7 de diciembre de 2019, 10:24:44
Opinión


Podemos y su programa mínimo

Por Enrique Gomáriz Moraga


He leído con cierto estupor el comentario de mi buen amigo Fernando Jáuregui sobre el programa presentado por Podemos. Adelanto que comparto con él la necesidad de distinguir entre la función política que cumple el programa y el contenido del mismo. Así como anticipo que también comparto su visión sobre lo primero (el uso político del programa). Pero me parece indispensable detenerse un poco sobre el contenido del programa, para no ojearlo con excesiva rapidez.

Y eso es precisamente lo que hace Fernando: apenas entra en el contenido y despacha el asunto con frases un tanto ligeras. Según él, la formación morada "es necesaria para contribuir a la regeneración política de un país desgastado por el uso y el abuso de poderes casi siempre alejados de la ciudadanía”. Vale decir, que la alternativa al anquilosamiento de los partidos tradicionales en Venezuela no es otra que el chavismo, o que la alternativa a los abusos de poder en Grecia no es otra que Syriza. Por esa misma lógica aquí es necesario Podemos. Pero hoy sabemos que eso es confundir el síntoma con el remedio. Definitivamente Jáuregui se hace cargo de la cultura política de baja calidad sin ni siquiera darse cuenta. Por eso puede agregar que, para gobernar, Podemos debería esperar a “repensar algunos puntos de su programa”. En todo caso, “sus propuestas son concretas, sólidas, tangibles…”. Claro, no pone ningún ejemplo al respecto, así que uno tiene que conformase con su generalización.

Detengámonos, pues, a examinar con alguna atención las propuestas del programa de Podemos. El documento, innecesariamente largo (luego veremos por qué) comienza con una introducción política sobre el sistema político español. Lo primero que salta a la vista es que no entienden cuál es la verdadera esencia de una Constitución. El concepto que se usa en el texto es el de ser un instrumento garante de una determinada orientación de políticas públicas. En pocas palabras, la Constitución debe ser garante del programa de izquierdas. Simplemente se les escapa que las constituciones son sobre todo concertación entre las distintas corrientes de pensamiento, las diferentes sensibilidades políticas. Precisamente a eso respondió la del 78, a un acuerdo entre la España conservadora y la España progresista. Y esas sensibilidades siguen empatadas todavía hoy. Desconocer la cultura conservadora en España es simplemente fratricida. Claro, desde esa visión excluyente es fácil imaginar una Constitución que garantice únicamente un programa de izquierdas.

Esta parte introductoria sigue luego con lo que consideran una corrección urgente de la estructura del Estado. Algo que repetirá también al final, de ahí que el documento se extienda en exceso. Volveremos sobre este asunto al final.

El programa entra a continuación en el campo económico, aunque más valdría decir en el terreno presupuestario. Porque respecto del modelo productivo sólo se dice que hay que cambiar el actual. Pero nunca se dice en qué consistiría ese cambio. Todo se resuelve acudiendo al socorrido recurso del I+D+I, sin decir qué líneas productivas conformarían el nuevo modelo. Sobre lo que realmente se extienden es sobre el equilibrio fiscal. Claro, para que puedan cuadrar las cifras acuden de inmediato al aumento de los impuestos, especialmente del IRPF y sobre las sociedades. De igual forma, tienen la esperanza de apoyarse en el crecimiento económico y en los réditos de la reducción del déficit. De esta forma optimista consiguen 96.000 millones de euros, que son exactamente los mismos que gastan.

Pero cuando se examina este capítulo (de gastos) se aprecia la “solidez” de la propuesta. En primer lugar, se dice que el Plan de Bienestar Social que proponen costaría 68.000 millones pero no se dice en qué se gastarían los 32.000 millones que faltan para llegar al total de los 96.000 millones. Además, las cantidades en los rubros del mencionado Plan son poco creíbles. Por ejemplo, se afirma que en los programas de protección social se gastarían 30.000 millones, pero luego no se especifican las partidas. Ahora bien, cuando se examinan las propuestas que aparecen en el siguiente apartado, referido a las políticas sociales, es fácil apreciar por qué no hay desglose del rubro previsto (30.000 millones). Simple y sencillamente porque el total de gastos es considerablemente superior (sobre todo si a ello se suma el gasto de la reforma de la justicia que proponen). Es decir, plantean hacer de todo, sin ponerle cifras a cada partida específica. Todo un ejemplo de propuestas tangibles. Para evitar tanta alegría me atrevería a recomendarles el trabajo de Holmes y Sunstein “El costo de los derechos” (hay traducción en Siglo XXI, 2015).

Esa ligereza se muestra también cuando proponen como una de las primeras medidas elevar el salario mínimo a 800 euros, desde los 655 previstos para el 2016. Nadie está contento con el actual salario mínimo, pero habría que saber el impacto de ese incremento del 22% sobre la carga salarial de buena parte de las PYMES. Por lo general, las alegrías cuestan caras, incluyendo un aumento del paro. La elevación del salario mínimo no debe hacerse por decreto, sino con mucho tiento.

Algo semejante sucede con los acuerdos sobre el déficit con la Unión Europea. Aunque se hayan apeado de las medidas más salvajes (no pago de la deuda, etc.) el desplante de Podemos sigue siendo formidable: “No se trata, por tanto, -dicen- de regatear con las autoridades europeas un (nuevo) aplazamien¬to para reducir el déficit al 3 % un año más tarde; de lo que se trata es de definir una nueva política presupuestaria que esté al servicio de los objetivos económicos incluidos en el proyecto de país que nos proponemos impulsar durante los próximos años”. Es decir, las autoridades europeas pueden decir lo que quieran, que nosotros haremos aquí lo que nos de la gana. Desde luego, comenzando por deshacer el cambio constitucional del artículo 135 (sin contar con el PP al parecer). En suma, incremento de los impuestos, laxitud en el control del gasto y conflicto con la UE. El olor a corralito se hace insoportable.

Sobre el capítulo que sigue acerca de la cuestión autonómica y territorial no merece la pena detenerse mucho. La conversión de España en un Estado plurinacional y la profusión de referendos hablan por sí mismos.

El programa se cierra repitiendo el apartado sobre “correcciones urgentes a la estructura del Estado”. Uno se pregunta cuál es la razón de esa repetición, que extiende innecesariamente la dimensión del texto. Pronto se entera de la causa: al concluir ese apartado aparece ahora una prolongada descripción de las competencias que debería tener la Vicepresidencia del Gobierno (la que pide Pablo Iglesias). No hay palabras. Le compete todo lo social y lo estratégico. Parece una traducción literal del papel que desempeña Álvaro García Linera en el gobierno de Bolivia. Tal vez porque Iglesias lo tiene como modelo.

La nota de Fernando Jáuregui da la sensación de que el programa que presenta Podemos es, en realidad, su programa mínimo. Menos mal. No me atrevo a imaginar cómo sería su programa máximo.

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