12 de noviembre de 2019, 1:34:08
Política Castilla-La Mancha


El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha: ¿despilfarro o necesaria inversión?

Por Carmen Bachiller

La reciente incorporación del ex ministro Alberto Ruiz Gallardón al Consejo Consultivo de Madrid, con sueldazo incluido, ha puesto el foco en estos órganos autonómicos creados en el inicio del Estado de las Autonomías como complemento territorial al Consejo de Estado. Pero en Castilla-La Mancha, el Consejo Consultivo no se ha convertido como ha ocurrido en otras Autonomías del país en un 'cementerio' de viejas glorias políticas. De este órgano, cuyo primer ejercicio data de 1996, la presidenta regional Dolores de Cospedal, dijo el pasado mes de junio que su labor "callada y constante" tiene por objeto "velar por la legalidad". Pero... ¿Para qué sirve y cuánto nos cuesta?


Dolores de Cospedal puso al frente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, allá por 2012, a Emilio Sanz, un abogado y ex miembro de la Comisión Ejecutiva de la extinta CCM que hace ahora casi un año fue noticia al declarar ante el juez Ruz sobre cómo presentó su dimisión de la entidad cuando le fueron negados informes complementarios para estudiar la viabilidad de varios de los créditos que debía avalar la Comisión.

Emilio Sanz llegó a la presidencia del Consultivo castellano-manchego (del que ya era consejero) con la intención de jugar un papel "no mediático", es decir, no político, sino técnico.

Así ha sido siempre. El Consejo Consultivo en esta región es "el superior órgano consultivo" de la Junta de Comunidades y de las Corporaciones Locales. Data del año 1995 y es, ante todo, un órgano técnico-jurídico, integrado por juristas, en cuya elección participan las Cortes y el Consejo de Gobierno y al que se pueden incorporar como miembros natos los ex presidentes de la Junta de Comunidades, de las Cortes y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

En este sentido, sólo hay un ex presidente regional que formó parte del Consejo: Jesús Fuentes, el primer presidente de Castilla-La Mancha, aunque en la etapa de la Pre-Autonomía. Ni José Bono, ni José María Barreda llegaron a hacerlo.

En Castilla-La Mancha, según la última declaración de bienes hecha pública por los propios consejeros (data de 2013), y que en la región es obligatoria por ley, el sueldo por ocupar un sillón supera los 71.000 euros anuales. Pese a la elevada retribución,  el Consultivo castellano-manchego no ha sido un 'retiro de lujo' para destacados políticos de la región, al menos de momento, como ha ocurrido, por ejemplo, en la vecina Comunidad de Madrid, con el último sonado caso de Alberto Ruiz Gallardón.

Los nombres más conocidos del panorama político regional han preferido otras salidas más airosas y, desde luego, mucho más visibles en la vida política e incluso social.

Y es que, aunque entre las funciones del Consejo Consultivo castellano-manchego está velar por "la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y de todo el ordenamiento jurídico" y aunque sus dictámenes se basen en la autonomía orgánica y funcional, lo cierto es que ni siquiera son vinculantes.

Un discreto papel alejado de las decisiones políticas trascendentes

El papel del Consultivo castellano-manchego a lo largo de su historia ha sido el de permanecer en un discreto segundo plano. En la mayoría de los casos se ha limitado a ratificar leyes (salvo matices jurídicos introducidos por sus expertos) a propuesta del Consejo de Gobierno de turno y opinar sobre consultas de los municipios de la región sin apenas trascendencia porque como explicaba el propio Sanz durante su toma de posesión "hemos jurado guardar secreto sobre nuestras deliberaciones".

Solo hay que revisar los diferentes, y siempre polémicos, cambios en el Estatuto de Autonomía castellano-manchego, tanto durante gobiernos socialistas como con el actual Ejecutivo popular, cuando se ha tocado algún aspecto relativo a la maquinaria electoral de la región. Nada que objetar, al menos que haya trascendido, en peliagudos asuntos que, a veces, ni siquiera han pasado por manos de los consejeros.

La ley que rige al Consejo dice que "debe ser consultado", por ejemplo, en lo relativo a recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional.

Sí, sus competencias son amplias, pero lo cierto es que las atribuciones para dirigirse a él y pedir consulta solo pueden practicarlas los presidentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las Cortes Regionales, el consejero competente y las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Administraciones Públicas.

Por ejemplo, la reciente reducción del número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, según denunciaba IU, no ha sido objeto de consulta debido a una "triquiñuela" de Cospedal: la propuesta fue presentada por el Grupo Popular en las Cortes (sin atribuciones para consultar) y no por el propio Ejecutivo regional.

¿Quiénes forman parte del Consejo Consultivo?

En Castilla-La Mancha las Cortes Regionales eligen a tres miembros del Consejo por mayoría de tres quintos de los diputados que las integran y dos son designados por el Consejo de Gobierno. Los llamados 'consejeros electivos' deben ser juristas con más de 10 años de ejercicio profesional.

Desde su fundación y hasta el año 2012, en el que Dolores de Cospedal introdujo un cambio, el Consultivo ha tenido siempre el mismo presidente, José Sanroma, que hoy ocupa un puesto de consejero. El grueso de su personal lo conforman siete letrados, además de la secretaria general y otras nueve personas en diferentes puestos administrativos.

Uno de los pocos que Cospedal no suprimió

A lo largo de la legislatura llegó a rumorearse la eliminación de este órgano dentro de la 'poda' general de Cospedal, algo que hasta la fecha no se ha producido porque la presidenta lo considera "de extraordinaria importancia", como "moderador y guía" y por ser el único "consagrado" en el Estatuto de Autonomía de la región.

Razones por las que, al parecer, no siguió el destino de otros organismos que la presidenta sí suprimió, alegando motivos de austeridad, como fue el caso del Consejo Económico y Social de la región (CES), bastante más incómodo para su gestión y donde sindicatos y empresarios ocupaban un papel más relevante.

¿Cuánto les cuesta a los castellano-manchegos? Solo en personal, el pasado 2013 se llevó más de 1,2 millones de euros (el presupuesto global supera los 1,4 millones). En pesetas, casi 238 millones que están muy lejos de los iniciales 91 millones que se invirtieron allá por 1996, según consta en la Memoria del propio órgano.

Castilla-La Mancha fue la octava región en poner en marcha su Consejo Consultivo después de Baleares,Cataluña, Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia y La Rioja. 

En 1996, el entonces toledano presidente del Consejo de Estado, Fernando Ledesma, felicitaba a la Junta por un órgano cuya "necesaria independencia" junto al "sentido de Estado" facilitaba la "confianza" tanto de quienes estuvieran en el Gobierno como en la oposición. El propio José Bono lo situaba en "la perspectiva de la progresiva consolidación del Estado de las Autonomías" sin que ello pudiera equivaler a "un crecimiento incontrolado de organismos autonómicos". Hoy se está en otra cosa. 

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