26 de enero de 2022, 19:34:59
Nacional

Legalmente, es posible; moralmente...


Pérez de los Cobos se aferra a la silla del Constitucional: la ley permite que milite en el PP

- La izquierda exige explicaciones del Gobierno... y dimisiones

Por Manuel Ángel Menéndez

El actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, seguirá en su cargo pese a reconocer implícitamente que es militante del Partido Popular al que pagaba, al menos, la cuota mínima por militancia. Pero, sin embargo, y al contrario de lo que se ha publicado, la ley no contempla ningún tipo de incompatibilidad entre la militancia en un partido político y la Presidencia del Constitucional. Así lo entiende el Alto Tribunal en una nota emitida nada más conocerse el 'escándalo'.


La nota oficial, que en ningún momento cita a Pérez de los Cobos, pero que va dirigida de lleno a su caso, se inicia advirtiendo que el Tribunal Constitucional es una institución del Estado que, al igual que sus Magistrados, no forma parte del Poder Judicial.

Es una precisión pertinente e importante, porque el artículo 159.4 de la Constitución fija que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible, entre otros supuestos, "con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos". Por el contrario, el artículo 127 de la propia Constitución prohíbe a los miembros del Poder Judicial la pertenencia a partidos políticos o sindicatos, sin distinguir entre la simple militancia y el desempeño de funciones directivas.

Es decir, que Francisco Pérez de los Cobos cumpliría todos los requisitos: aunque es militante del PP, no ocupa ni ha ocupado cargos directivos en el partido, por lo que cumple con la condición que impone la Constitución, mientras que lo que la Carta Magna dice sobre el Poder Judicial no le afecta, porque el Constitucional no forma parte de ese poder. Para algunos es una forma un tanto 'torticera' de manipular la realidad... pero...

El Constitucional también dice en su nota que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ofrece en su artículo 19.1 una redacción idéntica a la del artículo 159.4 de la Constitución, al referirse al régimen de incompatibilidades de sus Magistrados.

Además, insisten en el Alto Tribunal, que la jurisprudencia del propio Constitucional así lo ha aplicado en el Auto 226/1988, de 16 de febrero, señalando claramente que "la Ley Orgánica de este Tribunal, de aplicación prioritaria respecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no impide que los Magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a partidos políticos (...) y sólo se les impide ocupar dentro de los partidos cargos de carácter directivo".

"La Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por consiguiente, no establecen para los Magistrados del Tribunal Constitucional incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales", concluye la nota oficial.

Ahora bien, algunos, burla burlando, alegan: '¿Existirá jerarquización en el PP, como en la carrera fiscal? ¿Y si le ordenan desde la calle Génova que haga algo se negará?'. Más allá del burla burlando de algunos, lo cierto es que este caso entra dentro de la ética y la moral, guste o no guste.

La izquierda exige explicaciones... y dimisiones

Pero no todo el mundo tiene esa lectura parcial de la Constitución; no, por lo menos, ni el PSOE ni Izquierda Unida, cuyo portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, ha calificado como "muy grave" el hecho de que Pérez de los Cobos aparezca como afiliado al Partido Popular al menos en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, teniendo en cuenta que fue nombrado magistrado del Alto Tribunal en diciembre de 2010.

Para el diputado de IU, "un caso como éste supone una importante desautorización tanto al propio magistrado Pérez de los Cobos, como una desautorización política a quien le propuso, el PP, a sabiendas de lo que pasaba y continuó pasando en los meses posteriores al nombramiento".

En su opinión, "aquí no valen excusas ni que se hagan lecturas parciales de la legalidad vigente, como busca ahora el Partido Popular para salvar los muebles. No es de recibo que apunten sólo a una parte de lo que dice la ley orgánica que regula el funcionamiento del Constitucional y de sus componentes, cuando esa misma norma especifica con claridad que las incompatibilidades de estos magistrados son las mismas que las del resto de los miembros del Poder Judicial, es decir, que ningún magistrado puede ser miembro de un partido político o de un sindicato".

Debido a la importancia de este caso, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, con la preceptiva firma reglamentaria de otro grupo, en este caso el Mixto, ha registrado la petición de comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional para que valore la "situación del Tribunal Constitucional tras conocerse que su presidente ha pagado cuotas de afiliado al Partido Popular". Esta petición deberá ser debatida en la reunión de la próxima semana de la Diputación Permanente del Congreso.

 
 
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