24 de enero de 2020, 10:17:57
Economía

Los tribunales saturados por demandas


Un año de reforma laboral: aumenta la sangría del paro con despidos muy baratos, más flexibilidad y salarios que apenas crecen

Por R.A. Gutiérrez

Fue la primera gran reforma de las anunciadas por el gabinete de Mariano Rajoy. Un cambio jaleado desde las instituciones europeas, los grandes organismos internacionales como el FMI o la OCDE y la patronal. Desde fuera, España se ve como el país desarrollado del mundo al que azota con más dureza el drama del paro. El Gobierno aprobó el 10 de febrero de 2012 la reforma laboral con dos objetivos: crear trabajos y frenar la destrucción de empleo. El primero ha fracasado y sobre el segundo planean dudas. Hay más parados, record tras record mes a mes, pero también se ha ganado flexibilidad a costa de reducir salarios. La conflictidad laboral también crece a marchas forzadas mientras los juzgados están saturados por demandas laborales.


España acabó 2012 con una tasa de paro histórica. El 26% de las personas en edad de trabajar no pueden hacerlo y el 55% de los jóvenes sigue buscando una oportunidad. 2012 fue el peor año para el empleo desde 2009. Se destruyeron 850 mil contratos y se añadieron 691 mil parados a la larga lista de 5.965.000, según los datos de la última EPA. Cifras que evidencian el fracaso del primer objetivo del Gobieno cuando aprobó la reforma.
 
"Ninguna ley puede crear empleo por si sóla cuando la economía está en recesión" se avinieron a reconocer pocos meses después los ministros y el presidente del Gobierno. Y, en efecto, España ha sufrido el peor año de crisis, en términos de crecimiento, desde 2009. El PIB cayó el año pasado un 1,3%, frente al +0,4% de 2011 y al -0,3% de 2010. Según cálculos del Ministerio de Economía, el mercado laboral ha ganado elasticidad. Esto significa, en palabras del ministro Luis de Guindos, que sin la reforma se habrían destruído el doble de empleos. Algo difícil de corroborar. En cualquier caso, en 2012 el porcentaje de empleos perdidos por cada punto de caída del PIB ha sido de 3,5 puntos. En 2009, cuando la economía se desplomó un 3,7%, fue de 1,6 puntos.
 
Juan Iranzo, presidente del Colegio de Economistas de Madrid, defiende la tesis del Ejecutivo. "La reforma laboral ha evitado más destrucción de empleo gracias al aumento de la flexibilidad y la devalución de precios y salarios". Según Iranzo "el ejemplo de Ford, que ha abandonado otros países para aumentar su producción en España, pone de manifiesto que vamos por el buen camino". Además, añade que "lo mejor de la reforma es que cuando crezcamos se reducirá la brecha, que hasta ahora existía, entre el aumento necesario del PIB que garantiza esa generación de empleo neto".
 
Flexibilidad y salarios
 
El Gobierno ha repetido constantemente que la reforma convertiría el despido en el último recurso. Algunos datos le dan razones para el optimismo. Entre enero y noviembre los EREs de suspensión o reducción de jornada han aumentado un 53 por ciento, unos 338.000 trabajadores en 2012.
 

Los salarios, vía para ganar competitividad de forma rápida, también se han reducido. Aunque aquí se ha contado con un poderoso aliado. El acuerdo de negociación colectiva que empresarios y sindicatos pactaron en enero, que según las centrales "ha sido despreciado por el Ejecutivo". Entre enero y noviembre, último dato disponible, el aumento salarial pactado en los convenios ha sido del 1,31% frente al 2,48% de 2011. Más llamativo es el caso de los convenios de nueva firma, donde se ha bajado en un año del 1,58% al 0,59%. Y eso con una inflación creciente que cerró diciembre en el 2,9%. Algunos expertos calculan que una rebaja de salarios del 10% evita un 20% de despidos.
 
"La reforma laboral es ambivalente", considera el catedrático de la Universidad Complutense Antonio González. "Por una parte potencia medidas alternativas al despido, pero también da facilidades reduciendo las indemnizaciones y desjudicializando la negociación colectiva". En efecto, desde hace un año los empresarios pueden despedir con una indemnización de 20 días por año, y un máximo de 12 mensualidades, si tienen pérdidas o una disminución de ingresos y ventas durante tres trimestres seguidos.
 
Papeleta en los juzgados
 
Al igual que los EREs de reducción y suspensión, los despidos colectivos se han multiplicado. Entre enero y noviembre los expedientes de extinción han aumentado un 18%. El número de trabajadores afectados ha pasado de 57 mil a 68 mil, la cifra más alta en la última década. Al mismo tiempo, la conflictividad se ha disparado. El número de jornadas perdidas por huelga, sin contar los dos paros generales, ha crecido un 87%.
 
El número de convenios firmados también ha caído, pasando de 4.300 en 2011 a 2.600 el curso pasado. Esto se traduce en tres millones y medio de trabajadores menos bajo el amparo de un convenio. La razón hay que buscarla en la desaparición de la ultraactividad, que permitía la prolongación automática con las mismas condiciones si las partes no acordaban la renovación. Ahora esa ultraactividad se limita a un año y, sin acuerdo, hay que empezar a negociar desde cero.
 
En los tres primeros trimestres del año pasado 100.000 trabajadores denunciaron a sus empresas ante los tribunales, un 30% más. Y ya varias sentencias han tumbado los ERE por no estar debidamente justificados. Los tribunales han dejado claro que la documentación para justificar un despido por causas económicas debe reflejar con fidelidad la situación de la empresa. No valen unas cuentas provisionales si difieren del resultado definitivo y auditado, como ha dictado el Tribunal Superior de Madrid contra la empresa de telemarketing GSS. Tampoco aceptan que se intente echar a trabajadores a la calle y se contrate al mismo tiempo, como hizo GSS. Ni toleran que una empresa extinga contratos durante la vigencia de un ERE de suspensión de empleo en el que se ha comprometido a no despedir, como ha hecho M.S.A.
 
Pero si hay una frontera clara sobre los despidos colectivos es la que marcó el Tribunal Superior madrileño, que definió con claridad qué es una regulación de empleo en su fallo contra GSS: "Los ERE son un coste social para ayudar a empresas en crisis o con dificultades de productividad que afectan a su supervivencia. No son ni deben ser un medio de destrucción de trabajo para generar más riqueza ni beneficio al empresario que no está en crisis ni tiene dificultades reales".
 
Para Juan Antonio Sagardoy, presidente del prestigioso bufete Sagardoy Abogados, "estamos pagando la experiencia de una normativa radicalmente distinta". En su opinión "no es nada positivo que la autoridad laboral no intervenga en el proceso porque es más fácil entenderse con un inspector que con un juez que, a la mínima y por un fallo en el proceso, declara el despido nulo".
 
Oportunidades para jóvenes
 
La reforma introdujo un tipo nuevo de contrato. Es el contrato de emprendedores, dirigido a jóvenes y con un periodo de prueba de un año sin indemnización. El año pasado se firmaron 82.000, dos de cada tres fueron para chicos sin apenas estudios. Precisamente ahora se empieza a cumplir ese año de prueba, momento para comprobar si cuaja como empleo indefinido o ha sido una manera de cubrir un puesto a coste de despido cero.
 
El Gobierno, agobiado por la alarma que ahora por fin ha despertado nuestro paro juvenil en las instituciones europeas, ultima la estrategia de empleo y emprendimiento juvenil. Un plan que contendrá rebajas de cuotas para los autónomos y bonificaciones a la contratación.
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