26 de mayo de 2019, 13:02:33
Nacional


El viejo mito del 'manifestódromo' para limpiar el centro de Madrid: ¿un objetivo imposible?

> Dirigentes de la derecha llevan pidiéndolo desde tiempos de Aznar, hace más de 10 años

Por Pablo M. Beleña / Agencias

Las nuevas protestas que tuvieron lugar en Madrid el pasado 22 de marzo, bajo el nombre de Marcha de la Dignidad, ha colmado la paciencia de aquellos que solicitan que el centro de la capital deje de ser escenario de protestas ciudadanas. Pero hasta los expertos creen que impedir manifestaciones en Madrid podría rozar lo inconstitucional. Sin embargo, los actuales dirigentes públicos procedentes del PP rescatan este viejo objetivo de tiempos de Aznar. ¿Es realista?


Ése es el quid de la cuestión: ¿es realista pensar en una especie de manifestódromo para Madrid? Esto es: un lugar público pero apartado del centro de la capital y que proporcione tanto espacio físico para los manifestantes como facilidades para los medios y aquellos que quieran atender a sus reivindicaciones.

Los expertos en leyes lo tienen claro: esa propuesta iría en contra derechos fundamentales para el derecho de manifestación y de opinión. El espacio público no debería tener límites, aunque el PP buscará dar la vuelta a la legislación. Tras el revés jurídico para la Ley de seguridad ciudadana, rechazada por el Poder Judicial con un informe contundente en su contra, el Gobierno piensa en otras maneras de evitar el éxito de estas manifestaciones. Primero, porque minan su imagen pública y trascienden sus hechos menos populares. Segundo, porque pretenden así calmar a los ciudadanos contrarios a que las calles del centro de la capital alberguen estos problemáticos eventos, que como el del 22-M, dejó daños materiales superiores a los 600.000 euros, a pagar ahora por los madrileños.

Ese enfoque 'localista' ha permitido que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, rescate un viejo lema que ya en tiempos de su marido Aznar como presidente del Gobierno se esgrimió para evitar las manifestaciones en el centro de la capital: buscar un escenario para protestas. Es decir, el viejo objetivo del 'manifestódromo'. El entonces alcalde del PP Álvarez del Manzano, anterior a Gallardón, ya pedía también este lugar, apostando por su carácter "ideal" para permitir un tráfico "más tranquilo".

Sin embargo, Manzano era más realista que los actuales dirigentes del PP, ya que era consciente de la dificultad de encontrar ese lugar tan idóneo. En su día se habló de la Casa de Campo, pero al mismo tiempo sería un revés para este entorno natural, un pulmón verde para la capital, que podría llenarse de destrozos materiales y daños a la naturaleza de este gran parque de las afueras de la ciudad.

Ya en su día Ana Botella, hablando sólo en calidad de 'presidenta consorte', defendía este hecho. Ahora, como alcaldesa, lucha por ello, harta de ver a la Madrid de la crisis económica pagando los platos rotos de las iras ciudadanas. No hace mucho que la actual delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes -a quien por cierto se la ve como candidata a la alcaldía y, por tanto, rival de Botella-, daba este dato: en 2012 hubo 3.419 manifestaciones en la capital, unas 10 manifestaciones de media a la semana.

Ahora es el mismísimo ministro del Interior quien rescata este debate. Jorge Fernández Díaz calificaba ayer jueves como "muy atinada" la reflexión de establecer un lugar específico en el que celebrar las manifestaciones ya que, según ha dicho, "ningún derecho es absoluto". El ministro daba así razones para crecerse a Ana Botella, quien anunció que solicitará una reunión formal con la Delegación de Gobierno para proponerle que se acuerden espacios en la ciudad en los que se podrían limitar las manifestaciones, como ocurre en París. Sin embargo, un aviso legal: Cifuentes recuerda que con la ley actual es "prácticamente imposible" que su departamento o el Ministerio del Interior dicte el lugar donde se celebren las distintas manifestaciones que se convocan.

El precedente más polémico fue sin duda el famoso 15-M, que tomó por un mes la céntrica Puerta del Sol, tomada por los colectivos de 'indignados'. El entonces gobierno socialista, con Rubalcaba como ministro del Interior, hizo la vista gorda para evitar que las iras ciudadanas fueran a más contra el PSOE, que intentaba retener el poder en las urnas.


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