23 de agosto de 2019, 0:25:42
Nacional


El deshielo entre Gobierno y Generalitat, un espejismo: elevan el 'hacha de guerra' por la pobreza energética

Por Diariocrítico/EP

El Gobierno en funciones y la Generalitat han vuelto a sus crispadas posiciones después de que estas últimas semanas se escenificara cierto deshielo en las relaciones con las visitas del presidente catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, a La Moncloa. Este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado recurrir al Tribunal Constitucional la ley catalana contra la pobreza energética y ha solicitado además la suspensión de la norma mientras se resuelve el conflicto. Algo que


La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado el recurso, con el que no se atiende la petición que le hizo el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al del Gobierno, Mariano Rajoy, para que no presentara el recurso o si lo hacía, que no pidiera la suspensión.

La petición fue reiterada por el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, en el encuentro con la propioa Santamaría de este jueves. Un día después, la vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno sigue "exclusivamente" el criterio del Consejo de Estado, que la semana pasada informó sobre esta norma, y actúa como lo ha hecho con otras similares de varias comunidades autónomas. "No podemos aplicar un criterio político y no jurídico a estos asuntos", ha dicho.

Ha precisado sin embargo que el recurso no se dirige contra los artículos que prevén la actuación de la Generalitat contra la pobreza energética, sino cntra "aspectos procesales", como el procedimiento de mediación que recoge la ley, y "aspectos civiles" que afectan al derecho a la propiedad, "que tiene que ser igual para todos los españoles".

Sin embargo, desde la Generalitat ha reprochado al Gobierno que recurra parcialmente la ley de pobreza energética ante el TC, sobre todo porque también pide suspender parte de la norma, algo que considera una "decisión política". "Creo que la gente esperaba que el Gobierno no pidiera como mínimo el recurso suspensivo de una ley que es vital para poder atender a las personas más vulnerables", ha declarado tras la firma de un convenio, y después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría haya justificado el recurso como una decisión jurídica por las competencias.

Según Puigdemont, "han querido dejar a la intemperie a muchas familias vulnerables"; además, ha hecho hincapié en que la intención de que se suspenda parte de la ley no es técnica, sino política: para él, el Gobierno no recurriría si tuviera voluntad de dialogar y llegar a acuerdos.

Ha recordado que, en su reciente reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, le trasladó que, aunque cada uno deba defender sus competencias, las discrepancias no deben afectar a los más vulnerables: "Pues bien, el Gobierno español ha decidido que afecte a la gente más vulnerable".

"Que no hagan ver que han medio abierto la puerta porque la han cerrado del todo", ha dicho, y ha constatado que con el recurso queda anulada la parte más sustancial de la ley.

Por eso, catalán ha anunciado la convocatoria "inmediata" de la comisión promotora y de los grupos parlamentarios que impulsaron la ley --se aprobó en el Parlament por unanimidad-- para consensuar una reacción.

Con todo, ha llamado a la tranquilidad de las personas que confiaban en la ley y les ha recordado que el Govern comenzó hace semana y media a prepararse "para esto" tomando una serie de medidas.

"Tomaremos más. Quiero trasladar tranquilidad porque el Govern continuará aplicando las bondades de la ley", y ha garantizado que, si alguien necesita su vivienda y está en situación de vulnerabilidad, obtendrá una respuesta de la administración catalana, que no dejará a nadie desatendido.

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