20 de agosto de 2019, 9:06:00
Nacional


Manuel Cobo, de espiado-investigado a dirigir la oficina anticorrupción del PP

Por Diariocrítico

El que fuera vicealcalde de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, -presuntamente espiado por los suyos y cuyo nombre acaba de aparecer en relación al caso Lezo- ha sido nombrado presidente de la nueva oficina anticorrupción del PP.


Manuel Cobo ha sido escogido como presidente de la nueva Oficina del Cargo Popular, un órgano interno creado para prevenir y perseguir la corrupción.

El Comité Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ha seleccionado al que fuese ex número dos de Alberto Ruiz Gallardón, presuntamente espiado por funcionarios y guardias civiles entre los años 2008 y 2009. Un caso que ha sido recientemente enviado a juicio tras diversos vaivenes en el tramo de instrucción. Cobo siempre mantuvo sus sospechas de que la orden de su investigación procedía de algún cargo del PP de Madrid.

Pero no es el único caso judicial en el que aparece su nombre. La semana pasada, 'El Confidencial' informó de que la Audiencia Nacional solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identificara a los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid –entre los que se encontraba Cobo- que a finales del 2001 autorizaron la primera incursión del Canal de Isabel II en Suramérica con la compra de Inassa. Eso es, los cimientos del caso Lezo que han dado con el ex presidente regional Ignacio González en la cárcel.

Junto a Cobo, trabajarán en la Oficina del Cargo Popular: Andrés Ayala y Beatriz Rodríguez Salmones. Las principales funciones de la Oficina del Cargo Popular serán supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP; aprobar el formulario homologado del resumen de la Declaración de IRPF y de Patrimonio; gestionar los registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los cargos; velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades; y dar cuenta al Comité de Derechos y Garantías de cualquier anomalía o irregularidad que pudiera detectar en el desarrollo de sus funciones.

Además, para poder cumplir con sus funciones, los miembros de la Oficina del Cargo Popular podrán solicitar en todo momento la comparecencia de cualquier cargo.

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