15 de diciembre de 2019, 11:40:47
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Enrique Iglesias


Iberoamérica: los desafíos de la cohesión social



Ahora que estamos tan cerca de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Santiago de Chile, 8-10 de noviembre), es justo decir que América Latina se encuentra en una buena situación para enfrentar algunos de sus retos más acuciantes, aquéllos que apuntan a construir sociedades más cohesionadas e incluyentes.

Hace varios años que los países Iberoamericanos crecen por encima del 4 %, una tasa aún insuficiente pero que ha permitido generar nuevos empleos y afianzar a una clase media numerosa, esencial para la cohesión de nuestras sociedades. Más allá de las diferentes opciones políticas que conforman los Gobiernos de la región, hay algunas medidas macroeconómicas, como el control de la inflación y del déficit presupuestario, que son ya parte indiscutible del manejo de nuestras economías y que han contribuido a su estabilidad.

Todo ello, unido al despliegue durante estos años de programas sociales renovados y mejor dotados financieramente, ha permitido reducir la pobreza hasta el 38.5 % actual e incluso iniciar un ligero descenso de la desigualdad en algunos países Iberoamericanos. Aún así, 205 millones de personas viven en la pobreza y, de entre ellos, 79 millones lo hacen en la indigencia. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Ambos factores, pobreza y desigualdad extrema, constituyen realidades inaceptables y, por lo tanto, son los principales desafíos que deben ocupar nuestro quehacer.

A estos retos nos hemos dedicado durante este año desde la Secretaría General Iberoamericana. Hemos producido estudios y propuestas y organizado una serie de seminarios en los que Gobiernos, académicos, empresarios y organizaciones sociales de nuestra región han discutido sobre las mejores políticas para hacer frente a estos desafíos mediante una serie de acuerdos básicos que deben facilitar su puesta en práctica efectiva.

El primero de ellos es que no existe una dicotomía entre crecimiento y distribución. Crecer es necesario. Hacerlo con equidad es lo justo y lo que mejor garantiza la estabilidad y la sostenibilidad del propio crecimiento. En este marco, caben pocas dudas acerca de la importancia que tiene la creación de empleo decente y de calidad en el desarrollo de sociedades más cohesionadas. La inclusión en la economía formal de los numerosos empleos informales, mejorando así la protección y las cotizaciones, y una educación ocupacional de calidad para los jóvenes son dos prioridades que deben ser abordadas por los Gobiernos y por los representantes de empresarios y sindicatos en nuevos ámbitos de diálogo social.

Inversión y comercio son necesarios para crecer y crear puestos de trabajo, por lo que debemos facilitar la inversión y llevar las preocupaciones sobre la inequidad y la cohesión social a las negociaciones internacionales, en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o de los acuerdos de asociación, insistiendo en que el proteccionismo comercial tiene un impacto negativo sobre el empleo.

Tampoco  hay  dudas sobre la necesidad de asegurar el derecho a la salud, la educación y la protección social como pilares de la cohesión. Para ello hacen falta políticas públicas bien dotadas y eficaces que aseguren la calidad de las prestaciones y sean transparentes en su gestión y progresivas en su gasto. Para lograr la adecuada rectoría pública de estas políticas debemos fortalecer la capacidad reguladora y administrativa de las instituciones del Estado que operan en estos campos, derivándose  de todo ello una mayor legitimidad del gasto público, especialmente en el sector social.

Como hemos mencionado, en la mejora de los indicadores de pobreza han jugado un papel relevante los numerosos programas sociales que ya existen y que están dirigidos a la población empobrecida de nuestros países. Sin embargo, estos programas, buenos para luchar contra la pobreza, tienen un limitado alcance cuando se trata de avanzar hacia sociedades más cohesionadas. Las políticas que promueven la cohesión social engloban aquellas que luchan contra la pobreza, pero van más allá porque apuntan a la universalización y la extensión de los servicios sociales a partir de unos mínimos de calidad aplicables a todos.

Servicios y políticas sociales que deben ser financiados, al igual que otras áreas imprescindibles para el desarrollo, como las infraestructuras o la seguridad. Sin embargo, resulta difícil hacerlo en una región cuyo ingreso fiscal medio se encuentra en el entorno del 18 %, recaudado sobre todo a través de impuestos indirectos, con el carácter regresivo que éstos implican. Es urgente que se refuercen las administraciones tributarias para recaudar lo que ya es de ley, luchando contra el fraude y la evasión fiscal. Y también que promovamos pactos fiscales en donde los principales actores sociales y económicos planteen sus expectativas y prioridades en relación con las políticas públicas, así como sus compromisos en relación con el nivel y el tipo de los impuestos para financiar las mismas. Una vez más, estamos convencidos de que es posible acordar y poner en marcha un marco fiscal renovado que no sólo no frene el crecimiento, sino que contribuya a que éste sea duradero y equitativo.

Pacto fiscal y diálogo social entre empresarios y sindicatos para impulsar la agenda laboral son componentes cruciales de lo que sería un Contrato por la Cohesión Social en forma de gran acuerdo, adaptado a la situación de cada país y logrado a través del diálogo y del compromiso entre fuerzas políticas, sociales y económicas. Un Contrato basado en los derechos y las obligaciones de todas las personas y grupos sociales que apuestan por poner en común sus intereses y también sus responsabilidades a la hora de construir sociedades más cohesionadas (y, por tanto, más seguras y democráticas), formadas por ciudadanos que se sienten parte de un proyecto común.

A esta importante agenda van a dedicar sus energías los Jefes de Estado y de Gobierno en la próxima Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile con el propósito de impulsar las políticas sociales y promover en el futuro acuerdos por la Cohesión Social. Esperamos que esta cita constituya un impulso a la voluntad política de los Gobiernos y de los actores sociales y económicos, y que alumbre realizaciones concretas y tangibles para nuestra población. Un ejemplo es, desde luego, el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que será adoptado por la Cumbre y que garantiza algo tan importante para el trabajador como que el tiempo de cotización en cualquier país iberoamericano sea valido para el cómputo total de su pensión.

Estoy convencido de que la Cumbre de Santiago mostrará el compromiso de nuestros líderes en promover sociedades cohesionadas y nos permitirá avanzar en la construcción de una Comunidad Iberoamericana orientada al futuro, desde nuestros valores de identidad, solidaridad y desarrollo.

Por Enrique V. Iglesias
Secretario General Iberoamericano

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