2 de diciembre de 2020, 1:14:54
Sociedad Castilla-La Mancha


Desarticulan un grupo criminal especializado en estafa que operaba desde Ciudad Real

Por Diariocrítico Castilla-La Mancha

Agentes de Policía Nacional, en colaboración con el Grupo de Información de la Guardia Civil de Ciudad Real han detenido a 29 personas, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, contra la Seguridad Social y estafa e imputado a otras 21, dentro de una operación que ha logrado desarticular un grupo criminal especializado en este tipo de delitos.


En el mes de marzo del año en curso, funcionarios de las unidades intervinientes iniciaron una investigación, a raíz de las actuaciones inspectoras en materia laboral por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real en una empresa de construcción de la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real), que había sido utilizada de manera instrumental para permitir el acceso indebido a prestaciones y ayudas del erario público, mediante simulación de la contratación laboral de las personas que figuraron de alta en la Seguridad Social como supuestos trabajadores de la misma.

La citada empresa carecía de cualquier actividad laboral, y el único propósito de su propietario era lucrarse mediante distintos fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social y a la normativa de regularización de extranjeros en nuestro país, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

El 'modus operandi' de estos empresarios consiste en que los mismos por sí, o a través de intermediarios, captan a personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros no comunitarios, en precaria situación económica, que se encuentran en situación de desempleo y que habiendo desarrollado con anterioridad una actividad real en otras empresas no reúnen los períodos mínimos de carencia para acceder a la percepción de prestaciones y o subsidios por desempleo, a los que ofertan contratos de trabajo, que en ningún caso amparan una relación laboral efectiva, así como el consiguiente alta en la Seguridad Social como trabajadores de la empresa de que se trate.

Todo ello a cambio de diferentes cantidades de dinero, que en ocasiones abonan en el mismo momento de la formalización del contrato y tramitación del alta en Seguridad Social, y en otras ocasiones lo hacen realizando pagos sucesivos durante el tiempo que dichos trabajadores figuran en situación de alta, por el importe de las cuotas que habrían de ingresarse en dicho Organismo, que en ningún caso se ingresan, ya que se las apropia el propio empresario.

Con la realización de estas presuntas actividades ilícitas, una vez que los supuestos trabajadores de la empresa, reúnen los mínimos periodos de carencia son dados de baja, facilitándoles los documentos necesarios para presentarlos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y cobrar de forma fraudulenta prestaciones y/o subsidios por desempleo del erario público, o en el caso de ciudadanos extranjeros, renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo en España, o reagrupar a sus familiares.

Las conclusiones de la investigación

Tras las investigaciones realizadas a raíz del análisis de información de diferentes Organismos se comprobó que la sociedad investigada era una empresa aparente, que carecía de actividad real, y que las contrataciones y las altas que en ella se realizaban eran contrataciones y altas simuladas, acordadas entre la empresa y los trabajadores con el fin de que éstos pudiesen acceder a algún tipo de prestación o beneficio no procedente.

La citada empresa había generado una deuda con el Sistema General de la Seguridad Social de 225.290,84 euros. A esta cantidad hay que sumarle las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por los "trabajadores" tras cesar su actividad con la empresa, que asciende a 178.623,86 euros, por lo que la cantidad total defraudada asciende a 403.914,70 euros.

La actuación inicial de la Inspección Provincial, suspendiendo la percepción de prestaciones indebidamente generadas alcanzó los 169.993,35 euros, dinero que no ha salido de las arcas de la Seguridad Social, además de imponerle una sanción administrativa por importe de 565.639,50 euros.

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