18 de noviembre de 2019, 5:14:50
Nacional


Anticorrupción reclama una "pieza separada de responsabilidad pecuniaria" contra los imputados por los ERE

Por Diariocrítico/EP

El día después de que el hijo del ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, hiciera pública una carta defendiendo la "honestidad" de su padre, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que "que se abra pieza separada de responsabilidad pecuniaria" a cada uno de los 26 ex altos cargos de la Junta contra los que reclama la apertura de juicio oral. La Fiscalía también reclama que se interrogue a todos los encausados, incluidos Griñán y su antecesor, Manuel Chaves.


En el escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que para Chaves, solicita diez años de inhabilitación especial por un único presunto delito de prevaricación continuada.

Anticorrupción solicita en su escrito la apertura de juicio oral contra 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, además de Chaves y Griñán; el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías; la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez a cuenta de su papel como consejera de Economía y Hacienda; la también ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo; el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el también ex consejero de Empleo José Antonio Viera; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera como sus sucesores en dicho cargo; y los ex viceconsejeros de Empleo Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas, entre otros.

En cuanto al juicio oral, cuya apertura reclama, Anticorrupción solicita que se practique el "interrogatorio" de todos y cada uno de los 26 encausados, incluidos Chaves y Griñán. Del mismo modo, la Fiscalía interesa que comparezcan como testigos o "testigos-peritos" más de medio centenar de personas, entre ellas el presidente de la Fundación Unicaja Banco, Braulio Medel; la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa; José Antonio Ávila por su papel de jefe de los servicios jurídicos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); Antonio Diz-Lois, ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta; o el interventor delegado de Empleo Ramón Gutiérrez de la Chica.

Anticorrupción también pide en su escrito de acusación "que se abra a cada encausado pieza separada de responsabilidad pecuniaria". Todo ello, después haber solicitado en un fragmento anterior de su escrito, que los presuntos autores del delito de malversación respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales del programa 31L y 22E por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden en conjunto a 741,59 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a los expresidentes Chaves y Griñán, a los exconsejeros Zarrías, Viera, Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, a los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, a los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y al resto de los 26 ex altos cargos para los cuales se solicita la apertura de juicio oral.

En cuanto al delito continuado de malversación, atribuido a 18 de los 26 ex altos cargos, la Fiscalía pide ocho años de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por 20 años, para Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete Rolloso.

Por este mismo delito, solicita seis años de cárcel con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por 20 años, para Griñán, Carmen Martínez Aguayo, Justo Mañas, Daniel Alberto Rivera Gómez, Manuel Gómez Martínez y Antonio Valverde Ramos.

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