2 de diciembre de 2020, 16:24:06
Nacional

La vicepresidente responde a Rubalcaba: su medida es peor que la del Ejecutivo


El Gobierno quiere llevar al Constitucional la expropiación de viviendas a los bancos

Sobre los escraches: "Mi casa es mi vida personal y, sobre todo, es mi familia"

Por Manuel Ángel Menéndez

El decreto que permite a la Junta de Andalucía expropiar a los bancos las viviendas que estos quieren 'expropiar' a su vez a los ciudadanos será llevado, con toda probabilidad, al Tribunal Constitucional, lo que conllevaría su inmediata paralización. Eso es lo que quiere el Gobierno, y eso es lo que están estudiando los Ministerios de Fomento y de Justicia. Así lo ha reconocido la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que ha cargado contra Rubalcaba asegurando que el decreto aprobado por el Gobierno para evitar desahucios es mejor y 'más social' que el que ha aprobado por el socialista Griñán en Andalucía.


La medida de la Junta de Andalucía de expropiar las viviendas a los bancos que quieran desahuciar a personas con riesgo de exclusión social cogió de improviso al Gobierno de Mariano Rajoy, pero ya está reaccionando: la idea es llevar el decreto de José Antonio Griñán al Tribunal Constitucional, lo que conllevaría su inmediata paralización. El cómo llevarlo, con qué argumentos jurídicos, es lo que están estudiando los Ministerios de Fomento y de Justicia, implicados en este asunto.

En todo caso, ese decreto andaluz no ha gustado nada al Gobierno, ni mucho menos la estrategia del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de recoger el texto íntegro aprobado por la Junta de Andalucía autorizando las expropiaciones forzosas y presentarlo como enmienda del proyecto de Ley Antidesahucios que actualmente está en tramitación parlamentaria.

Como no ha gustado nada, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha arremetido contra la medida anunciada por la Junta andaluza asegurando que el decreto-Ley antidesahucios aprobado hace unas fechas por el Gobierno central, que impide el lanzamiento de personas desahuciadas y en riesgo de exclusión social por dos años, es 'mucho mejor' que lo que propone la Junta de Andalucía.

Desde Moncloa, Sáenz de Santamaría ha dicho este viernes que lo aprobado por la Junta andaluza no es más que "un titular", algo que no es efectivo porque España es un país muy garantista y las expropiaciones pasan por un complicadísimo proceso que lleva años ejecutarlas.

Además, ha hecho mucho hincapié la vicepresidenta en el hecho de que la Junta prevé que el 25 % del justiprecio de la expropiación del piso al banco lo paguen los inquilinos, mientras que el Real Decreto aprobado por el Gobierno paraliza por dos años el lanzamiento -eufemismo para significar que se trata de echarles de su casa por las buenas o por las malas- y que además no hay que pagar ni un euro en esos dos años.

Con esos antecedentes, la vicepresidenta se ha formulado la siguiente pregunta retórica: "¿Qué añade la Junta de Andalucía?". Nada, según el Gobierno central, desde donde se recalca que "nos consta que tienen [en la Junta] viviendas de protección social vacías". Lo cierto es que en toda España se calcula que hay más de seis millones de viviendas vacías.

La casa es la casa

Por cierto, que hablando de casas, la vicepresidenta del Gobierno se ha mostrado excepcionalmente sensible con la suya propia, donde hace una semana ella y su familia recibieron la visita de los 'escraches'. Como consecuencia de esa visita fueron identificadas 30 personas, de las cuales un buen número tienen abierto un procedimiento administrativo para pagar una sanción que oscila más o menos entre los 300 y los 1.500 euros.

Por esa acción se le preguntó a la vicepresidenta en dos ocasiones. En la primera respondió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presente en esta rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, quien dijo que había estado en permanente contacto telefónico con Sáenz de Santamaría y que "lamenté de manera muy especial que eso lo viviera su hijo pequeño Iván". El ministro confirmó la sanción administrativa por faltas contra dos leyes orgánicas: la de Reunión y la de Seguridad Ciudadana, salvo que se abriera un proceso penal.

A la segunda pregunta al respecto respondió la vicepresidenta con una larga parrafada sobre los escenarios donde a ella se le debe preguntar, o interpelar, que son o en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros o en el Congreso de los Diputados, pero no en su casa. Lo dijo así: "Mi casa es otro terreno, es mi vida personal y, sobre todo, es mi familia".

Efectivamente, la casa de una familia es de lo más importante que hay en la vida.
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