajo y proporcional y único para los de capital. Una grave injusticia social. Una vez más los mayores beneficiarios vuelven a ser los mismos que con las anteriores reformas fiscales practicadas con el Partido Popular, esto es, los ciudadanos con rentas más elevadas, los que obtienen rentas del capital y las empresas.
Por el lado del impuesto sobre sociedades la rebaja del 35% al 30% del tipo de gravamen general, que hará que el tipo efectivo –actualmente situado en la media europea- pase del 25% al 20%, lo que no ha sido compensado por la desaparición de las deducciones existentes en el impuesto, tal y como era la idea originalmente presentada, al tiempo que “gracias” a la presión y apoyo de CiU se ha acelerado la aplicación en el tiempo de esta rebaja impositiva.
El coste de esta reforma fiscal para las arcas del Estado en el momento que se consoliden las medidas adoptadas será superior a los 6.000 millones de euros al año, principalmente como resultado de la menor aportación de los rendimientos del capital financiero y empresarial al sostenimiento del gasto público.
Podemos permitirnos el lujo de renunciar a esos recursos potenciales y hacer más regresivo nuestro sistema fiscal?. Nosotros creemos que no.
El hecho de que la presión fiscal en nuestro país era en 2005 muy inferior a la media de la UE-15 (5,1 puntos de diferencia), y el que la actual coyuntura y la expansión nominal del PIB estén sirviendo para alimentar los ingresos públicos, no nos hace olvidar las necesidades de gasto público precisas para contribuir a mejorar la productividad de nuestra economía reorientando el modelo productivo, apostando por la innovación y la formación, y potenciando la cohesión social y territorial.
Además la brecha en presión fiscal tiene una correlación inmediata en la brecha de protección social que mantenemos con las economías más avanzadas de Europa. En este punto no esta de más recordar que en el programa electoral del PSOE de las últimas elecciones generales se aseguraba la necesidad de converger progresivamente con los niveles medios europeos en gasto social per-capita, cuestión que compartimos porque en los últimos años se ha producido una divergencia social con relación a la UE-15. Al final lo que parece derivarse es que el Ministro de Economía espere converger en esta materia, no porque desde nuestro presupuesto se apueste por ello, sino más bien porque las previsibles políticas a aplicar por nuestros socios comunitarios sean restrictivas al respecto.
En la misma dirección y desde nuestro punto de vista, la rebaja impositiva (transferencia de renta desde el sector público al privado) es doblemente improcedente cuando hoy el debate sobre la financiación autonómica adquiere una importancia capital, dado que todas las Administraciones consideran insuficientes los recursos públicos disponibles y el IRPF es una figura impositiva clave para la autonomía fiscal de las CC,AA. No se entiende muy bien cómo el Gobierno puede reclamar al resto de Administraciones mayor corresponsabilidad fiscal para financiar políticas como la sanidad o la educación, rebajando el tramo estatal del tributo.
A este hecho hay que añadir los objetivos de estabilidad presupuestaria para el trienio 2007-2009 aprobados por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de mayo en donde se fijan para el conjunto del Sector Público, un superávit del 0,7% del PIB para 2007, y del 0,8% para 2008 y 2009. El Estado y sus Organismos presentan un superávit del 0,2% en los tres años, la Seguridad social un superávit del 0,7% en 2007 y del 0,6% en 2008 y 2009, y las CC.AA. y Entes Locales un ligero déficit del 0,1% en 2007 y equilibrio presupuestario en 2008 y 2009.
Por su parte, se establece el límite de gasto no financiero en los PGE para 2007 en 142.925,69 millones de €, lo que representa un aumento nominal del 6,7%, respecto de los presentes. Es decir, el gasto público crecerá de forma similar al crecimiento nominal de la economía manteniendo de esta forma congelada su participación en el PIB.
Poco tenemos que decir sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria, o al menos no es una prioridad discutirlo, pero por el contrario el límite de gasto no financiero impuesto es una restricción innecesaria provocada por la estructura de los ingresos públicos y la política de disminución de impuestos directos del Gobierno –una política fiscal prudente asegurada por la programación de un superávit presupuestario considerando el ciclo expansivo de la economía en palabras del Ministro Solbes-. Desde nuestro punto de vista esto mismo se puede conseguir con un crecimiento del gasto público superior al crecimiento del PIB, si los ingresos crecen el la proporción precisa.
El hecho de que el gasto crezca lo mismo que el PIB nada tiene que ver con la prudencia, más bien la verdadera restricción al crecimiento del gasto y a las políticas públicas viene por el lado de los ingresos, por el recorte de los tributos directos. Es decir, la sostenibilidad de las finanzas públicas es compatible con un volumen superior de gasto público si conseguimos asegurar ingresos públicos suficientes.
Así no puede continuar esta legislatura. No se van a solucionar los problemas de nuestro país reduciendo los márgenes de maniobra en materia fiscal o no siendo lo suficientemente ambiciosos a la hora de abordar el fraude fiscal. Los cambios que necesitamos, los que se han prometido a la sociedad, han de traducirse en potenciar y financiar suficientemente el equilibrio territorial, en mejorar de manera estructural nuestra protección social, en conseguir un modelo productivo más sólido que genere empleo de calidad, que sea eficiente desde el punto de vista energético y ambiental, y que apueste por la I+D+i y por una política industrial propia sostenible y solvente.
En definitiva, las palabras con las que finalizaba hace ya casi un año un artículo en esta misma tribuna siguen estando plenamente en vigor. El Gobierno debe dar un giro a lo social y un compromiso por el empleo decente como eje básico de un país moderno, solidario y comprometido con todas y todos sus ciudadanos, capaz de redistribuir con justicia y sentido común la riqueza que genera. Aún queda trabajo por hacer.
