19 de agosto de 2019, 12:04:58
Nacional


La esperada comparecencia de Artur Mas en el Parlament: del mitin al calvario

> Por Jordi Oliveres, corresponsal en Cataluña

Por Jordi Oliveres

El actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, se buscó una intervención en la Diputación Permanente del Parlament con la excusa de explicar porqué había adelantado las elecciones al 27S. Lo que tenía que ser un mitin partidista aprovechando los cauces oficiales, se puede convertir en un calvario. Tras el registro judicial del pasado viernes de la sede de CDC y de su fundación, CatDem, Mas deberá responder a las preguntas del resto de grupos parlamentarios sobre las finanzas de Convergència, siempre en duda de la legalidad.



El juzgado del Vendrell investiga la presunta financiación irregular de CDC tras una denuncia de los concejales de Esquerra, formación que ahora es socia electoral de Convergència. Según la documentación encontrada en los registros al empresario constructor Jordi Sumarroca, su empresa, Teyco, habría pagado un 3% por obras públicas en diferentes ayuntamientos catalanes, concretamente Figueres, Sant Cugat del Vallès, Lloret de Mar, Sant Celoni y, evidentemente, Torredembarra. Todos estos municipios estaban gobernados por CDC cuando se produjeron los pagos. Además, en Sant Cugat el alcalde era Lluís Recoder, posterior consejero de Obras Públicas, mientras que en Figueres el primer edil era Santi Vila, que fue quien sustituyó a Recoder en el Govern y ahora cierra la lista electoral en Girona.

Sin respuesta clara a la financiación de su partido

Convergència tiene 15 sedes embargadas como fianza de responsabilidad por el caso Palau, pues el juez entiende que la formación fue la receptora de dinero de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música Catalana con Félix Millet de intermediario. En este caso el porcentaje era el 4,5%, pues Millet y su socio Jordi Montull se quedaban con el 1,5% y el 3% restante iba a parar a las arcas de la fundación de Convergència. Es el mismo operativo que estudia el juzgado del Vendrell con Teyco, empresa propiedad de la familia Sumarroca, fundadora de Convergència y amiga personal de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, así como de sus hijos.

Incluso Artur Mas se hizo el ofendido cuando en una sesión parlamentaria, en octubre de 2006, el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó a Mas: “Ustedes tienen un problema, que se llama 3%”. El entonces jefe de la oposición saltó raudo de su escaño y le pidió una rectificación inmediata a Maragall y lo amenazó con paralizar la negociación del Estatut, que en aquella época se discutía en la cámara catalana. Aunque la fiscalía abrió diligencias, terminó archivándolas pues casi nadie prestó declaración inculpatoria (solo un par de pequeños industriales que, además, fueron condenados).

Con el caso Palau afloraron las comisiones de Ferrovial a la fundación convergente y, ahora, tras más de dos años de investigaciones judiciales que se iniciaron el el pueblo costero de Torredembarra, podría probarse que las constructoras pagan un porcentaje, el 3%, por obra pública. De momento, la defensa de CDC es que en los papeles no aparece en ningún momento ni el nombre de Convergència ni su fundación. Pero lo que resulta extraño es que el principal ejecutivo de una empresa guarde un papel con una relación de obra pública y municipios y se consigne un 3%.

Mas tendrá la oportunidad el miércoles por la tarde en la sede del Parlament de dar explicaciones, pues hasta ahora no ha dicho todavía nada y sus compañeros de partido vinculan la operación judicial con el proceso independentista, pero ni niegan ni afirman la posibilidad de una financiación irregular de Convergència.
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