22 de febrero de 2020, 2:32:30
Nacional


Andorra quiere convencer al Gobierno español de su buena actuación en el 'caso Pujol'

> El 'cap de Govern' andorrano viaja a Madrid para 'evacuar consultas'


El jefe del Gobierno de Andorra, Toni Martí, visitará Madrid dentro de poco más de una semana en un intento de aclarar tanto a las autoridades españolas como a los medios de comunicación el papel que el pequeño Estado juega y ha jugado en todo lo relacionado con la evasión de divisas desde España, en general, y sobre las actividades de la familia Pujol muy en particular. La denuncia de la familia del ex president de la Generalitat pidiendo que se investigue la 'filtración' de sus cuentas en Andorra ha caído como una bomba no solamente en los medios bancarios andorranos: también en los políticos y en los jurídicos. Indignación es la palabra que mejor define las reacciones ante la denuncia de los Pujol, que ensombrece la actuación de Andorra como 'paraíso fiscal'.

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En todo caso, la defensa que los Pujol están intentando para salvar no solamente su honorabilidad, sino su patrimonio, a base de denunciar 'motivos políticos' en la investigación de sus finanzas, está provocando numerosas consecuencias, más allá de lo que ocurre en la propia Convergencia Democrática de Catalunya, que ya ha sugerido al ex molt honorable que devuelva su ficha de militante.

Hay voces que, sin la menor prueba, quieren, sobre todo desde Esquerra Republicana,  acusar al Ejecutivo español de haber propiciado, a través del CNI, 'filtraciones' en torno a las actividades económicas de los Pujol precisamente a pocas semanas de la Diada y a pocos meses de la pretendida consulta soberanista del 9 de noviembre. Lo cierto es que fue el propio Jordi Pujol Soley quien disparó todas las alarmas con su autoacusación de fraude fiscal con la herencia de su padre, se piensa que en un intento de proteger a sus hijos, incursos ya en demasiadas presuntas irregularidades económicas como para que puedan pensar en que todo acabará saliéndoles gratis.
 
--'Pacto tácito' con González, Aznar y Zapatero-
 
Pero empieza a ser un clamor el que las 'actividades exteriores' e interiores de Jordi Pujol eran bien conocidas por los gobiernos centrales desde 1985, cuando los servicios de inteligencia entregaron a Felipe González un detallado informe que partía -aunque no se quedaba ahí-- del 'caso Banca Catalana', un fuerte desequilibrio patrimonial en el banco fundado por Florenci Pujol, padre de Jordi, en 1959. La Fiscalía general del Estado, dirigida entonces por Carlos Jiménez Villarejo,  presentó una querella en 1984, en la que se incluía al ya president de la Generalitat. En 1986, los fiscales Mena y Villarejo presentaban la petición de procesamiento contra los dieciocho ex consejeros del Banco, ya en proceso de liquidación -completado en 1988--, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. En la Audiencia de Barcelona, 33 magistrados, frente a ocho, votaron en contra del procesamiento de Jordi Pujol y, en 1990, esta Audiencia decretó  el sobreseimiento del sumario, pese a estimar que se pudo llevar a cabo "una gestión imprudente e incluso desastrosa". Una apreciación que tampoco pareció alterar el hábito de la Agencia Tributaria de mirar para otro lado en este asunto, aun presumiéndose que tiene no pocas evidencias de irregularidades.
 
Pese a las acusaciones hechas públicas por el entonces vicepresidente Narcís Serra, Pujol siempre alegó que el estallido del 'caso Banca Catalana' era, en el fondo, un 'ataque político a Catalunya'. Y lo cierto es que el Gobierno central prefirió no hacer sangre del asunto, pese a que ya las investigaciones de los servicios secretos, el CESID, y de Hacienda, se habían puesto en marcha, acumulando datos 'abrumadores'. La cooperación a la 'gobernabilidad del Estado' -González ya entonces necesitaba el concurso de Convergencia para formar una mayoría parlamentaria-fue, sin duda, la razón última por la que los gobiernos de Felipe González, de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero hicieron la vista gorda ante las evidentes irregularidades del president de la Generalitat, de su esposa, Marta Ferrusola, y al menos de tres de sus hijos.
 
 En cuanto al Gobierno de Rajoy, que obtuvo mayoría absoluta en las elecciones del 20 de noviembre de 2011 y no necesitaba, por tanto, pactar con  otras fuerzas, no consta su voluntad de ocultar más el caso, pero tampoco consta que la 'longa manus' del Ejecutivo central esté tras el estallido de un escándalo que ya no podía, como bien sabía Pujol padre, disimularse más. El 'pacto tácito en pro de la gobernabilidad' quedaba, por tanto, roto.
 
Existe una gran incertidumbre acerca de lo que ocurrirá cuando, a comienzos de septiembre, se normalice la vida política y Pujol tenga que acudir al Parlament para declarar sobre su 'caso', algo que ni siquiera hasta ahora, ha confirmado el ex president que piense hacer, aunque sería "inimaginable" que rechazase ir al Parlament a responder a cuantas preguntas los distintos grupos le quieran plantear. Al mismo tiempo, tendrá que hacer frente al proceso judicial, una vez que la máquina de la Justicia se ha puesto en marcha y parece improbable que la benignidad del 'affaire Banca Catalana' se repita ahora, ni siquiera en algunos de los peculiares meandros de la justicia catalana.
 
Es en este marco en el que, los primeros días de septiembre, llegará a la capital española el 'cap de Govern' andorrano, quien en los últimos días ha mantenido discretas reuniones con los bancos andorranos implicados en el 'escándalo Pujol', Andbank y Banca Privada de Andorra, en un intento de acotar las dimensiones del caso, al menos las económicas. Tanto los bancos como la familia Pujol tratan de limitar lo defraudado a Hacienda en algo menos de cinco millones de euros, que es lo que ya han regularizado los Pujol Ferrusola ante la Hacienda española. Pero todo indica que las irregularidades de la familia ascienden a mucho más, y Martí y los presidentes de los dos bancos citados volverán a reunirse a comienzos de septiembre para, en un esfuerzo de 'transparencia', acotar una cifra más definitiva y realista. Porque las declaraciones de la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Alvarez, sobre viajes a Andorra con bolsas llenas de dinero hacen, entre otras cosas, que las investigaciones sobre los fondos irregulares que manejan los Pujol Ferrusola en el extranjero calculen que estemos hablando de al menos treinta millones.
 
Así, el Gobierno andorrano no quiere negar la colaboración con el español, pero ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía se conformarán con lo actuado hasta el momento por las autoridades andorranas o por los representantes bancarios:  hasta ahora, nadie en Andorra parece haber tomado iniciativa legal alguna, ni siquiera en presencia de una filtración del secreto bancario, que es algo que un 'paraíso fiscal', como el pequeño Estado pirenaico, cuida no poco. Pero la llegada a Madrid de Martí podría sugerir que asegurará a sus interlocutores que no se retrasará la información que los bancos andorranos han de entregar al Gobierno español. El 'caso Pujol' puede ser el culebrón de un otoño que ya de por sí va a estar lleno de acontecimientos en Cataluña.



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