23 de febrero de 2020, 19:17:18
Nacional


El Gobierno sopesa cambiar la ley tras el varapalo judicial a favor del 'escrache' a la vicepresidenta

Por Diariocrítico/Agencias

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, criticaron la sentencia de la Audiencia de Madrid que calificaba de acto de expresión democrática el 'escrache' de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) realizado frente al domicilio de la número dos del Gobierno. Manifestaron su respeto y acatamiento a la misma, si bien, manifestaron su desacuerdo abiertamente alegando que la libertad de expresión debe estar contenida en los límites de la invulnerabilidad del domicilio. De esta manera dejaba el Gobierno clara su posición, al margen del recurso que presente o no la Fiscalía y abría la puerta a endurecimientos de la normativa. "Estudiaremos en profundidad la legislación", contestó Gallardón preguntado por dicha posibilidad.


La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que respeta y acata el archivo del escrache ante su domicilio, aunque ha dicho que los derechos a manifestarse y la libertad de expresión "tienen un límite: los derechos de los demás", en referencia a familiares y vecinos.

Sáenz de Santamaría ha respondido así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmara el archivo de esta causa abierta por el escrache que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca organizó en abril frente a su domicilio.

"Es una decisión judicial que acatamos. Yo la acato. Eso es el Estado de derecho", ha asegurado la vicepresidenta.

No obstante, Sáenz de Santamaría ha explicado que las personas con una actividad pública tienen que "escuchar y atender críticas" y que el derecho de manifestación y de libre expresión "hay que respetarlo al límite", pero, ha continuado, existe otro escenario que es el privado en el que también están incluidos los familiares.

"Creo que los derechos no son ilimitados. Tienen un límite, que son los derechos de los demás", ha agregado, antes de explicar que "algunos son menores".

Ha insistido en que, "con independencia de cualquiera que sea la persona que se vea en una situación similar", hay un terreno de la vida pública o política en el que existen "cantidad de instituciones para manifestarse delante de ellas" y otro espacio que "es mucho más personal o familiar, en el que hay terceros implicados: familiares y vecinos que también tienen unos derechos que deben ser respetados".

"Ese es el punto de equilibrio que yo entiendo", ha concluido.

Gallardón considera que el 'escrache' violó el domicilio de la vicepresidenta

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también se ha referido a este asunto para afirmar que el Gobierno acata la resolución judicial "pero discrepando de la misma".

"Pensábamos lo que manifestó el Ministerio fiscal: que sí había violación de derechos y, por tanto, una conducta susceptible de ser sancionada", ha dicho.

Ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "si algo garantiza de verdad es que el domicilio no puede ser objeto de ningún tipo de agresión".

"En este caso, como en otros, el Gobierno entiende que sí se produjo una violación de la inviolabilidad del domicilio", ha subrayado el ministro.

Acerca de si cree que la Fiscalía debería recurrir, Ruiz-Gallardón ha señalado que, en el supuesto de que una resolución judicial sea susceptible de recurso, quien tiene que tomar la decisión de interponerlo o no es la propia Fiscalía. 

"Estudiaremos en profundidad la legislación", contestó Gallardón preguntado por la posibilidad de que el Gobierno lleve a cabo un cambio legislativo. Desde que empezó a conocerse el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana ya se conoció la intención de dotar a la Policía de potestad para establecer "zonas de seguridad" anti escraches, algo que será próximamente detallado.


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