22 de septiembre de 2019, 19:29:04
Economía

El Plan Antifraude recoge medidas para impedir declararse insolvente


'Toma el dinero y corre', o declararse insolvente, más difícil con Montoro

> Los delitos fiscales no prescribirán

Por Diariocrítico

Parafraseando a Woody Allen y su película, la estrategia  de 'Toma el dinero y corre', va a ser un poco más difícil desde ahora, si el Plan de Lucha Antifraude ideado por el ministro de Hacienda llega a término. Se acturará en tres frentes: con la limitación de uso del efectivo, un mayor control del dinero en el extranjero, y la prohibición del levantamiento de bienes, lo que en la práctica supondrá impedir las declaraciones de insolvencia para evadir los pagos.

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La vicepresidenta ha señalado que en los tribunales españoles hay expedientes fiscales abiertos por 6.000 millones pendientes de cobro, para argumentar la necesidad de perseguir el fraude con intensidad. Así, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal hará posible aumentar la capacidad de recaudación en un momento de crisis y permitirá ayudar a controlar el déficit.

El Gobierno ha anunciado este viernes que se tomarán medidas cautelares para evitar que los defraudadores que no paguen a Hacienda se declaren en insolvencia o traten de llevar a cabo un alzamiento de bienes con vistas a eludir su responsabilidad con la Agencia Tributaria y la "imprescriptibilidad de las rentas no declaradas". El objetivo es aumentar la capacidad cautelar de la Agencia Tributaria, para evitar que cuando se lleva al defraudador hayan desaparecido los bienes.

Según ha explicado Montoro, el objetivo de estas medidas es "evitar que, al final del proceso de inspección fiscal no se encuentre nada por que se han levantado bienes y ha desaparecido la sociedad". Por este motivo, ha añadido, se procederá a realizar embargos preventivos sobre los supuestos defraudadores y las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos.

Con el mismo fin, el Gobierno prohibirá operaciones con inmuebles de aquellas sociedades que estén bajo investigación o la inclusión del sujeto pasivo afectado en transacciones inmobiliarias, y además potenciará la figura del inspector. Para ello, establece un régimen sancionador "duro y estricto", según Montoro, que va de un mínimo de 1.000 a 100.000 euros por obstaculizar la labor de la inspección. En el caso de las empresas, el rango se amplía a entre 3.000 y 600.000 euros.

La medida está incluida en el anteproyecto del plan de fraude fiscal que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y con el que pretende recaudar 8.171 millones de euros este año para aliviar el déficit público. Sobre este punto, sin embargo, Montoro ha recordado que la previsión de potenciales ingresos no está incluida en los presupuestos con vistas a reforzar la credibilidad de las cuentas públicas. Aunque "seguro que se recauda más", ha añadido el ministro.

La prohibición de las operaciones en efectivo superiores a 2.500 euros para empresarios y autónomos y la obligación de declarar las cuentas bancarias abiertas en el extranjero son otras dos de las medidas del programa. El plan se complemente con la primera amnistía fiscal aprobada en España desde comienzos de los años noventa. Los defraudadores que saquen a la luz su dinero negro podrán hacerlo pagando como sanción un 10% de lo regularizado.

Una de las medidas del plan contra el fraude avanzadas esta semana por el Gobierno se centra en perseguir los billetes de 500 euros, que suponen un 70% del efectivo en circulación y son los preferidos de la economía sumergida. Así, los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en los que intervenga un empresario profesional tendrán que realizarse a partir de ahora mediante tarjeta o con una transferencia bancaria. De lo contrario, los infractores se enfrentarán a una multa del 25% de la cuantía del pago.

No obstante, si una de las partes lo denuncia ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes al pago, Hacienda no aplicará la sanción a la parte que lo haya comunicado. Asimismo, tanto pagador como receptor responderán de manera solidaria por la multa del 25% y esta no eximirá de otros delitos que puedan ser detectados, como facturas falsas o rentas no declaradas, entre otras cosas.

La medida está inspirada en las limitaciones para el pago en efectivo vigentes en Italia (1.000 euros) y Francia (3.000 euros para profesionales y 1.500 euros para el abono de salarios), desde 2011 y 2010, respectivamente. Para algunos expertos, España debería fijar el límite también en los 1.000 euros.

Con el plan de lucha contra el fraude, el Gobierno pretende recaudar hasta 8.171 millones en 2012, que ayudarán a cumplir el objetivo de déficit impuesto por Bruselas (5,3% del PIB este año y 3% del PIB en 2013).

Declaración de cuentas

El Gobierno confirma que obligará a declarar las cuentas y valores situados en el extranjero. La Agencia Tributaria habilitará un modelo para ello.La sanción para los que incumplan la norma será del 25% de la cuantía del pago, según Montoro. La limitación no se aplicará a los particulares ni a las operaciones con los bancos

Según las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012 publicadas en su día por el Gobierno, la Agencia Tributaria situará en su punto de mira a deportistas y artistas, a las importaciones procedentes de Asia y a las operaciones con pago en metálico de elevado importe como objetivos prioritarios dentro de la lucha contra el fraude fiscal.

En concreto, Hacienda explicó que, en el marco de este plan, se hará "especial hincapié" en las conductas fraudulentas que generan "alarma social". En este contexto, perseguirá el empleo de facturas falsas para reducir el pago de impuestos y los "entramados" societarios de los que se sirven profesionales, artistas y deportistas "para deducirse, indebidamente, sus gastos particulares".

Dentro de la economía sumergida, los planes de Hacienda priorizan también las emisiones de facturas falsas irregulares, en especial, de los contribuyentes que tributen en régimen de estimación objetiva, así como los tramos de fraude de IVA en operaciones intracomunitarias.


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