27 de octubre de 2020, 20:17:59
Nacional


Hacienda da la vuelta a la tortilla: interpreta que el Constitucional avala su 'amnistía fiscal'

> Sólo aprecia una discrepancia sobre la forma en que se tramitaron las regularizaciones

Por Diariocrítico

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la 'amnistía fiscal' aprobada por el Gobierno en 2012. Pese al duro revés jurídico, desde Hacienda prefieren ver la botella medio llena y negar que la polémica medida tributaria haya sido anulada. Es más, el número dos del ministro Cristóbal Montoro sostiene que el Constitucional ha avalado la norma fiscal aprobada por el ejecutivo.


La norma "ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos" y lo ha hecho en unos términos “prohibidos”, señala la sentencia del Tribunal Constitucional.

El alto tribunal insiste en que la necesidad de ajustar el déficit público no puede servir de excusa para "afectar al cumplimiento de un deber de los previstos en el Título I de la Constitución", y que la norma supone "la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".

La 'amnistía fiscal' legitima "como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”", critica el tribunal.

Pese a la dureza con la que está redactada la sentencia, el Gobierno sigue defendiendo que la norma no ha sido anulada -el Tribunal Constitucional niega retroactividad a la nulidad del real decreto amparándose en el principio de seguridad jurídica- y prefiere destacar las críticas que la Justicia dedica a la forma escogida para aprobar la regulación fiscal: el 'decretazo'.

El Constitucional considera la disposición declarada inconstitucional y nula por vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución que prohíbe el uso del decreto-ley en medidas que afecten sustancialmente a los artículos del Título I como es el caso del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

En este sentido, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha sostenido hoy que el Tribunal Constitucional sí avala la regularización fiscal de Cristóbal Montoro y que únicamente aprecia una discrepancia en cuanto al instrumento normativo empleado.

"Incide en el instrumento normativo empleado y deja plena constancia del aval de las regularizaciones", insistió ante la prensa, tal y como recogió EFE. "El Tribunal Constitucional pone en valor que no tiene ningún tipo de consecuencia y no discute las regularizaciones", añadió Fernández de Moya.

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