16 de diciembre de 2019, 0:51:21
Economía

Los efectos de la reforma laboral


Y llegó el día: 1,8 millones de trabajadores se quedan sin su convenio laboral desde este lunes

Por R.A. Gutiérrez

Un año entero avisando y, al final, a 1.800.000 trabajadores les puede coger el toro. El Gobierno puso la primera piedra con la reforma laboral de febrero de 2012 y la norma acabó de concretarse en julio pasado. El objetivo era ganar flexibilidad, obligar a empresarios y trabajadores a buscar nuevos marcos para adaptarse a la coyuntura de crisis. Pero poner el mango de la sartén en manos de los empresarios está causando efectos colaterales muy graves: más de 1.300 convenios en el aire. Así las cosas, el Ejecutivo está muy preocupado y hace llamamientos a la paz. En esta particular batalla, mientras los sindicatos ponen el grito en el cielo, los empresarios muestran una extraña calma.


Ha vencido el plazo de un año dado en la reforma laboral para la prórroga automática de los convenios colectivos. Es el final de la llamada ultraactividad. Este lunes 8 de julio decaerán unos 1.320 convenios colectivos pendientes de renovación y denunciados, que afectan a 1,8 millones de trabajadores. Esto significa que los convenios pueden desaparecer y las condiciones de trabajo de los afectados, incluidos los salarios, quedarían, si así lo reclaman las empresas, reguladas por los convenios de ámbito superior, si existen, o por el Estatuto de los Trabajadores.
 
A fecha de diciembre del año pasado estaban en esta situación 3.069 convenios, que afectaban a 5,4 millones de trabajadores. Los sindicatos achacaban entonces la causa del bloqueo a la intención de los empresarios de ganar tiempo y evitar así la actualización de los salarios. En 6 meses la problemática ha mejorado, pero más de un 40% siguen en peligro.
 
Hasta la reforma laboral, la ultraactividad podía ser indefinida. Salvo pacto en contrario, un convenio continuaba vigente mientras no se uno aprobara el nuevo que lo sustituyera. En cambio, el límite a la ultraactividad es ahora una herramienta que pueden utilizar los sectores y las empresas cuando no existe acuerdo y un mecanismo de presión sobre los comités de empresa.
 
Los sindicatos y la patronal firmaron un acuerdo para instar a que, en los convenios colectivos donde se haya detectado un bloqueo, se recurra a los mecanismos de solución autónoma de conflicto. O bien a pactar una prórroga para seguir negociando a partir del 8 de julio.
 
Aún así, los servicios jurídicos de los sindicatos no tienen del todo claro lo que pueda pasar a partir del lunes y destacan la enorme complejidad de la nueva normativa laboral. De hecho, ponen como ejemplo el caso de convenios en la hostelería, cuyas negociaciones acabaron en una convocatoria de huelga durante varios días de la campaña de Navidad. El conflicto terminó cuando centrales y patronales del sector firmaron un preacuerdo dentro del Servicio de Solución Extrajudicial de Conflictos. En está línea, los expertos jurídicos prevén un incremento de la conflictividad y judicialización a partir de la próxima semana.
 

Juzgados colapsados
 
Precisamente, Comisiones Obreras ya ha asegurado que llevará a los tribunales los casos de los convenios que queden sin efecto el 7 de julio. "El día 8 no acaba todo, lucharemos en los juzgados porque los derechos de los trabajadores no pueden ser anulados", ha afirmado el secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz. Por su parte, el secretario general, Ignacio Fernández Toxo, augura que se "colapsarán" los juzgados de lo social a causa de las reclamaciones individuales que presentarán los empleados por pérdida de derechos.
 
La primera prueba de esta conflictividad creciente se vivió ayer en el País Vasco. Los sindicatos CCOO, LAB, UGT y ESK convocaron un paro parcial de 4 horas durante la mañana y miles de trabajadores salieron a las calles para demandar un giro radical de esta situación.
 
Ramón Górriz ha recordado que desde el año 2012 ha habido tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que indican que el descuelgue de un convenio es siempre temporal y negociado, que el empresario no puede prorrogarlo ni establecerlo con carácter retroactivo y que nunca puede ir más allá de la vigencia del propio convenio.
 
El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha insistido en que si el 8 de julio se produce una caída generalizada de los convenios colectivos afectados, se producirá un fuerte aumento de la conflictividad que "no va a haber quien la pare". Ferrer denuncia que hay "sectores empresariales que soñaron que el 8 de julio decaía todo" y que están "oponiendo resistencia" a la renovación de los convenios.
 
De forma conjunta, los sindicatos han lanzado un llamamiento al Gobierno para que "replantee" el límite a la prórroga automática de los convenios. Según explican, el acuerdo entre las partes del pasado 23 de mayo para dar salida a los convenios pendientes está teniendo un cumplimiento "insuficiente", por lo que plantearán al Ejecutivo esta urgencia coincidiendo con la revisión que tiene que hacer de la reforma laboral.
 

Llamamientos a la cordura
 
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, considera que la responsabilidad de evitar que queden sin efecto los convenios denunciados y en fase de renovación es de los agentes sociales. De esta forma, la ministra hace un llamamiento a patronal y sindicatos para "sumen esfuerzos" y encuentren soluciones al bloqueo en el que se encuentran algunos convenios colectivos.
 
Báñez confía en el "buen hacer" de los interlocutores sociales y apela a su autonomía negociadora para solventar esta situación, en la que descarta la intervención del Gobierno.
 
Mientras, las piezas se empiezan a mover en algunas comunidades. Así, el Gobierno vasco va a elevar al Consejo Vasco de Relaciones Laborales, la propuesta planteada por su lehendakari para que se prolongue la ultraactividad de los convenios más allá del domingo.
 
Ayer el lehendakari y los responsables de las tres patronales territoriales mantuvieron un encuentro donde Iñigo Urkullu les trasladó una propuesta de acuerdo interprofesional de eficacia normativa en materia de estructura y otros contenidos de la negociación colectiva de la Comunidad Autónoma Vasca. Este planteamiento contempla la prevalencia sectorial y provincial de los convenios territoriales y del País Vasco. Además recoge el mantenimiento de la vigencia de los convenios sectoriales ya denunciados más allá del 7 de julio. Urkullu también ha puesto sobre la mesa que sean empresarios y sindicatos quienes marquen un nuevo plazo para la vigencia de los convenios, aunque en su propuesta se apuesta por una ultractividad ilimitada.
 

La CEOE, muy tranquila
 
Sin embargo, el presidente de la gran patronal ha afirmado que "de ninguna manera" teme una oleada de conflictividad ante esta situación. Juan Rosell ha asegurado que en las últimas semanas se están negociando "muchísimos convenios" y que "no hay gran cantidad de incendios".
 
"Siempre hay problemas cuando se acaba un convenio y se tiene que renovar, pero en estos momentos no hay muchos convenios que tengan problemas importantes en la negociación", ha subrayado Rosell, que cree que no hay motivos para preocuparse por la posibilidad de que no se firmen.
 
En cuanto a los convenios que sí están teniendo problemas para salir adelante y que Rosell cree que son pocos, el dirigente de la CEOE ha animado a ponerlos sobre la mesa para tratar de solucionar las dificultades.
Diariocrítico.com.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.diariocritico.com