27 de mayo de 2020, 17:45:35
Nacional


El sector del taxi, insatisfecho con el apoyo del Gobierno frente a Uber y Cabify



El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FTPM) y de la Confederación de Taxistas Autónomos de España (CTAE), Julio Sanz, considera insuficientes las medidas anunciadas este miércoles por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para controlar supuestamente a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), tipos de licencias utilizadas por empresas como Uber y Cabify.

Según el presidente de la FPTM y CTAE, las soluciones propuestas por el titular de Fomento son “poco claras” ya que “se ha limitado a anunciar futuras medidas legislativas sujetas a la libre interpretación de las Comunidades Autónomas, sin proponer acciones concretas para controlar que no se supere la proporción de una VTC por cada 30 taxis, ni explicar qué se va a hacer con las VTCs que sobran actualmente”.

Sanz asegura que esta nueva normativa supondrá únicamente un nuevo error legislativo, como los que se han ido sucediendo en los últimos años, y que han estado siendo aprovechado por las grandes compañías que controlan las flotas de VTCs para intentar sustituir poco a poco un servicio público de transporte de viajeros que garantiza los derechos a consumidores y empleados.

Por este motivo, la Federación Profesional del Taxi de Madrid y la Confederación de Taxistas Autónomos de España solicitan que se cubra el vacío legal existente a nivel estatal, reconocido por el propio Ministerio, y que hace que la proporcionalidad 1/30 no se cumpla a día de hoy.

Asimismo, exigen que se frene la concesión de licencias VTCs solicitadas con posterioridad a 2013 tal y como establece la modificación de la ley de 2013 y que a día de hoy se siguen concediendo por los tribunales.

Que se frenen de manera efectiva los fines especulativos de la concesión de licencias VTCs y que se establezcan medidas específicas para evitar que las VTCs circulen en busca de clientes, sino que tengan que esperar en la sede de su empresa a que un cliente les solicite un servicio, tal y como establece la ley.

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