24 de junio de 2019, 21:31:19
Nacional


Aforamiento contrarreloj: en julio se estudiará una querella contra el rey Juan Carlos por el 23-F y en septiembre una demanda de paternidad

Por Diariocrítico/Agencias

Los nuevos aforamientos 'reales' saldrán aprobados de la Cámara Baja con destino al Senado con el apoyo en solitario del PP y sin que llegue a cumplirse una semana desde que se empezó a tramitarlos. Esto es, justo en pleno movimiento judicial. Por un lado, la Audiencia Nacional estudiará este mes de julio una querella contra el Rey Juan Carlos por su presunta participación en la denominada 'trama civil' del golpe de Estado del 23-F y en septiembre le tocará el turno a una demanda por paternidad.


La Sección Segunda de la Sala de lo Penal había fijado para este martes la deliberación sobre el recurso que el partido Soberanía, liderada por el abogado José Luis Mazón, había presentado contra la inadmisión de su primera querella contra el Rey Juan Carlos y el expresidente del Gobierno Felipe González, entre otros, que entonces fue rechazada por el juez Santiago Pedraz.
Sin embargo, los magistrados no han abordado el fondo de la cuestión porque también tendrán que estudiar una ampliación de la querella que fue rechazada a comienzos de este mes de junio por el juez instructor argumentando que Don Juan Carlos seguía siendo inviolable hasta que las Cortes Generales aprobaran la ley orgánica que regula su abdicación de la Corona.

La querella, que se sustenta en el relato del 23-F que realiza la escritora Pilar Urbano en su libro 'La gran desmemoria', también está dirigida contra el exdiputado socialista Enrique Múgica y el antiguo político del Partido Comunista de España (PCE) Ramón Tamames. En la ampliación se incluyó un facsímil del documento que firmó el Rey para comunicar su abdicación.

No hay indicios delictivos

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 rechazó en ambos casos la acción penal interpuesta argumentando que no existen indicios delictivos en la actuación de los querellados y que, en todo caso, el delito de rebelión que se atribuye habría prescrito.

"En lo que se refiere a la inviolabilidad de la figura del Rey, hasta que las Cortes Generales no aprueben la Ley Orgánica que regule la abdicación del Rey Juan Carlos I, su situación institucional y procesal no se ha modificado", señalaba el juez.

La Fiscalía pidió el rechazo "de plano" de la querella destacando su "inconsistencia y falta de entidad jurídica" así como el hecho de que el 23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora investigar estarían prescritos al haber transcurrido "más de 20 años desde que acaecieron".

La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue "cerrado en falso" y constituyó "una gran estafa al conjunto del pueblo español", ya que existió una trama civil "desapercibida" e "impune" que estaba formada por "personajes muy importantes del régimen bipartidista".


Demanda de paternidad

Por otro lado, la Sección número 24 de la Audiencia de Madrid mantiene, de momento, la fecha del 9 de septiembre para la celebración de una vista por el recurso de apelación presentado por Alberto Solá Jiménez, nacido en 1956 en Barcelona y criado en una familia adoptiva, contra la decisión de un juzgado de Madrid de no aceptar la demanda de paternidad que había presentado contra el Rey Juan Carlos.

Este hombre se reivindica como primogénito del monarca y tras la entrada en vigor de la abdicación de Juan Carlos I, el pasado 19 de junio, su abogado Francesc Bueno presentó un escrito de apelación alegando la inaplicación a este caso del artículo 56.3 de la Constitución, el cual establece la inviolabilidad del Rey en el ejercicio de sus funciones.

"Siendo la inviolabilidad del Rey el motivo por el cual fue inadmitida la demanda de filiación de mi defendido y por ello nos encontramos en la presente apelación", se afirma la demanda.

Fuentes jurídicas han señalado que la Sección 24 mantiene la fecha de la vista porque aún no se ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se ha introducido la enmienda que referida al aforamiento de Juan Carlos I. Lo previsible es que tras entrar en vigor esta norma el asunto sea remitido al Tribunal Supremo, según las mismas fuentes.

Que lo vea el Supremo

De esta circunstancia es consciente el demandante, que señala en su escrito que el futuro aforamiento de Juan Carlos de Borbón y Borbón Dos Sicilias "no debería ser óbice" para privarle de su derecho a la tutela judicial efectiva. "Si bien, llegado el momento legal se pueden inhibir las actuaciones hacia el tribunal de aforamiento pertinente, no debería privar a mi defendido de todas y cada una de las garantías que ostenta por mandatos legales y constitucionales", señala el letrado.

Además, el escrito cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional para afirmar que la inviolabilidad aplicada hasta el momento al Rey Juan Carlos "no sería extensible a la esfera civil o jurídico privada" que sí lo ha protegido en aquellos actos que realizó fruto del ejercicio de sus funciones como Rey.

Añade que en el momento en el que Solá fue concebido Juan Carlos de Borbón no era Rey ni ostentaba título alguno, y que obra en su poder una prueba de ADN confrontada por un antiguo perito del CESID que apoya la paternidad del Rey con "una fiabilidad superior al 99.99 por ciento".

"Dicho documento, si bien no es reciente, llegó a las manos de mi defendido hace escasas dos semanas proveniente de una persona cercana a él", añade el escrito, para concluir reclamando que, si esta prueba no fuera admitida debería realizarse otra y llamar como testigo al citado perito, que se identifica con nombre, apellidos, dirección y número de colegiado.


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