31 de octubre de 2020, 12:00:26
Nacional


El Gobierno introducirá nuevas medidas en la legislación actual para combatir el yihadismo

> Se contemplará la figura del lobo solitario y del "adoctrinamiento pasivo" y se dará cobertura legal a los ficheros de viajeros, entre otras medidas

Por Diariocrítico/EP

El Gobierno español ha manifestado su intención de combatir el terrorismo yihadista con la puesta en marcha de una batería de medidas. Estas propuestas se introducirían en, al menos, tres de las leyes que se encuentran actualmente en tramitación: el futuro Código Penal, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Seguridad Ciudadana. 


El Gobierno presentará en las próximas semanas un plan contra la radicalización y aumentará los controles en las fronteras, según han detallado a la agencia 'Europa Press' fuentes oficiales. 

Este plan, junto con las reformas legislativas, se enmarcan en el nuevo nivel de alerta antiterrorista, que ha supuesto un aumento de la presencia policial en las calles y una mayor vigilancia sobre posibles objetivos.


Código Penal

El Ejecutivo, por medio de su Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, ha presentado un total de doce enmiendas centradas en la lucha contra el terrorismo al texto del nuevo Código Penal aprobado por el Consejo de Ministros. Entre ellas destaca la regulación de la figura del 'lobo solitario' para poder combatirla con eficacia. Para ello se desvinculará el concepto de "organización" del concepto de terrorismo. La idea es que "terrorista es quien comete un delito terrorista, pertenezca o no a una organización".

Otro punto destacado es el llamado 'adoctrinamiento pasivo'. Será castigada la "recepción de adiestramiento por cualquier vía, incluido internet, y se desvincula de la intención de cometer un delito posteriormente para evitar problemas probatorios". Es decir, visitar webs de contenido yihadista de manera consciente y continuada será perseguido. También el desplazamiento de los llamados combatientes extranjeros a zonas de conflicto para integrarse en organizaciones terroristas.

Las enmiendas también recogen la posibilidad de elevar las penas en función de la gravedad del delito, se penalizará el depósito de armas y la financiación aunque no se pertenezca a la organización terrorista, se elevará la pena del enaltecimiento del terrorismo y se agravará cuando se realice por las nuevas tecnologías. Será castigada la difusión en Internet de contenidos terroristas o que inciten a ello así como la provocación, conspiración y proposición a los delitos de terrorismo. La mayoría de estas conductas serán castigadas con penas de entre uno y ocho años.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado este martes que el Código Penal vigente era útil para derrotar a organizaciones terroristas convencionales como ETA, pero no lo es para combatir un terrorismo no convencional como el yihadista. Por ello defiende que es necesario adaptar la ley. Estas son algunas de las medidas que el Gobierno tratará de consensuar con el PSOE, aunque el ministro ya ha apuntado que saldrán adelante igualmente: "Tenemos mayoría absoluta para aprobarlos, pero sería muy bueno que el PSOE se sume".

Ley de enjuiciamiento criminal

Por otra parte, el Gobierno también propone regular seis aspectos dentro de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hacen referencia a los procedimientos para la interceptación de las comunicaciones, agilizándolos en casos graves como terrorismo. También se regulará el acceso a los archivos de los operadores de servicio y otros prestadores de servicios de la sociedad de la información o el acceso ágil a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad.

Además, se regulará la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, los registros remotos sobre ordenadores, dispositivos electrónicos y otros equipos o sistemas informáticos y se mejorará el procedimiento para la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica, especialmente en la  investigación de los casos de terrorismo.

No obstante, en este apartado el ministro sí ha avanzado que el Gobierno renunciará a aumentar los casos en que se permite la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -  concluye que no tiene encaje constitucional, tal como dice el dictamen que aprobó el lunes.

Ley de seguridad ciudadana

En este caso la reforma será mínima. Según el ministro, se hará por medio de una enmienda "sencillita de tres palabras" para comenzar a dar cobertura legal a los ficheros de viajeros en aeropuertos, una propuesta paralizada desde 2010 por el Parlamento Europeo, pero a la que los atentados de París han dado una nueva dimensión, especialmente de parte de los países que están a favor como es el caso de España.

"No es una medida de control de fronteras, sino que tiene por finalidad la prevención e investigación de eventuales delitos terroristas. Consiste en aportar unos datos a un banco de datos basados en perfiles de riesgo que debidamente cruzados establecen las garantías necesarias para prevenir e investigar un delito terrorista", ha explicado el ministro, quien ha avanzado que a finales de año España ya contará con toda la infraestructura tecnológica para ponerlo en marcha.

La Ley de Seguridad Ciudadana se encuentra actualmente dentro del plazo para presentar enmiendas en el Senado hasta el miércoles 4 de febrero. La Cámara Alta deberá tenerla aprobada como fecha límite antes del 23 de marzo por lo que está enmienda deberá presentarse en las próximas semanas.

Plan contra la radicalización

El Gobierno lleva trabajando dos años en un plan contra la radicalización que dirigirá el Ministerio del Interior, pero en el que colaborarán otros ministerios, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, empresas públicas, privadas y la comunidad islámica en España.

Se hará hincapié en construir una contranarrativa al relato yihadista y se prestará una especial atención a la radicalización en Internet, principal medio de adoctrinamiento, captación, reclutamiento y facilitación de logística para posibles desplazamientos. Según ha dicho el ministro, se presentará en el Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Fernández Díaz ha asegurado que si Europa reclama controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea ante los últimos atentados terroristas en Francia no se puede "pedir barra libre en Ceuta y Melilla" ante la fuerte presión migratoria. "Son fronteras exteriores de la Unión Europea y donde existe una especial problemática", ha añadido. En función de esta idea, fuentes del Ministerio del Interior han informado a Europa Press que se van a proceder a incrementar los controles fronterizos.


El Gobierno elevó la alerta antiterrorista y se mantendrá el Nivel 3 por tiempo indefinido. Eso supone incrementar la presencia de efectivos policiales en las calles con especial atención a los lugares que podrían ser objetivo de los terroristas (estaciones, puertos, aeropuertos, centros comerciales...). Además se elaboró una lista con las infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales a la comunidad como centrales eléctricas, centrales nucleares, presas...) a las que aplicar mayores medidas de seguridad.

Paralelamente, otros países europeos están adoptando sus propias medidas para combatir el terrorismo yihadista. Es el caso de Alemania, que estudia retirar el carnet de identidad a los radicales sospechosos para evitar que puedan viajar a lugares en conflicto en integrarse en grupos terroristas con posibilidad de regresar en el futuro. Por su parte, Inglaterra y Francia también exploran fórmulas sobre el control de las comunicaciones en Internet.

Las fuentes consultadas indican que por el momento España no abordará más medidas, si bien no se pueden descartar en el futuro. Esta situación dependerá también de lo que se adopte a nivel de la Unión de Europea. Por otra parte, España hace un seguimiento especial en las prisiones de los presos condenados por terrorismo.


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