19 de septiembre de 2019, 0:16:10
Política Castilla-La Mancha


"Es falso" que el PP-CLM recibiera 200.000 euros por adjudicar el contrato de basuras de Toledo a Sacyr

Por Diariocrítico/EP

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha dicho que es "absolutamente falso" que el PP de Castilla-La Mancha recibiera 200.000 euros por la adjudicación del servicio de basuras de Toledo a una filial de Sacyr, como intenta clarificar el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al tiempo que ha asegurado que lo "único" que suscita "duda" de ese contrato es la adenda que suscribió el actual alcalde socialista Emiliano García-Page.


A preguntas de los medios, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes, Francisco Cañizares ha insistido en que es "absolutamente falso" que su formación recibiera esa cantidad de dinero como mantiene el extesorero 'popular' Luis Bárcenas, "una persona perjudicada por Cospedal, a quien intenta manchar porque fue quien acabó con su cargo".

Cañizares ha insistido en que "no hay ningún elemento que avale las mentiras de Bárcenas, "una persona que nos tiene acostumbrados a mentir", aunque esas mentiras "tienen que ser investigadas por los tribunales".

Preguntado por el hecho de que Ruz haya citado a Emiliano García-Page como testigo y no como imputado, teniendo en cuenta que el PP mantiene que es la adenda que el firmó la que genera "duda", ha defendido que es porque "todo parte de las manifestaciones de Bárcenas, y todo el mundo sabe que tiene enemistad con Cospedal y no con el señor Page, y porque todo lo que tiene que ver con el PP se está tratando de una manera".

Los "portavoces" de Bárcenas

"Yo no achacó ningún tipo de ilegalidad, pero el informe de la Intervención General del Estado es claro. Los que se están convirtiendo en Castilla-La Mancha en portavoces de Bárcenas, como es el caso de Garía-Page, lo tendrán que explicar", ha insistido Cañizares, que ha pedido al actual regidor toledano que "diga la verdad, con la mayor sinceridad y transparencia".

En cuanto a lo que el PP espera de la declaración del exalcalde de Toledo, el 'popular' José Manuel Molina, Cañizares ha dicho que confían en que se ratifique en lo que ya ha defendido la Intervención General del Estado, que mantiene, según él, que el expediente de adjudicación de basuras "no tiene reproche legal ni jurídico".

Preguntado sobre si su partido ha hablado en este tiempo, desde que se conoció su imputación, con el exalcalde de Toledo, ha dicho desconocer este hecho pues Molina "está fuera de España". "No hay problema en hablar o no hablar, habrá sido por las razones que sean", ha manifestado para zanjar este asunto.

Cañizares ha vuelto a reiterar que el PP "está deseando que se aclare todo lo qué paso" con dicho contrato, al tiempo que ha defendido que la base del mismo "está clara", pues cuenta con un informe de la Intervención General del Estado que dice que la preparación fue ajustada a legalidad, que se cumplieron los informes y los trámites fueron los preceptivos para llevarlo a efecto, y que se cumplieron los plazos de audiencia pública.

A su modo de ver, lo "único" que suscita "duda" desde un punto de vista jurídico es la firma por el actual alcalde de una adenda que aumenta el contrato con Sufi en 11 millones de euros, algo que hizo con la negativa de los técnicos del Ayuntamiento de Toledo.

Page "se ha reconocido responsable" del sobreprecio del contrato de basuras

Tras conocer las declaraciones de García-Page, horas después, Cañizares comentaba que el alcalde "ha tenido que reconocer que es el único responsable en el sobreprecio del contrato de basuras de la capital regional".

El dirigente 'popular' ha manifestado que fue García-Page quien firmó, "a pesar de los informes del viceinterventor, una adenda que suponía un incremento de ese contrato de más de 11 millones de euros".

Por ello, ha indicado que sobre Page "recae la responsabilidad de resolver o aclarar cualquier tipo de duda que el contrato de basuras suscite y no sobre otras personas que nada tienen que ver con este tema", ya que la Intervención General del Estado "ha dicho que es perfectamente correcto, desde la adjudicación, la tramitación y publicación del contrato", ha concluido.

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